Móvil económico de la "Patota de la OCOA" se integra mañana a causa del "segundo vuelo"

La investigación periodística publicada por LA REPUBLICA sobre las implicancias económicas de la «patota de la OCOA» durante la represión a exiliados uruguayos en Buenos Aires en 1976, será incorporada mañana a las denuncias sobre cuatro presuntas víctimas del «segundo vuelo» de Orletti.

Los abogados que hace una semana iniciaron los juicios contra los mandos militares y policiales de la dictadura confirmaron ayer que la serie de artículos publicados en los últimos días serán integrados como prueba en el caso de cuatro desaparecidos que estaban en el centro de torturas Automotores Orletti.

En sus ediciones del jueves 1º, viernes 2 y domingo 4 de junio, LA REPUBLICA divulgó la investigación donde se evidencia que la tortura, muerte y desaparición de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), opositores de la dictadura uruguaya tuvo, además, un móvil económico.

Los integrantes de la «patota de la OCOA» y sus socios del Servicio de Información y Defensa (SID) realizaron chantajes, extorsiones y torturas para robar 10 millones de dólares que se encontraba en poder del PVP y con los que se estaban financiando operaciones de resistencia al régimen de facto.

Un grupo de militantes de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) -quienes constituirían el PVP en 1975- habían obtenido el dinero de un secuestro a un empresario argentino en 1974.

La investigación se sustenta en testimonios y documentos, confirmados por el mismo «informante» que en 2001 dio los datos para encontrar al desaparecido Simón Riquelo y en 2002 señaló la existencia del «segundo vuelo» de Orletti en el que se trajo a Uruguay una veintena de detenidos, aún desaparecidos.

 

«En beneficio propio»

El informe denuncia que los represores de Orletti repartían el «botín de guerra» en tercios entre la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y la patota de José Nino Gavazzo, quien en octubre de 1976 llegó a «recuperar» una suma de 6 millones de dólares de la que no dio cuenta a sus «socios» argentinos.

Parte del dinero fue utilizado en la adquisición de inmuebles que se transformaron en bases de Inteligencia, como la que actualmente tiene la SIDE argentina en la calle coronel Díaz 2079, y en centros de tortura como la «Casona» de Millán 4269, donde desapareció el maestro Julio Castro. Los represores argentinos y uruguayos se apropiaron de bienes inmuebles que vendieron en su beneficio y se quedaron con parte del dinero de Orletti «en beneficio propio o de un tercero», por lo que ninguna interpretación jurídica les permitiría estar amparados en la Ley de Caducidad.

En el Caso del «segundo vuelo» de Orletti, a cargo de la jueza Gabriela Merialdo y la fiscal María del Huerto Martínez, se piden responsabilidades en la desaparición de María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno, Juan Pablo Errandonea y Ary Cabrera, quienes pudieron ser traídos a Uruguay.

Los abogados pidieron se cite al ex dictador Gregorio Alvarez y nueve ex comandantes del Ejército que en una carta pública se hicieron responsables de los crímenes de la dictadura y de los tres comandantes que firmaron los informes sobre los desaparecidos donde se confirmó el «segundo vuelo».

Entre los testigos se incluye a los tripulantes de aquel segundo vuelo, entre los que estaba el ex comandante de la Fuerza Aérea, José Pedro Malaquín, varios ex agentes del SID, el periodista de LA REPUBLICA y sobrevivientes de la represión de la «Patota de la OCOA» en Automotores Orletti durante 1976. *