Hoy sigue el juicio civil por el que seis policías demandan económicamente a LA REPUBLICA

En la primera instancia del juicio, en la que las partes expusieron sus versiones ante el magistrado actuante, el juez civil de 2º Turno Juan Carlos Contarín Villa resolvió otorgar plazo, hasta la fecha, etapa en la que se fijará fecha para el alegato.

En la anterior audiencia el juez manifestó la imperiosidad de dos expedientes penales a efectos de continuar correctamente las investigaciones.

Estos expedientes fueron solicitados por la parte demandada; uno con un policía procesado por lesiones graves, y el otro involucra a los cinco restantes, que está en la etapa procesal.

Al momento se ha tomado declaración a la parte demandada, Carlos Peláez, corresponsal de LA REPUBLICA hasta diciembre de 2003, y autor de los artículos en cuestión, y a Horacio Loriente en representación del diario (en virtud de que Peláez, a la fecha, no mantiene ninguna vinculación con el medio).

La parte denunciante interrogó a Peláez sobre algunos aspectos que reflejaban sus crónicas con respecto al caso de Francisco Cardozo, el que según el periodista, y por lo que fueron procesados los policías, sufrió malos tratos tras ser trasladado a la Seccional 11ª de Piriápolis. La causa de la detención, el 26 de julio de 2003, deviene en que Cardozo, de 56 años (en ese momento) en estado de ebriedad, se encontraba orinando en una calle del balneario, frente a la Junta Local.

En razón de los hechos posteriores a su detención, Peláez relató que el oficial Richard Nery Perdomo Lagos y el suboficial Ismael López Ruiz, que fueron en consecuencia procesados y remitidos a prisión, y continúan detenidos aunque con salidas transitorias, por los delitos de «lesiones graves intencionales y abuso de autoridad contra detenidos en concurso formal», fueron acusados de ser torturadores de la víctima. Es en tal sentido que la demanda alega «difamación e injurias», principalmente a raíz de la interpretación del término «tortura», vocablo que al entender de la parte denunciante no corresponde.

Los policías son, además de los mencionados López y Perdomo, Domingo Javier Valdenegro Triten, Richard Sandro Silveira Franco, Martina Isabel Méndez Rocha y Juan Pablo González de Armas, que fueron remitidos por encubrimiento. La doctora Graciela Mendoza ofició como abogado de la parte denunciante. .

Carlos Peláez atestiguó que el objeto de las publicaciones no fue injuriar a la Institución Policial, sino el derecho de la sociedad de conocer una noticia relevante, no solo por la gravedad del hecho en sí, sino por la consecuencia, que fue el procesamiento de funcionarios públicos que tienen encomendadas como principal tarea la de salvaguardar y proteger a los integrantes de la sociedad civil. *