Los mandos no están amparados por Ley de Caducidad en muertes de Ramos y Hugo de los Santos

El Poder Ejecutivo confirmó a la Suprema Corte de Justicia que los mandos militares y policiales de la dictadura no están amparados con la Ley de Caducidad en los casos de Hugo Leonardo de los Santos y Horacio Ramos, muertos en centros de represión durante el régimen de facto.

La decisión había sido adelantada el jueves por el propio presidente Tabaré Vázquez durante una entrevista con la periodista Sonia Breccia en el programa Primera Voz de 1410 AM LIBRE, donde anunció que ese día evacuaría una consulta del Poder Judicial respecto al desamparo de los mandos.

Las denuncias sobre la muerte del estudiante de Agronomía Hugo Leonardo de los Santos, asesinado en el Regimiento 9º de Caballería en 1973, y del tupamaro Horacio Ramos, «suicidado» en el Penal de Libertad en 1982, fueron presentadas a fines de mayo ante el juez penal de 3er. Turno Sergio Torres.

Torres elevó la consulta al Poder Ejecutivo, según el artículo 4º de la Ley 15.848, para conocer si ambos casos estaban comprendidos o no en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado y la respuesta del gobierno le habilita ahora a iniciar las actuaciones sobre ambos crímenes.

Los casos son patrocinados por un grupo de abogados defensores de los derechos humanos, quienes también presentaron a la Justicia otros cuatro casos de uruguayos detenidos en Argentina quienes habrían desaparecido en Uruguay luego de su traslado en el llamado «segundo vuelo de Orletti».

La causa «segundo vuelo» recayó en el Juzgado Penal de 9º Turno, a cargo de la jueza Gabriela Merialdo, quien derivó las denuncia sobre la desaparición en 1976 de Ary Cabrera, Juan Pablo Errandonea, María Emilia Islas de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno, al estudio de la fiscal María del Huerto Martínez.

 

El asesinato de Leonardo

El 1º de setiembre de 1973, a sólo dos meses del golpe de Estado de Juan María Bordaberry, el estudiante de Agronomía Hugo Leonardo De los Santos, de sólo 21 años, fue detenido por las Fuerzas Conjuntas. Tres días después, su cuerpo torturado fue entregado en cajón cerrado a su familia en Rocha.

La autopsia de aquel joven cadáver había sido hecha por el médico militar José Mautone, quien en su confuso certificado de defunción suscribió que De los Santos había muerto por un «edema agudo de pulmón». Una segunda autopsia terminó demostrando que había muerto de un golpe en la cabeza.

La indignación de aquella familia que no había acatado las órdenes militares de mantener el féretro cerrado, llevó al propio general Alfonso Feola, entonces interventor de la Intendencia Municipal de Rocha a concurrir al velorio de quien todo el pueblo decía que había sido asesinado.

Feola no quería aceptar que miembros de las Fuerzas Armadas pudieran haberlo matado, hasta que la familia De los Santos le dejó ver personalmente los hematomas que el joven mostraba en todo el cuerpo. El militar terminó por admitir: «Los muchachos se pasaron…».

Hugo De los Santos había sido asesinado en el Regimiento 9 de Caballería. La verdad sobre su muerte fue tapada por una contienda de competencias entre el Juzgado Penal de Rocha y el juzgado militar de 4º Turno. Intervino el fiscal Fernando Bayardo Bengoa, y el caso fue archivado en la Justicia Civil.

La muerte fue denunciada a nivel internacional y existe una condena a Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Luego de la reinstitucionalización del país, el caso se replanteó en la Justicia, pero el presidente Julio María Sanguinetti lo amparó en la Ley de Caducidad.

 

Horacio Ramos: «Lo suicidaron»

Horacio Ramos era un militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Había sido bancario y pertenecía a la Columna 10 del grupo guerrillero. Fue detenido y procesado en el año 1973 por la justicia militar de la dictadura, que lo encarceló en el Penal de Libertad.

Durante nueve años permaneció preso en el 2º Piso de aquella cárcel de máxima seguridad de la dictadura, y cuando ya comenzaba a sentirse la caída del régimen dictatorial, fue muerto en un sospechoso incidente que hasta la fecha no había sido denunciado a nivel judicial.

Por hacer una broma mientras repartía cubiertos y comida a los presos de su sector, fue sancionado por sus carceleros y trasladado a la tenebrosa «isla», como era conocido el solitario adjunto a los bloques de celdarios de la prisión ubicada en la localidad de Libertad.

Ramos recibía visitas anuales de sus hijos Patricia y Sebastián, que vivían junto a su madre, exiliados en Argentina. Cuando se produjo su sospechosa muerte, solo faltaban dos semanas para que sus hijos lo visitaran. Incluso, había hecho una serie de manualidades para regalarles.

La muerte de Ramos sorprendió a todos sus compañeros de prisión. La versión oficial fue que «el gorila», como le decían, se había suicidado. Sin embargo, varios elementos hacen sospechar que pudo ser asesinado, al ser sometido a un castigo físico de sofocamiento con una cuerda.

Compañeros del pabellón penitenciario subrayan que existía un mala relación con el carcelero que le aplicó aquella sanción, quien mientras Ramos estaba en la isla, fue a buscar a su celda una faja que él utilizaba como cinturón. Con esa faja fue que aparecería luego ahorcado en su celdario. *