Organizaciones civiles presentaron el anteproyecto de acceso a información

Las organizaciones patrocinantes del anteproyecto son Amarc, Amnistía Internacional-Sección Uruguay, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Archiveros sin Fronteras-Sección Uruguay, Archivo General de la Nación, Asociación Uruguaya de Archivólogos, Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Udelar, Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, Ielsur, Serpaj y Uruguay Transparente.

El subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, presente en el lanzamiento del anteproyecto se mostró favorable en valorar «toda iniciativa que vaya en la dirección de la transparencia y el servicio del Estado hacia la comunidad» por lo que desde el Poder Ejecutivo va a seguir atentamente a través de la cartera que él representa «los avances» que se vayan sustanciando.

Por su parte el integrante de Uruguay Transparente, Roberto Gossi, explicó que con el anteproyecto «se intenta reglamentar el derecho que tiene la ciudadanía a conocer los actos y documentos que obran en poder de la administración», fortaleciendo de esta forma «el sistema republicano, en la medida que permite un acceso más amplio a la base de la información, del conocimiento público y de formar opinión a la ciudadanía sobre actividades que son públicas inherentes al gobierno».

Esta normativa que existe en varios países del mundo «es una carencia legislativa que se tiene desde hace mucho tiempo» en nuestro país, sostuvo Gossi.

En tanto, Laura Bálsamo, de Serpaj, dijo que «lo que intenta consagrar» esta iniciativa «es el derecho que tenemos todos los habitantes del país al acceso de las informaciones de los documentos en poder de los organismos públicos», lo cual redundará en «democratizar aún más la sociedad».

El futuro proyecto de ley será impulsado por la senadora de la Vertiente Artiguista, Margarita Percovich, y el diputado del Nuevo Espacio, Diego Cánepa.

«El anteproyecto se va a transformar en un proyecto de ley y va a tener modificaciones», pues ésta es «una iniciativa» en la cual «tenemos un acuerdo», por lo que consideramos «necesario legislar y promover» una norma «que garantice el acceso a la información», adelantó Cánepa.

«La cultura del secreto que existe en el Estado uruguayo» ha llevado «a que no haya claridad» en el acceso a la información, por lo que este futuro proyecto «fortalece a la sociedad civil en su control democrático sobre los poderes públicos», dijo el diputado.

Aclaró que existe también «determinada información» que el Estado debe mantener en reserva como algunas vinculadas a áreas «económicas» y otras a las de «seguridad nacional», pero ninguna referida al tema «derechos humanos».

Los legisladores oficialistas apoyarán este proyecto de ley con algunas modificaciones, en donde por ejemplo se cuestionan la proyectada creación del Instituto Nacional para la Información Pública.

La aspiración es que el proyecto cuente «en este año con media sanción» en la Cámara de Representantes, aunque aclaró que en caso que se dé su aprobación total, el Estado necesitará de «una transición» antes que comience a ejecutarse la normativa para «adecuarse a su funcionamiento». *