Denuncia al Citibank, BCU y a jueza ante la Corte de DDHH

Ana María Becavach, una uruguaya cuya empresa se fundió en 2001, cuando por una errónea denuncia del Citibank el Banco Central del Uruguay (BCU) le suspendió sus cuentas bancarias, denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Becavach, patrocinada por la catedrática universitaria Mirtha Zunino, envió su caso a la CIDH el pasado 13 de junio en una carta en la que plantea que ha existido una violación de normas internacionales sobre «valores democráticos y transparencia del Estado Uruguayo», como una «violación a la equidad e igualdad de género».

En su pedido de «ayuda» al organismo interamericano, Becavach narra la odisea sufrida desde el año 2001 cuando luego de quebrar su empresa por una falsa acusación de libramiento de cheques sin fondos, inició un juicio al Citibank pero no logró ganar el pleito porque el Estado omitió presentar pruebas en su defensa.

La empresaria explica que el Banco Central del Uruguay ocultó información al juzgado que indagaba las responsabilidades del Citibank en su quiebra, ya que el propio BCU había cometido irregularidades al permitir que la institución bancaria operara con libretas de cheques que violaban la legislación vigente.

 

Presiones y poderes

Entre las pruebas ante la CIDH, Becavach incluye una serie de cartas enviadas en 2005 al presidente Tabaré Vázquez, quien derivó el tema al ministro de Economía, Danilo Astori, quien lo trasladó al presidente del BCU, Walter Cancela, quien lo remitió a Fernando Barrán titular de la superintendencia del Sistema Financiero.

En la denuncia se subraya que el hoy director de esa dependencia del BCU, donde se controla el cumplimiento de las normas en el sistema de financiero y a cuyas manos el nuevo gobierno trasladó la responsabilidad de responder en su causa, era la persona que tres años antes debía haber sancionado el error del Citibank.

La abogada Zunino, cofirmante de la denuncia, también recuerda que el caso fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Uruguay, pero el caso no derivó en ningún trámite y, por el contrario, la versión taquigráfica de sus denuncias fueron rotuladas como «secreto».

Entre las presiones y poderes que Becavach debió enfrentar en su causa judicial, se incluye la desaparición de pruebas dentro del juzgado civil a cargo de la jueza Lilian Morales Larrosa, quien durante el proceso judicial en el que se pronunció contra la demandante mantenía un crédito bancario en el propio Citibank.

 

Una denuncia penal

Becavach y la abogada Zunino consideran que por esa relación comercial, la jueza Morales Larrosa debió recusarse de actuar en el caso, ya que tenía un nexo con el demandado, el Citibank, el cual, a su vez, sabía que la magistrado era su cliente desde 1998 y no dejó de serlo hasta el 2004.

Esta situación es uno de muchos elementos que Becavach tiene como argumentos en un juicio que inició ante la Justicia penal por entender que las chequeras ilegales del Citibank, como las implicancias del funcionario del BCU, como de la jueza civil, pueden implicar delitos penales.

La causa penal fue presentada ante juez penal de 19º turno, Luis Charles, quien al saber que había un juicio civil en trámite decidió archivar el caso y después dar conocimiento a la representante del Ministerio Público, la fiscal Dora Domenech, quien no tuvo entonces oportunidad de actuar.

La denuncia de Becavach ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos fue recibida por la especialista principal Christina Cerna, quien confirmó el inicio del tratamiento del caso que puede derivar a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. *