Busti pidió a Gualeguaychú que la protesta no vulnere derechos

Fallo "favorece acceso a créditos"

Bisogno dejó en claro que aún no está definido que el organismo internacional conceda estos créditos en el mes de octubre.

El representante nacional ante el Banco Mundial aclaró que él no envió ningún informe al ministro Danilo Astori, y que sus dichos -tomados por algunos medios- apuntaban a que el fallo positivo para Uruguay emitido por el Tribunal de La Haya libera al país de un potencial problema si el fallo hubiese sido negativo.

«No existe ningún compromiso de la corporación financiera internacional de otorgar estos créditos; lo que sí existe es un proceso de análisis de ambos proyectos, que estaría finalizando en el mes de setiembre, de allí la confusión que circuló en nuestro país», afirmó.

Bisogno dijo que básicamente el Banco está finalizando el estudio de impacto ambiental combinado de ambas plantas y su incidencia transfronteriza, estudio que finalizaría a fines de setiembre. Fecha a partir de la cual la corporación financiera internacional adoptaría una decisión final.

Por otra parte, el representante uruguayo dijo que el planteo del gobierno argentino de solicitarle al Banco Mundial que no conceda estos créditos por un presunto daño ambiental, no incidirá en la resolución que finalmente adopte este organismo internacional de crédito, ya que el proceso está muy adelantado.

 

«Negociación serena»

En tanto, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, entrevistado en Radio 10 de Argentina, dijo que el gobierno «siempre confió» en que la Corte de La Haya resolvería a su favor y que Uruguay «asume la responsabilidad» de «desmantelar» las papeleras en caso que contaminen.

En sus declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP, Arana llamó «al diálogo y a la negociación serena» para resolver las diferencias existentes entre Uruguay y Argentina por la instalación de las plantas de Botnia y ENCE en Fray Bentos. Consultado sobre el llamado del presidente argentino Néstor Kirchner para que los grupos financieros no inviertan en los citados emprendimientos, el secretario de Estado respondió: «No voy a hacer consideraciones que ni siquiera corresponden a mi cartera respecto a las opiniones y acciones que pueda tener o promover Kirchner en su libre ejercicio de la democracia».

Para Arana, la negociación entre ambos gobiernos debería hacerse «lejos de apasionamientos y consignas que son producto, a veces, de gente que con muy buena voluntad pero sin el conocimiento suficiente que es capaz de generar una alarma pública».

 

Busti pide no cortar rutas

Por su parte, el gobernador entrerriano, Jorge Busti, pidió ayer a los asambleístas de Gualeguaychú que las movilizaciones en contra de la construcción de las plantas de celulosa no vulneren derechos de terceros que «puedan debilitar jurídicamente» al país en el reclamo internacional.

«La movilización es inevitable, pero pedimos la reflexión porque tenemos que contestar una demanda (de Uruguay) antes del 27 de julio ante el tribunal del Mercosur por daños por los cortes de ruta y además tenemos que seguir el juicio principal» en la Corte Internacional de La Haya, recordó Busti.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador de Entre Ríos destacó que «es buena la movilización y la concientización», pero en ese marco pidió que se realicen «sin vulnerar derechos a terceros que nos puedan debilitar jurídicamente».

Busti enfatizó que «tenemos que acatar el fallo» del Tribunal Internacional que rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Argentina para que se detengan las construcciones de las pasteras.

Señaló que la resolución «deja luces verdes como para tratar de cuestionar la localización de las plantas, hacer responsable al Uruguay de lo que pase de aquí en adelante y tenemos señal de aviso para los inversores».

«En el campo del derecho creemos que se puede hacer mucho», enfatizó Busti y consideró que según los plazos establecidos por la Corte «a fines del año que viene habría una sentencia definitiva».

Busti insistió en que Argentina «tiene absoluta razón de que esto perjudica al medio ambiente, al río y al ecosistema y que la única manera de que esto se puede salvar es con la relocalización de las plantas». *

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