Dura crítica al "lobby" de ABU durante discusión presupuestal

El asunto ya había sido discutido en 1998, cuando el gobierno de Julio María Sanguinetti intentó que dichos depósitos también pudieran realizarse en la banca privada. En aquel entonces, Bensión presidía la ABU y la iniciativa no prosperó, debido a la oposición (entre otros) del Directorio del Banco República.

Durante el acalorado debate entre los integrantes del equipo económico de gobierno y los de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que duró casi nueve horas, el diputado del Encuentro Progresista Doreen Ibarra planteó el pasado viernes su preocupación por la redacción del artículo 36 del Presupuesto Nacional (PN).

En su intervención, de más de una hora, Ibarra realizó un «ataque directo al lobby de la Asociación de Bancos», que según el legislador provocó que en el artículo 36 del PN, referido a los fondos de libre disponibilidad, se dispusiera que «los ingresos que perciban los órganos y organismos comprendidos en el PN por todo concepto se depositarán en cuenta del Tesoro Nacional en el sistema bancario».

Luego de recordar que el actual ministro de Economía presidió la ABU hasta el año pasado, el legislador frenteamplista aludió al decreto 395/998, del gobierno encabezado por Julio María Sanguinetti, que habilitaba a los organismos del PN a depositar sus ingresos en instituciones financieras estatales o no estatales, violando las leyes 14.867, 15.322, 15.903 y 16.736.

«En aquel momento, hubo un gran lobby de la ABU», recordó Ibarra, quien realizó un pedido de informes sobre el asunto, mientras, simultáneamente, el Directorio del BROU manifestaba su oposición a la medida. «Eso significó que en junio de 1999 el gabinete modificara esa situación y eliminara el decreto, volviendo a que los depósitos de los organismos del PN sólo podían realizarse en instituciones financieras estatales», comentó el parlamentario.

«Con esa aparición, muy escondidita en el artículo 36, se modificaba la ley de nuevo», alertó Ibarra, e insistió con el tema de la influencia de «nuevos lobbys de la ABU».

Al finalizar la exposición de Ibarra, el ministro Bensión admitió que «se cometió un error de redacción», y que lo que debería haber dicho en el artículo 36 era «sistema bancario estatal». Finalmente, el tema será laudado en la comisión parlamentaria, que resolverá la nueva redacción del artículo. Ibarra consideró que la de Bensión, al reconocer «el error», fue una actitud «ética».

El depósito de los organismos estatales en bancos privados hubiera representado una importante descapitalización de la banca pública, en momentos que el líder nacionalista, Luis Alberto Lacalle, impulsa la polémica idea de vender Ancel (la telefonía celular de Antel) para dotar de fondos frescos al Banco República.

Menos inversión

En la primera discusión con el equipo económico sobre la inversión pública durante el quinquenio 2000-04, también se planteó una discrepancia entre la bancada del Encuentro Progresista y Davrieux.

Para Ibarra, en dicho período bajará la inversión en un 11,2 por ciento, que equivale a unos 350 millones de dólares, según estimaciones realizadas con base en el informe presupuestal oficial.

El gobierno realiza una presentación con anexos, con inversiones anuales y luego presenta el total, «pero en forma increíble», según Ibarra, aparece en el artículo 375 que «se reducen los créditos autorizados para inversión respecto de topes establecidos», por lo que «todos los incisos del Presupuesto Nacional reducirán un 5 por ciento los créditos presupuestales de inversión en 2001 y un 9 por ciento en 2002″.

Ibarra planteó por ello su discrepancia por el hecho de que se informen ciertos números de inversión pública y luego se los reduzca a través de otra disposición presupuestal.

«Eso es una prerrogativa del Poder Ejecutivo», dijo Davrieux, en una respuesta primaria, aunque el tema se va a tratar el 18 de agosto, cuando vuelva todo el equipo económico al Palacio Legislativo.

Esta disposición gubernamental, explicó el diputado frentista, significará que la inversión en el Ministerio de Salud Pública disminuya a lo largo del quinquenio en 27 millones de dólares, la del Ministerio de Vivienda 56 millones de dólares (lo que equivale a que, por ejemplo, se dejen de construir 2.430 Núcleos Básicos Evolutivos para el quinquenio), el Ministerio de Transporte 92 millones de dólares, y el Ministerio de Turismo verá reducido su inversión en un 28,4 por ciento durante los próximos cinco años.

«En conjunto –calculó Ibarra– la ANEP, la Universidad de la República, el Iname, y los ministerios de Vivienda, Educación, y Salud Pública, verán reducida su inversión en un 18 por ciento en el próximo quinquenio».

Colonización

Por otro lado, Ibarra manifestó su oposición al contenido del artículo 139, relativo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que deroga el artículo 35 de la ley 11.020, de 1948, que creó el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Además de eliminar el INC, deroga la disposición que establece que «todo propietario colono o en general que quiera vender un campo, superior a mil hectáreas, le tiene que dar la preferencia al INC».

«Esto quiere decir –valoró Ibarra– que el INC ya no tiene ningún tipo de prerrogativa para comprar campos para colonos y aspirantes a colonos», lo que afectará a los actuales beneficiarios del instituto.

Por otro lado, «el Poder Ejecutivo está autorizando a vender tierras que tiene el INC para absorver su presupuesto mensual y anual.

Eso es un disparate, cuando los productores están pidiendo que no se venda para conservar su patrimonio».