EP define llamado a sala a Cáceres por régimen en Terminal de Contenedores

Hoy, los diputados encuentristas definirán el carácter del llamado al secretario de Estado: si se hará en régimen de comisión general o a través de una interpelación.

Los legisladores del EP sostienen que el gobierno «privatizará» y «extranjerizará» la Terminal de Contenedores, ya que el texto establece que el 80% del paquete accionario en posesión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, será vendido totalmente en el mercado de valores de Montevideo.

El diputado encuentrista José Carlos Mahía presentó un documento en la sesión de la Comisión de Tránsito y Transporte del pasado lunes, en el que se establecen las condiciones para la subasta de las acciones de la sociedad anónima que será la propietaria de la Terminal de Contenedores. La Corporación Nacional para el Desarrollo será la responsable de rematar las acciones en el mercado de valores con una base de 500 mil dólares y al mejor postor.

La reglamentación, redactada por la contadora Ana Rey, fue entregada la semana pasada a las autoridades del Centro de Navegación para que el sector privado lo evalúe y, en tiempo y forma, presenten las eventuales objeciones. Los operadores portuarios privados adelantaron que la nueva reglamentación excluye definitivamente a los operadores locales por el tenor de las condicionantes que se establecen. El documento era plenamente ignorado por el Parlamento Nacional.

En la primera quincena de este mes de setiembre el Poder Ejecutivo pretende dejar aprobadas las condiciones. Una vez cumplido ese trámite, se constituirá una Sociedad Anónima que estará compuesta por un 80% a cargo de la CND, y 20% a cargo de la ANP.

«Este tipo de situación afecta la soberanía nacional porque un sector estratégico de la economía uruguaya pasaría a ser manejado por una firma extranjera y, al mismo tiempo, obliga al Estado a invertir en lo que esa firma extranjera disponga, al ser el inversor minoritario de una sociedad anónima que no controla», destacó el diputado José Mahía.

El legislador denunció que, a pesar de la inminente vigencia de la nueva reglamentación, la ANP igualmente está invirtiendo cinco millones de dólares en una nueva grúa pórtico.

«Lo que más nos llama la atención es que si nosotros no hubiéramos hecho el planteo parcial en la reunión de la Comisión el pasado lunes, el Parlamento uruguayo no se enteraba de nada de esto», afirmó.

«No se privatiza»

Por su parte, el ministro de Transporte, Lucio Cáceres rechazó que la Terminal se privatice, y ratificó que en los próximos días quedará reglamentado el régimen de economía mixta.

En diálogo con radio Universal, Cáceres sostuvo que «LA REPUBLICA no está al tanto de dos meses de discusiones parlamentarias» sobre el tema.

«Tal vez ahora el diario LA REPUBLICA esté acordándose de otros actores que tienen intereses distintos y no quieren que se haga nada en el puerto de Montevideo», agregó.

Los números

El texto del proyecto del decreto reglamentario del artículo 20 de la Ley de Urgencia número 17.243 establece los siguientes parámetros:

El 80% del total de las acciones de la Terminal de Contenedores será manejado por operadores privados extranjeros.

El 20% estará en la órbita pública con injerencia de la Administración Nacional de Puertos.

Una vez aprobada la normativa por el Poder Ejecutivo correrán 60 días para constituir la sociedad anónima.

Las acciones se subastarán a 500 mil dólares como base.

Los futuros concesionarios de la playa de Contenedores deberán depositar como garantía operativa y de capital y por un plazo de 30 meses y a favor de la ANP, 12 millones de dólares.

La nueva administración estará integrada por 5 miembros: 3 por la firma privada y 2 por el Estado.

La empresa concesionaria deberá tener, por lo menos, una experiencia de siete años como operadora y haber movido 100 mil contenedores por año entre 1993 y 1999.

Diez años será el plazo mínimo que tendrá vigencia el contrato.

Diez millones de dólares deberá contar como patrimonio neto en su último ejercicio la empresa que aspire a calificar.

Cero serán los oferentes locales portuarios que se presenten, en caso de prosperar la nueva normativa.

Cinco millones de dólares será el monto de la última inversión de la ANP en la playa de contenedores antes de iniciar el proceso de privatización.

Los buques cargueros con más de 200 unidades en el puerto de Montevideo, no necesitarán autorización o control de la ANP para movilizar carga general no contenedorizada.

Cientos de funcionarios de la ANP y de las empresas privadas que hoy se hacen cargo de las operaciones en la Terminal de Contenedores, serían cesados.

La ANP garantizará una profundidad de diez metros en el canal de acceso a puerto.

Se deberá ampliar la cabecera portuaria a fin de disponer de dos puestos y se ampliará la plataforma de los contenedores.

Se asegura que el nuevo sitio permitirá el ingreso de buques de 14 metros de calado y 300 de eslora.

Toda la operativa portuaria estará en manos de la firma privada, incluido amarre y limpieza de los buques. Ninguna de la operativa portuaria estará en manos de la ANP salvo la provisión del equipamiento mínimo estipulado.