Investigación ministerial "a fondo" no encontró "indicios" que lo comprometan con la dictadura

Arisbel Rocha aparecía en un listado de funcionarios diplomáticos de la dictadura que desarchivó la Cancillería. El documento había sido incorporado por el sobreviviente de Orletti Sergio López Burgos, en la causa que instruye el juez federal argentino Daniel Rafecas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, dijo ayer que el actual cónsul uruguayo en Gualeguaychú, Arisbel Arocha, no será removido de su cargo porque no hay pruebas que lo comprometan con la dictadura en la represión de uruguayos en Buenos Aires.

Previo a su designación en Gualeguaychú, la Cancillería realizó una investigación «a fondo» sobre el diplomático y, según fuentes de dicha cartera, «no se encontraron indicios» de un accionar irregular de este funcionario cuando desempeñó funciones consulares en Buenos Aires.

Arisbel Arocha fue denunciado como el cónsul de la dictadura uruguaya en Buenos Aires en 1976, durante la más dura represión a los exiliados en Argentina, en el testimonio que el sobreviviente del centro de torturas Automotores Orletti Sergio López Burgos dio a la Justicia del vecino país.

López Burgos declaró en noviembre del año pasado en el juzgado federal de 3er. Turno, en el que el juez Daniel Rafecas instruye la causa «Primer Cuerpo de Ejército» donde se indaga la represión de las dictaduras en los distintos «pozos» que funcionaban en Buenos Aires, uno de ellos el de Orletti.

 

Archivos desclasificados

Junto a su testimonio, López Burgos incorporó entonces a la causa una serie de documentos que habían surgido en Uruguay, entre los que se incluyeron los informes de las tres armas sobre los desaparecidos y una serie de archivos desclasificados de la cancillería uruguaya.

Uno de los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores era la Circular Nº8/976 del 18 de febrero de 1976, rotulado como SECRETO, en el que la Dirección para Asuntos de Política Exterior daba instrucciones a las misiones diplomáticas sobre cómo actuar ante una campaña contra la dictadura.

En otro material desclasificado aparecía un listado del personal diplomático y consular uruguayo en Argentina, en el que se identificaba a una serie de funcionarios como agentes del Servicio de Información y Defensa (SID), desde donde se coordinaban las acciones represivas contra los uruguayos.

El nombre del diplomático Arisbel Arocha aparecía en ese listado en su carácter de cónsul en Buenos Aires, pero sin que se le señalara como uno de los agentes de inteligencia de la dictadura que trabajaban infiltrados en la embajada uruguaya y en la misión consular.

 

Testigos o indagados

Los documentos presentados ante el juez federal Rafecas evidenciaban un compromiso del personal diplomáticos designado por el dictador Juan María Bordaberry y el canciller Juan Carlos Blanco, que en Argentina encabezaban el embajador Gustavo Magariños y el cónsul Arisbel Arocha.

El ex dictador y los cuatro funcionarios diplomáticos fueron mencionados por fuentes judiciales argentinas como posibles testigos o indagados en la causa seguida por el juez Daniel Rafecas, quien ya había comenzado a recibir el testimonio de los sobrevivientes uruguayos en el «pozo» de Orletti.

La información, publicada en LA REPUBLICA el pasado 8 de diciembre, derivó en la investigación administrativa interna en el Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy encabeza el canciller Reinaldo Gargano, sin que surgieran elementos que comprometieran al ex cónsul Arocha.

Arisbel Arocha no quiso entonces hacer declaraciones públicas, aunque mostró a LA REPUBLICA una serie de documentos que había guardado para argumentar que durante su misión consular en Buenos Aires entre 1975 y 1976 intentó ayudar a uruguayos con problemas legales en Argentina. *