Entra en vigor refinanciación de adeudos ante el BPS; "no es amnistía", dijo Murro

El decreto «Ley de Inclusión, Regularización y Beneficios para Buenos Pagadores» nació como proyecto de ley a mediados del año pasado en el seno del Directorio del Banco de Previsión Social. Tras ser puesto en consulta de las cámaras empresariales y las organizaciones de trabajadores y pasivos, en octubre fue promovido por los jerarcas del Banco ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Al comenzar a dialogar acerca del decreto lo primero que Ernesto Murro destaca es que no se trata de «una amnistía sino de un mecanismo permanente para facilitar el pago de las deudas».

 

 ¿Qué objetivos persigue el BPS con la promulgación de este decreto?

-Con esta nueva ley creemos que estamos resolviendo, o mejor incluyendo a mucha gente en el sistema de seguridad social. Principalmente pequeños empresarios y trabajadores que no pueden acceder a sus derechos por los adeudos, ya que cuando hay montos impagos en una cuenta personal el BPS no reconoce algunos derechos o reduce otros, además se ve afectada la cuenta que el trabajador tiene en la AFAP.

 

 ¿A qué sectores se aplicará este procedimiento?

-La letra de la norma y sus beneficios se aplicarán a todos los tipos de aportes, Industria y Comercio, Rural, Civil, Construcción y Monotributo.

 

 ¿Qué innovaciones introduce este decreto?

-En primer lugar reimplementa un procedimiento que permite otorgar el beneficio jubilatorio cuando existe una deuda. Esto va a ser de gran importancia por ejemplo para los chacreros, que además de tener un 30% de descuento de lo adeudado podrán pagar a través de una retención en la futura jubilación.

Una de las innovaciones más importantes es que otorga un plazo para el pago de los aportes personales adeudados, sustituyendo la multas y recargos por la rentabilidad que dichos aportes hubieran generado en las AFAP.

Además, permitirá que la cantidad de cuotas en que se fije la cancelación de las deudas sea proporcional a la cantidad de meses impagos. Es decir, por cada mes de cargo se podrá otorgar hasta cuatro cuotas; pero de adeudarse nueve ya se estará en el máximo autorizado legalmente de 36 cuotas. Y en el caso de los aportes patronales pueden fijarse hasta 9 cuotas por cada mes adeudado.

 

 Si se quitan las multas, ¿significa que la deuda se reduce?

-Según la antigüedad del adeudo, algunos llegan a reducirse una tercera o cuarta parte. En la crisis de 2002 el BPS llegó a imponer intereses del 10%, en ese momento las deudas originales se multiplicaron por diez.

Ahora la deuda en Unidades Reajustables vuelve a su monto original y a esa cantidad se agrega el porcentaje de rentabilidad de la cuenta del trabajador en la AFAP y un pequeño interés del 2%. Eso es mucho menos de lo que se cobra actualmente.

Lo que se cobra no es antojo del BPS, eso es importante aclararlo. Los intereses tienen un origen legal, porque tiene que haber una correlación entre los tributos y la financiación de los bancos para impedir que la gente financie sus empresas adeudando al BPS. Que no les resulte más barato pedir a los bancos que pagar el BPS.

 

 ¿Cuántas empresas adeudan tributos actualmente?

-Actualmente los servicios del BPS han detectado unas 30 mil empresas deudoras. Todavía se trabaja en ese orden por lo que se podría incrementar esa cifra. Pero esas 30 mil implican un monto de aproximadamente 300 millones de dólares.

 

 En base a esos números, ¿se fijó algún porcentaje meta de deudas a cobrar?

-No sabemos cuánto podemos cobrar, pero somos optimistas porque hasta ahora la mayoría de las deudas habían llegado a cifras impagables y por tanto incobrables para nosotros. Con la nueva ley se van a poder pagar.

En especial los aportes personales, porque muchos rubros tienen exonerado el aporte patronal y no pagaban los de sus trabajadores.

 

 ¿Por qué importa tanto la recuperación de aportes personales?

-Con la nueva ley, por primera vez en 10 años se establece la posibilidad de refinanciar los aportes personales. Hasta ahora se tenía que pagar al contado aunque se refinanciara el resto de la deuda.

Dado el promedio de trabajadores por empresa en Uruguay y la cantidad de firmas morosas detectadas, estamos hablando de entre 150 mil y 300 mil trabajadores afectados. Trabajadores que por no tener al día sus aportes a la seguridad social ven recortados sus derechos de salud, prestaciones o rentabilidad de sus cuentas en las AFAP.

 

 ¿El decreto contiene algún otro tipo de beneficio?

-Sí, implementa un sistema de bonificaciones para buenos pagadores. Que además se instrumentará en diciembre, que es el mes que más dificultades presenta para cumplir con los tributos.

La bonificación consistirá en un descuento del 30% en los aportes patronales y en la posibilidad de que si se verifica la continuidad en la conducta de pago establecer un descuento del 10% en cada ejercicio fiscal.

 

 Este nuevo sistema se traducirá en mejoras de la recaudación del BPS…

-Seguro, va a mejorar la recaudación sin dudas, pero lo importante es restablecer los derechos de la gente. El mecanismo propuesto apunta fundamentalmente a evitar situaciones de notoria injusticia e iniquidad.

Durante los 14 meses seguidos de nuestra administración la recaudación se incrementó en forma constante; se mida por donde se la mida. Es decir que el porcentaje de incremento se puede encontrar tanto en cálculos en pesos, como en dólares o por el Indice Medio de Salarios o por el Producto Bruto Interno. Algunos meses hemos superado los cien millones de dólares, lo cual no pasaba desde hacía mucho tiempo.

Suponemos que estamos llegando a un techo o mejor dicho a una meseta en la que se va a estabilizar.

 Recientemente el Directorio ha puesto a consideración de las cámaras empresariales y de los trabajadores un nuevo proyecto de ley, que en esta ocasión está relacionado con la polémica legislación de aportes a la construcción. ¿Qué se busca con esta nueva norma?

-Desde que se promulgó la Ley 14.411 han pasado más de 30 años. Son más de tres décadas de experiencia que el país en general y el BPS en particular han acumulado en la aplicación de la misma.

Tras una evaluación de esa norma se concluyó que es necesario flexibilizarla en algunos aspectos, considerando que existe una relación entre la inversión de tiempo y esfuerzo que suponen, por un lado la efectiva ejecución de los trabajos, y por otro la realización de algunos trámites requeridos por el BPS para dar cumplimiento a las exigencias formales.

El proyecto, que fue puesto a consideración de la Cámara de la Construcción y el Sunca, para luego ser redactado en su versión final y presentado al Ejecutivo, propone implementar un régimen de excepción y opcional de aportación, recogiendo las características actuales del sector Construcción.

 

 ¿En qué consiste esa flexibilización a la que hacía referencia?

-En la administración anterior se había enviado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que tendía a reformar las normas para la construcción a pequeña escala, pero nosotros realizamos otro con el fin de ampliar y mejorar esa propuesta precedente. Por eso también tomamos en cuenta para la redacción las modificaciones propuestas por el senador Julio Lara.

La idea es que aquellas obras de menor tamaño se pueda contratar a una empresa y que esta sea responsable de los aportes a la seguridad social. Hasta ahora el responsable es el propietario del domicilio.

 

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­Es decir que la polémica que tuvo lugar en el 2005 en torno a si alguien tenía que pagar tributos o no por hacer un parrillero en su casa o pintar una habitación de la misma se termina…

-Esta ley será aplicable a los cuatro rubros de la construcción: albañilería, pintura, sanitaria y electricidad. Si tengo que cambiar la instalación de mi casa porque es exterior y quiero que sea embutida o porque se me pudrieron los caños y no tengo más remedio que poner otros, que la contratación de esos especialistas no sea por el régimen de la construcción sino por esta normativa especial y el dueño de casa no tenga que abonar los aportes al BPS sino la empresa que ofrece el servicio.

 

 ¿Se establece algún tipo de límites para determinar quiénes pueden ampararse en esa norma?

-Se establece un tope de 30 jornales. El senador Lara proponía otro tipo de topes determinado por valores monetarios, como estamos de acuerdo en la necesidad de establecer límites buscamos una alternativa que nos pareció más adecuada, porque esta ley tiene que ser aplicable sólo a obras menores, principalmente a las de mantenimiento y a aquellas pequeñas construcciones que no modifican el plano original de la casa.

 

 ¿La modificación de la legislación actual supondrá algún beneficio para los trabajadores de la construcción o para quienes deseen realizar obras en sus domicilios?

-En realidad el proyecto se refiere a las actividades gravadas por la Ley de la Construcción de escasa entidad y que tanto podrían admitirse como Construcción o como Industria y Comercio, sin generar perjuicios a los trabajadores involucrados en las contrataciones. Pero se entiende que con este nuevo orden se podrá ampliar el horizonte de formalidad, a contribuyentes y trabajadores, a través de sencillas vías de acceso a la misma.

A la vez, ofrece a los propietarios la posibilidad de conservar sus viviendas en buen estado, y hacerlo sin menoscabar los derechos de los trabajadores involucrados en estas actividades y sin distorsionar el espíritu de la ley 14.411 garantizando la seguridad jurídica y disminuyendo la carga burocrática.

En definitiva facilitará el acceso de los trabajadores a la cobertura de la seguridad social, y sin que el logro de ese objetivo implique al contribuyente un desestimulante trayecto que culmine en la decisión de no recorrerlo.

 

 ¿Que balance puede realizar del nivel de formalidad que se registra actualmente en el sector Construcción?

-Hubo una gran mejora en el sector de la construcción. La cantidad de afiliados en el sector se incrementó sensiblemente en el último año; crecimos un 50% en la cantidad de trabajadores registrados. Cuando asumimos había 24 mil obreros afiliados y hoy hay 36 mil, lo que es muy importante.

 

 Esos números podrían tener relación con un aumento en la actividad del sector productivo, por ejemplo de la construcción de las plantas de Botnia y ENCE…

-No directamente, porque esas cifras superan la cantidad de puestos de trabajos nuevos en el sector, por ello podemos asegurar que ha habido un gran proceso de regularización en el mismo.

 

 Pasando a otro tema, recientemente las asociaciones de jubilados -y también el Partido Nacional- solicitaron que se incremente el mínimo jubilatorio a 3.000 pesos. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es posible llevar a todas las pasividades a esa cantidad con los actuales niveles de recaudación del BPS?

-El incremento del mínimo jubilatorio es un planteo que no debe ser analizado a través de la otorgamiento o no de un monto general sino de acuerdo a como son las prioridades.

Acá hay que decir que las jubilaciones son bajas porque alguien decidió que así fuera. Acá alguien decidió que durante 15 años no hubiera consejo de salarios ni negociación colectiva y eso afectó el monto de las jubilaciones y pensiones. Acá alguien apoyó la reforma jubilatoria y aprobó la ley vigente que representa que hoy uno perciba una pasividad entre un 15% y un 20% menor al sueldo que uno percibía en actividad. Y nosotros no fuimos.

Además hay quienes cobran 2.000 pesos y son pobres y otros que perciben lo mismo pero vienen a buscarlos cada tres meses porque viven de rentas o sueldos importantes por desempeñar cargos de jerarquía en actividades de otro rubro al que corresponde la jubilación, por ejemplo policías retirados que tienen jubilaciones lastimosas pero ganan 40 mil pesos por mes por ser gerentes de una agencia de seguridad.

 

 Entonces, ¿cuál sería la solución para aquellos jubilados que después de trabajar tanto reciben una pasividad que no cubre sus necesidades básicas?

-La solución pasa por detener la caída, como lo hemos hecho. Y mediante ajustes diferenciales como los que intentamos implementar; además de otras alternativas que estudiamos para mejorar en términos reales el poder adquisitivo de los pasivos que en los últimos cinco años disminuyó un 25%, pero particularmente el de las personas que reciben bajas pasividades y viven en hogares de escasos recursos. *