El juez argentino anuló indultos a militares uruguayos vinculados a Automotores Orletti

La medida abarca a cuatro de los seis militares uruguayos requeridos por la Justicia argentina José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y el fallecido, comisario Hugo Campos Hermida, que fueron absueltos por la Justicia argentina, un día después que, aquí en Uruguay, se aprobara la Ley de Caducidad.

Según publicó ayer martes, el diario argentino Página/12, el juez Montenegro argumenta que «la cuestión ahora resulta abstracta tal como fue planteada inicialmente, porque el indulto de un delito permanente, como la desaparición forzada de personas, no produce su efecto respecto del indultado si, luego de la fecha del decreto del indulto, el delito se sigue cometiendo porque las víctimas no aparecen».

El juez argentino, que en agosto del año pasado dictó prisión preventiva a 18 represores argentinos, es responsable del pedido de extradición que recae sobre los oficiales retirados Ernesto Rama, José Nino Gavazzo, Jorge «Pajarito» Silveira, el ex capitán del Ejército (dado de baja) José Ricardo Arab, y el ex policía Ricardo Medina, vinculados, entre otras cosas, al secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman.

Según informa la mencionada publicación, «el año pasado el juez federal Norberto Oyarbide había exhortado a sus pares en Uruguay para que se los extradite. En 2001, otro juez argentino, Rodolfo Canicoba Corral había hecho la misma solicitud que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de Uruguay».

Agrega que en 1985 «fue el juez argentino Néstor Blondi el primero en pedir la extradición de algunos militares uruguayos, su pedido fue cajoneado en Montevideo por un año, hasta que en el 86 se votó una ley para invalidar las acciones penales, simultánea a la ley de Punto Final. Diez años después, en setiembre de 1996, el capitán de navío Jorge Tróccoli admitía haber participado como delegado de Inteligencia uruguaya en la ESMA. «La guerrilla, en esos años, pasó a ser un enemigo común (con Argentina)  había dicho Tróccoli  entonces, ambas fuerzas armadas también teníamos que coordinar las acciones». Los represores, al parecer, han tenido menos problemas para actuar conjuntamente que los jueces. No es un dato menor que de los 164 uruguayos desaparecidos, 127 de ellos estaban en Argentina».

Detalla luego que el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti «preocupado por esta situación», pidió a su colega Menem que incluyera en los indultos a los militares investigados por el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

El abogado de Gelman, en nuestro país, el doctor José Luis González, expuso a LA REPUBLICA que, tradicionalmente, la nulidad de una ley es determinada por el Poder Legislativo, pero en este caso hay que remitirse a la invalidación en Argentina de la Ley de Punto Final (Ley 23.492), donde se hizo lugar a los principios del derecho internacional.

El abogado especificó que una ley de rango inferior, cuando coliciona, es decir, se contradice a otra, se da prioridad al tratado internacional. Es en tal sentido que el juez Montenegro fundamenta que el indulto de un delito permanente, como la desaparición forzada de personas, no produce su efecto respecto del indultado si, luego de la fecha del decreto del indulto, el delito se sigue cometiendo porque las víctimas no aparecen.

El doctor Walter de León, abogado denunciante en el expediente por asesinato y desaparición forzada, que acusa al ex presidente de la dictadura Juan María Bordaberry, y a su ex canciller, Juan Carlos Blanco, se refirió igualmente a la caída de la Ley de Punto Final, iniciada por el juez federal Gabriel Cabalo, en el 2001.

De León explicó que aquella ley, el indulto fue para los militares que tenían causa abierta.

De todas maneras sostiene que un indulto no es algo permanente. A propósito recordó que el ex presidente de la dictadura argentina Jorge Rafael Videla fue indultado por algunas causas, pero lo volvieron a procesar por otras. *