Uruguay rebatió andanada de acusaciones de Argentina y ofreció un monitoreo conjunto

Tras dos intensas jornadas de dura contienda el fin de las audiencias ante la Corte

Internacional de Justicia de La Haya incrementó la confianza y el optimismo del gobierno

uruguayo respecto a que el tribunal no ordenará la suspensión de las obras de Botnia y ENCE.

Con una intervención más enérgica que la desarrollada el jueves Uruguay usó su derecho a réplica y rebatió punto a punto los argumentos de Argentina, país que solicitó a la CIJ que ordene la suspensión inmediata de las obras en estas dos papeleras.

No sólo no hubo huecos en las exposiciones realizadas por los juristas que defienden la posición uruguaya, sino que éstos se dieron el lujo de, utilizando la dosis justa de ironía, despertar el interés de los magistrados en 107 minutos de los 120 que disponían para su presentación.

En tanto, los abogados de Argentina durante sus dos horas de alocución insistieron con el concepto de que las plantas en construcción ya han contaminado el río Uruguay y cuestionar la ubicación de los emprendimientos. Argumentos que reforzaron acusando a Uruguay de «mantener una visión deforme de los hechos», «mentir» y no suministrar la información requerida.

El embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, fue el encargado de cerrar las audiencias de ayer. Su intervención consistió en una concisa e inteligente enumeración de los puntos desarrollados por la defensa, que concluyó con gran fuerza al indicar a los jueces que su deber es determinar la no aplicación de la medida cautelar, destacando que la paralización de las obras tendría consecuencias económicas «catastróficas» para el país.

En ese sentido subrayó el compromiso del gobierno, así como las garantías que ofrece, en la protección de la salud de los uruguayos.

Y en un brillante giro de su discurso resaltó: «Mi país propone y reitera su oferta de realizar monitoreos constantes de las plantas de celulosa de manera conjunta con Argentina». Para luego enfatizar la apuesta del gobierno nacional a la transparencia y la integración regional.

Igualmente, Gros se hizo un espacio para criticar la argumentación del país vecino, señalando que sus representantes se refirieron de forma «secundaria y mínima» al motivo por el que solicitan la suspensión de las obras, pero en de manera extensa a la cuestión de fondo del diferendo, que es la presunta violación del Estatuto del río Uruguay.

Asimismo, el diplomático reiteró ayer su mención de los cortes de ruta realizados por los ciudadanos de Gualeguaychú y los perjuicios económicos que éstos ocasionaron. Pero en esta ocasión resaltó la postura adoptada por el gobierno argentino afirmando que su falta de intervención para liberar el tránsito fue lo que «agravó el conflicto».

Paul Reischler precedió a Gros en los alegatos; el centro de su presentación fue demostrar que Uruguay no tenía ninguna obligación de obtener el consentimiento previo de Argentina para construir las plantas y que las normas bilaterales vigentes tampoco establecen la necesidad de suspender las obras hasta que se solucione el diferendo.

«El estatuto del Río Uruguay no impone tal obligación y el derecho internacional tampoco. Ningún punto estipula tampoco que la construcción de una obra deba paralizarse hasta la solución del diferendo entre las partes o la resolución por parte de la CIJ», aseguró el abogado.

El objetivo de Reischler, así como del jurista italiano Luigi Condorelli, fue establecer que el tratado no otorga el derecho a veto que sostiene la representación argentina que la asiste.

«Ese es el corazón del diferendo: si un derecho a veto subsiste en el estatuto. La posición de Uruguay es que ese derecho no figura en el estatuto… El tratado reglamenta los procedimientos para llegar a un acuerdo pero hay un silencio en el texto que Argentina interpreta con argumentos bastante simplistas», remarcó Condorelli.

El italiano también indicó a los jueces, haciendo referencia a las carpetas que les fueron entregadas, que Uruguay entregó un «enorme volumen de información» a las autoridades de la vecina orilla, por lo que no puede sostener el argumento de que se ocultan datos acerca de las fábricas.

Antes el escocés Allan Boyle había hecho alusión a la preocupación argentina por el impacto ambiental que tendrán las plantas, asegurando que el cambio de ubicación de las mismas no reduciría el riesgo, «que no existe», pero sí afectaría la «viabilidad» de éstas. A la vez que enfatizó que Argentina «no presentó ninguna propuesta» y basó sus planteos en «teorías sin asidero científico».

 

«Si algo hizo Argentina fue confiar»

Por su parte la delegación argentina aseguró que Uruguay presentó una «visión deformada» de los hechos y un «panorama idílico» con el que intentó desviar la atención de la Corte de la cuestión principal que es el peligro «urgente e irreversible» que ya supone la construcción de las plantas.

Las afirmaciones fueron realizadas por el jurista británico Phillipe Sands, quien durante su presentación también sostuvo que Ence verterá al cauce compartido un tipo de dioxina que superará en 12 veces los efluentes de las fábricas canadienses.

«La realidad es que habrá contaminación al agua y riesgo de accidentes. La cuestión es saber si esto es aceptable o no. Uruguay cree que sí, pero no puede imponer su punto de vista a Argentina, que todavía no ha recibido las informaciones necesarias sobre estos proyectos», dijo Sands.

Luego el abogado argentino Marcelo Kohen aseguró que «en ningún momento, Argentina consintió la construcción de las dos fábricas» y recordó que Uruguay no atendió a los pedidos de información solicitados desde 2002 por Buenos Aires vía la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)».

Y destacó que en la reunión entre los cancilleres Rafael Bielsa y Didier Opertti (donde se superó enl conflicto en 2004 según la Memoria Anual del gobierno argentino) el país vecino «nunca consintió» la construcción de las fábricas.

Mientras, Susana Ruiz Cerutti, funcionaria de la cancillería argentina, concluyó que Uruguay decidió no respetar los mecanismos de consulta previa estipulados en el Estatuto del Río Uruguay, «probablemente» porque sabía que «las fábricas no serían construidas nunca».

Para después echar mano a argumentos sentimentales diciendo que «si Argentina es responsable de algo en esta historia es de confiar a ojos cerrados en un país al que estamos unidos por una historia común».

Al culminar las audiencias cada uno de los magistrados retornó a su país portando la información suministrada por las partes y copias de los alegatos para evaluar una decisión respecto a la aplicación de la medida cautelar. La presidenta del Tribunal, Rosalyn Higgins, informó a los agentes de cada país que se intentará llegar a un fallo antes del 28 de julio, fecha en que comienza la feria judicial en el organismo internacional. *