Fiscal pidió diez meses de prisión para Z, pese a disculpas y alegato de su abogado

«El mejor director de impositiva de la historia contemporánea del país», a estar a los dichos laudatorios del ministro de Economía ,Danilo Astori, recibió ayer, en el marco de un juicio inédito en los anales judiciales, el pedido de 10 meses de prisión por haber emitido una opinión ofensiva contra un juez penal por discrepar con su fallo «benévolo» contra los defraudadores de La Pasiva.

El fiscal de 8º Turno, Luis Bajac, pidió que se condene al director general de Rentas, Eduardo Zaidensztat, a diez meses de prisión.

La defensa, en tanto, solicitó se absuelva al contador Zaidensztat de la imputación deducida por el representante del Ministerio Público y Fiscal.

Las partes expusieron, ayer miércoles 31 de mayo, sus argumentaciones durante más de seis horas, siendo recepcionadas por el juez en lo Penal de 16º Turno, el doctor Néstor Valetti Rodríguez.

Previo a las descargos, la defensa solicitó se le permita una instancia al acusado, en la que, luego de aprobada, expuso una disculpa pública al doctor Pablo Eguren.

Los cargos responden a, en principio, la denuncia de «desacato agravado» que presentara el fiscal Luis Bajac, quien inició de oficio la acción penal.

Además el juez Eguren presentó el lunes otra denuncia por «desacato por ofensa», que se agrega a la del fiscal.

Los cargos se presentaron a raíz de la transcripción de El Observador, de los dichos de Zaidensztat, cuando al enterarse que Eguren había procesado sin prisión a cinco directores de La Pasiva, reflexionó: «Si hubiera más Eguren, el Uruguay sería una república bananera».

En la audiencia estuvieron presentes, por la parte denunciante, además de Eguren y Bajac, la abogada Cecilia Schroeder.

La defensa del director de DGI estuvo patrocinada por los abogados Juan Fagúndez y Oscar Brum.

Además fueron solicitadas las presencias, en calidad de testigos, del periodista Eduardo Delgado del diario El Observador, y de la ex integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jacinta Balbela.

Una de las pruebas solicitadas por la defensa fue el comunicado de prensa de la SCJ del 19 de mayo, en el que se da cuenta de que Zaidensztat pide disculpas y éstas son aceptadas, en nombre de Hipólito Rodríguez Caorsi.

Los denunciantes aportaron como prueba, además del artículo de El Observador, y otros artículos posteriores en los que se reproducían estas afirmaciones, entre ellos los del diario El País.

La abogada denunciante, Cecilia Schroeder, expuso que la acusación de «desacato por ofensa» que se le imputa al contador Zaidensztat, se fundamenta en la ley que establece que en caso de funcionarios públicos, se prevé el menoscabo, por protegerse el interés de la sociedad en el prestigio que tiene que tener la Administración en el cumplimiento de sus funciones.

A este respecto manifestó que «si bien se toma como un bien jurídico superior, al interés de cualquier persona que pueda ser injuriada, o sea que, salimos de la injuria común, para ir a otra figura que es el «desacato por ofensa», el funcionario público también tiene una responsabilidad muy especial en cuanto a no apartarse ni un ápice de sus deberes funcionales».

En términos jurídicos explicó que la Ley de prensa (16.099) que prevé, específicamente, la posibilidad de exonerar de pena en caso de que haya retractación del ofensor, y, aceptación por parte del ofendido, cuando de un funcionario público se trata, no es aplicable dicha exoneración.

El penalista Juan Fagúndez argumenta que el delito que se le imputa a su cliente, requiere haber actuado con intención, en términos de dolo, y que sin duda, Zaidensztat no tuvo intención de menoscabar a ninguna persona. ni a ningún poder.

También alegó que el presidente de la SCJ, Rodríguez Caorsi, aceptó en su momento las disculpas del jerarca y dio por finalizado el asunto.

A propósito dijo que «si el propio presidente de la Corte no hubiera estado conforme con las explicaciones, como funcionario público que es, tenía la obligación de hacer la denuncia penal». De modo que reflexionó: «no lo hizo, finiquitó el asunto, y esa es una clara demostración de la falta de intencionalidad de los dichos de Zaidensztat, vista por el presidente de la SCJ».

Cedida la palabra, el director de la DGI, Eduardo Zaidensztat, ratificó que sus críticas al juez Eguren no fueron felices ni oportunas y que habían sido realizadas por la indignación que le producía que defraudadores de La Pasiva que habían eludido sus obligaciones mientras abrían sucursales en Brasil, en España y en Uruguay en medio de la crisis que afectaba a toda la población, fueron procesados sin prisión.

El 85% de los ingresos que recibe el gobierno central proviene de los impuestos de la DGI, quien acto seguido calificó esa conducta de competencia desleal con los ciudadanos y empresas que abonan sus impuestos.

Por otro lado la defensa alegó oralmente el principio de extraterritorialidad, en razón de que los dichos fueron efectuados en Argentina, donde no rige la ley penal uruguaya. De todas formas este recurso no fue presentado formalmente en el expediente.

El codenunciante, y «ofendido» en cuestión, Pablo Eguren observó que «hay un agravio a la justicia. Como ser humano podría disculparlo, como magistrado entiendo que debe ser juzgado».

Eguren sostuvo que recibió el agravio «con profundo dolor». «Es la primera vez que soy parte en un juicio.

Es muy doloroso estar en una audiencia denunciando a alguien a quien le tengo mucho respeto».

El fiscal Luis Bajac sostuvo que es un menoscabo para todos los magistrados, y que las declaraciones de Zaidensztat son ofensivas en desmedro de su honor. Además agregó que, como el delito está dirigido a la figura de un funcionario público, no admite disculpa alguna.

El juez Néstor Valetti Rodríguez dictará sentencia el próximo lunes 5 de junio a las 14 horas, en el juzgado penal de Bartolomé Mitre, en audiencia oral y pública, ya que se trata de un caso comprendido dentro de la ley de prensa. *