Descalifican el recurso presentado por nueve generales y seis oficiales para ser amparados por Ley de Caducidad

Abogados coinciden en que no es posible la solicitud presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por 9 generales y 6 oficiales para que los casos de la desaparición de María Claudia García de Gelman y los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz queden amparados por la Ley de Caducidad. Los doctores José Korzeniak, Walter De León, José Luis González y Guillermo Paysée cuestionan la procedencia del recurso de los represores que tuvo el patrocinio del ex vicepresidente del República, Dr. Gonzalo Aguirre. En el escrito se pide al TCA que declare la nulidad de los actos administrativos por los cuales el presidente Tabaré Vázquez comunicó a la Suprema Corte de Justicia que dichos casos quedaban expresamente excluidos de la Ley de Caducidad.

El jurista y senador socialista, José Korzeniak, dijo ayer a LA REPUBLICA que la decisión del Poder Ejecutivo de excluir de la Ley de Caducidad a los mandos militares «no lesiona el artículo 309 de la Constitución porque no se trata de una desviación de poder, ni tampoco de una acción contraria a una regla de Derecho».

Por tanto, Korzeniak opinó: «Yo creo que el Poder Ejecutivo interpretó correctamente la ley porque los mandos no están amparados por la Ley de Caducidad». En tal sentido, Korzeniak vaticinó que los abogados de los ex militares, que presentaron el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), «van a perder el juicio porque la decisión del Poder Ejecutivo no viola ninguna regla de Derecho».

Korzeniak agregó que «el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no tiene efectos suspensivos». El senador explicó que «si un juez penal comparte la interpretación del Poder Ejecutivo (que los mandos están excluidos de la Ley de Caducidad), no tiene por qué quedarse esperando a ver qué va a decir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo» y eventualmente se podría procesar a los ex militares involucrados en los casos de violaciones a los DDHH. Walter De León, uno de los abogados denunciantes en la causa que acusa a Juan María Bordaberry de atentar contra la Constitución, sostiene que esta denuncia no va a prosperar porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) «trata sobre los actos administrativos, pero éste es un acto de gobierno o un acto político, y por lo tanto fuera de la jurisdicción del TCA».

Agregó que «cada gobierno decide, como tantos otros actos, de acuerdo a su real entender. No es una resolución administrativa de una jerarquía de un organismo que tiene todas las posibilidades de recursos hasta la vía de lo Contencioso».

Para De León este es el mismo caso que ocurrió con el abogado José Luis González en el caso de María Claudia García de Gelman, ya que presentó un recurso para excluir el caso e investigarlo, y el TCA le respondió que no, que eso era un acto político. A propósito, José Luis González se refirió a su caso cuando presentó al gobierno de Jorge Batlle, quien mantuvo la inclusión del caso Gelman dentro de la Ley de Caducidad, y «fue rechazado porque el Poder Ejecutivo consideró que era un acto de gobierno y por lo tanto no impugnable, es decir, no era posible un recurso de apelación».

Guillermo Paysée, abogado del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) explicó que «el artículo 309 de la Constitución permite que el TCA entiende en demandas de nulidad, actos administrativos definitivos, entonces habría que ver si la decisión del Presidente es un acto administrativo, y/o pasible de algún recurso de reposición contrarios a una regla de Derecho con desviación de poder». Puntualizó que lo más grave, en este caso, es que pretenderían que los casos de la nuera de Gelman y de Michelini y Gutiérrez Ruiz queden excluidos de la Ley de Caducidad, y por lo tanto no se pueda investigar a los autores de los homicidios y secuestros, lo cual obviamente es una situación bastante particular, ya sea porque se encuentren involucrados y teman ser juzgados en el carácter de mandos». *