Los periodistas honestos no necesitan de privilegios que los ubiquen por encima de los demás ciudadanos

La condigna condena penal del juez Timbal al periodista Escanlar por haber injuriado al director de LA REPUBLICA en un medio masivo de comunicación, Canal 10, ha logrado la tradicional coincidencia de opiniones entre tres inefables instituciones de diferente origen.

Nos referimos a la gremial que agrupa a la mayoría de los propietarios de medios de comunicación latinoamericanos, la defensora de Trujillo, Batista y Somoza, la tristemente célebre SIP, el semanario Búsqueda, representante de los intereses de la derecha política y económica de nuestro país, y la renegada APU, seudo representante de los trabajadores de la prensa uruguaya, hoy controlada por el semanario Búsqueda que milita activamente en sus filas impidiendo toda denuncia de la gremial en los centenares de despidos que se produjeron en todos los diarios del sistema hegemónico incluido Búsqueda.

No es la primera vez que la SIP, la APU y Búsqueda coinciden en sus intereses ideológicos, haciendo remover en sus tumbas a los fundadores del otrora honorable sindicato de periodistas, como los añorados Carlos Borche y Ruben Acasusso.

De esa gremial, que me honró con el cargo de Presidente de su Tribunal de Honor y que representé en la Federación Latinoamericana de Periodistas, no quedan más que escombros, disimulados en una coqueta sede, símbolo de la diferencia entre bienes materiales e ideales traicionados.

Los tres órganos coincidieron en defender al injuriante y criticar la condena penal decidida por el juez Timbal y solicitada por el fiscal Moller.

Los tres coincidieron en calificar esa sentencia como «un grave atentado a la libertad de prensa que afecta la vigencia de las libertades de expresión y de opinión en Uruguay» y la APU fue más allá en su defensa del calumniador al emitir un comunicado donde sostiene que esa sentencia «sienta un precedente negativo para la amplitud del debate público en el país».

¿De qué debate público están hablando? ¿Acaso el poderoso Canal 10 de televisión, donde fui insultado, que detenta casi a perpetuidad desde hace medio siglo los derechos exclusivos y excluyentes de un poder concesionado que pertenece a la comunidad, me daría la posibilidad de defenderme, de probar mi historia de 45 años de periodismo desinteresado al servicio de los desinformados y de los perdedores de siempre, sufriendo todo tipo de persecuciones en aras de un ideal?

Si el debate público de que habla se trata de mi persona, o se trata de informar si soy un mal o buen tipo, lo acepto gustoso con Escanlar o con quien se les ocurra, en el ámbito que elijan, con la sola condición del respeto mutuo y la posibilidad de no ser condenado sin posibilidad de defenderme, como lo hizo el calumniador sin brindarme ninguna posibilidad al respecto.

Llama la atención que la APU, que jamás emitió un comunicado de preocupación cuando en 33 oportunidades fui enjuiciado penalmente por informaciones, no insultos, publicadas por el diario LA REPUBLICA, siendo absuelto en todas ellas al probar la veracidad de esas noticias, ahora sí emita un comunicado a favor de quien me injurió en Canal 10.

Es la misma conducta que pone en práctica la APU cuando condena a LA REPUBLICA al entrar en concordato debiendo reducir personal para salvar la fuente de trabajo y defender el derecho a existir del único diario que se opone a la prensa hegemónica, mientras ignora supinamente los centenares de despidos producidos en el diario El País, El Observador, Búsqueda y Ultimas Noticias.

Es la misma APU que pone el grito en el cielo cuando se trata de un periodista despedido de El País, Búsqueda y Zona Urbana por plagiario contumaz y de un calumniador reincidente que insultó a China Zorrilla y a Sonia Breccia, que se retractó públicamente para salvar el pellejo y ahora vuelve a insultar al director de LA REPUBLICA, mientras que cuando los hermanos Fasano fueron a la cárcel por informar sobre un mega acto de corrupción del Presidente de Paraguay, miraron para al costado cual modernos Pilatos redivivos.

Y sale a defender al calumniador, aun a sabiendas de que su condena sólo tendrá un efecto moral ya que nunca irá preso dado su carácter de primario, obtenido al haberse retractado en el juicio anterior que le iniciara Sonia Breccia.

Al parecer esta Santa Alianza en el ámbito de la prensa hegemónica constituida por la SIP, APU y Búsqueda, tiene como objetivo instaurar un bill de impunidad para los propietarios de los medios de comunicación y para los periodistas. Cualquiera que detente esa privilegiada condición tiene patente de corso para insultar, calumniar, mentir, construir falsedades a sabiendas de su falsedad.

Es la vieja tesis de la dominación. Para quienes detentan el poder, todo, para los súbditos nada.

Si quien hubiera calumniado a China Zorrilla, Sonia Breccia, Galeano y Fasano no hubiera sido periodista, no hubieran protestado al aplicarse el orden jurídico vigente. Esta curiosa propuesta que otorga inmunidad por encima de la ley, no a una profesión noble sino a quienes la enlodan conscientemente, es una vergüenza para el periodismo de todos los tiempos y de todas las latitudes.

Nuestra profesión nos exige que no mintamos, que no calumniemos, que no injuriemos, que no insultemos. Y si no lo hacemos y nos permiten probar nuestras noticias, nada debemos temer del orden jurídico que entre todos los ciudadanos nos hemos impuesto.

Yo no temí cuando fui convocado en 33 oportunidades para responder penalmente por mis dichos. Pude probar y fui absuelto. Y cuando en 4 oportunidades más fui yo el que convocó a los estrados penales a mis calumniadores, tampoco temí por la posibilidad de la indiferencia de la Justicia y en esas 4 oportunidades los injuriantes fueron condenados, salvo uno de ellos que se retractó al afirmar que el insulto no se refería a mi persona.

Me parece que la petición de este trío de malversadores de la ética pública, constituido por la SIP, la actual APU y el semanario Búsqueda es una vergüenza que deshonra a nuestra profesión.

Los periodistas honestos no necesitamos ni de privilegios, ni de títulos honoríficos que nos ubiquen por encima del resto de los ciudadanos, ni de bulas pontificias que nos eximan del cumplimiento de la ley.

Nos basta con nuestra conciencia, nuestra vocación y nuestra porfiada y tenaz búsqueda de las verdades escondidas.