Pagos del BPS: blancos dispuestos a acompañar al EP

La bancada del Partido Nacional se fijó un plazo de 48 horas a partir de hoy para resolver definitivamente qué posición va a adoptar en torno a las medidas políticas hacia el ministro de Trabajo anunciadas por el Encuentro Progresista, en contra de la descentralización de los pagos del BPS en el interior del país. Altas fuentes vinculadas al nacionalismo adelantaron que para evitar un llamado a sala del ministro de Trabajo, la bancada del Partido Nacional acompañará al Encuentro Progresista en la redacción de un proyecto de ley que dejaría sin efecto la privatización de los pagos del BPS.

Ayer, el órgano parlamentario blanco reiteró la exhortación al Ministerio de Trabajo de dejarle la posibilidad a los pasivos de optar entre cobrar en las oficinas del BPS o en agencias comerciales privadas. Pero esta resolución no es suficiente para el Encuentro Progresista que anunció acciones políticas contra el secretario de Estado.

El diputado Julio Lara dijo a LA REPUBLICA que el tema se ha tornado extremadamente delicado para el ministro Alonso, «porque deberá resolver un programa de descentralización que se aplicó en1997 en Montevideo y que ahora se pretende implantar en el Interior». En los 18 restantes departamentos, la idea es directamente eliminar las 110 oficinas propias del banco y que los pasivos, sin posibilidad de opción, pasen a recibir sus remuneraciones en locales comerciales.

La seguridad del millón

El 7 de junio pasado, el directorio del Banco de Previsión Social resolvió pasar a manos privadas el pago de las pasividades mediante un cronograma que aún se está cumpliendo.

El argumento de mayor peso del banco para esa resolución era el de la seguridad. Sin embargo, el propio Ministerio del Interior se encargó de echar por tierra ese motivo.

Equipar las 110 oficinas del BPS de los 18 departamentos del interior del país tendría un costo mínimo, comparado con los aportes que el Banco recibe.

El ministro Guillermo Stirling fue quien personalmente le comunicó a los diputados Julio Lara y José Luis Blasina, integrantes de la Comisión de Seguridad Social, que equipar con alarmas, cámaras, sistemas de video y monitores, cajas fuertes y dotar del personal de custodia necesario para la totalidad de las oficinas del banco en el Interior, demandaría un costo cercano al millón de dólares. Pasar a manos privadas el pago de las pasividades en el interior, llevaría a que el BPS pague tres millones de dólares promedio anual a la empresa concesionaria por el trabajo a realizar.