Para Argentina, la "lucha continúa"

El presidente Néstor Kirchner se llamó a silencio. Su señora, la senadora y primera dama argentina Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dejaron sin efecto la visita a Montevideo que tenían agendada para ayer. Ambos tenían agendado participar en un seminario sobre el Mercosur, pero prefirieron evitar su presencia en Uruguay el mismo día en que se conocía el fallo del Tribunal de La Haya.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de Argentina, Romina Picolotti dijo, que una vez agotada esta instancia en La Haya, la estrategia será económica. La novel integrante del Ejecutivo de la vecina orilla explicó que intentarán impedir que se concrete el financiamiento a las empresas Botnia y Ence.

No se descarta la utilización nuevamente de los piquetes por parte de activistas de Gualeguaychú, para impedir el paso de vehículos a través de los puentes internacionales. En tal sentido, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti adelantó que respetará el fallo de La Haya pero no reprimirá a ambientalistas. Admitió que frente a un veredicto contrario a los intereses argentinos, «no saldrá a reprimir al pueblo» que decida volver con los cortes de rutas.

La cancillería argentina, emitió un comunicado, una vez conocido el fallo del Tribunal de La Haya, en la que expresó su satisfacción por el resultado del dictamen, a pesar de que los jueces rechazaron la demanda planteada.

Rescataron del fallo, las condiciones establecidas por el cuerpo de magistrados en la que dispone el desmantelamiento de las fábricas si, durante la sustanciación del caso, se demostrara que causan un daño irreparable al ecosistema, informó la nota oficial. Aclara que la decisión de la Corte no prejuzga sobre el fondo de la controversia bilateral, es decir, la violación del Estatuto del río Uruguay por parte de la República Oriental. Según el texto, la Cancillería también recoge la invitación del máximo tribunal de la ONU a presentar una nueva solicitud de suspensión de las obras, en caso de constatarse que las condiciones de riesgo para dicho río así lo justifican.

Por último, la Casa Rosada (sede ejecutiva) advirtió que «no cejará en sus esfuerzos por asegurar que las obras proyectadas no afecten los intereses nacionales, en especial la salud y el bienestar de las comunidades situadas sobre la margen del río.

Desde el teatro de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, la secretaria de Medio Ambiente de la administración de Néstor Kirchner, Romina Picolotti, emitió ayer un primer pronunciamiento sobre el dictamen de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (CIJ). Tras conocer el dictamen sentenció: «la lucha continúa». Fracasada la instancia de conseguir detener las obras de las empresas Botnia y Ence, Picolotti planteó otra vía para impedir la construcción de las pasteras, y dirigió su propuesta a la detención del financiamiento económico a las empresas constructoras de las plantas. Consideró esencial que Uruguay no otorgue nuevos permisos ambientales para emprendimientos similares a los del departamento de Río Negro.

Las autoridades provinciales, tanto el gobernador Busti, como el vicegobernador Guastavino, manifestaron expresamente que no impedirán los cortes de rutas, en el caso que la Asamblea Ciudadana así lo resuelva. Ambos jerarcas, dieron un mensaje para continuar la lucha contra las pasteras, pero en el caso del gobernador, hizo un llamado a los vecinos para «actuar de manera reflexiva».

Previno a la población que si se instrumentan nuevos cortes de rutas, dicha acción podría ir contra los intereses del gobierno argentino, que pretende demostrar que Uruguay violó el tratado del río Uruguay ante el Tribunal de La Haya. Argentina quiere salir airosa de la denuncia efectuada por el gobierno uruguayo en el Tribunal del Mercosur a raíz de las consecuencias de los cortes de rutas. Y tiene hasta el 27 de julio para contestar la demanda que Uruguay presentó ante el Tribunal de Controversias del Mercosur por los supuestos daños económicos, estimados extraoficialmente en U$S 400 millones, por las medidas adoptadas por los asambleístas de Entre Ríos.

Los activistas de Gualegaychú advierten que «es el gobierno quien negocia», y que la Asamblea Ambiental Ciudadana siempre se ha mantenido independiente, tomando sus propias decisiones.

El encargado de Asuntos Ambientales de Cancillería, Estrada Oyuela, dijo que el Tribunal Internacional de La Haya entendió que, hasta lo que ha hecho Uruguay, es decir, la remoción de la tierra, no contamina. Lo que no se otorgó es la medida provisional solicitada por el Gobierno argentino.

«Tenemos criterios diferentes, nosotros buscamos una solución más amigable. Ahora seguimos en el proceso de fondo, y esperamos que se resuelva en un corto plazo», dijo el jerarca argentino.

De este lado del río, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf aclaró que en este momento le preocupa la opinión que tiene el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, de que acompañará a la población, en sus reclamos y que se debe continuar luchando contra la instalación de las plantas. El jefe comunal uruguayo dijo que se trata de un hecho grave en boca de un gobernante (ver página 3).

Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace Cono Sur, Juan Carlos Villalonga afirmó que el de ayer fue «un resultado absolutamente esperable». Agregó que «únicamente podemos arribar a la solución a través del diálogo entre Uruguay y Argentina». *