Abogados presentan hoy denuncias  contra los "mandos" de la dictadura

Seis denuncias contra mandos militares de la dictadura, dos de ellas por homicidios y otras cuatro por desapariciones vinculadas al «segundo vuelo» de Orletti, serán presentadas hoy ante la Justicia penal por el grupo de abogados vinculados a denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Los seis casos constituyen el inicio de las presentaciones de causas contra los «mandos militares» del régimen de facto que gobernó el país entre 1973 y 1985, cuyos delitos están expresamente excluidos de la Ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado aprobada en 1986.

Los denunciantes sustentan su presentación jurídica en el artículo 85 de la Ley Orgánica Militar, que define la condición de «mando» como «aquel que tiene facultades de decidir y ordenar dentro de lo establecido por las leyes y reglamentos militares», lo que excede a los comandantes de las fuerzas.

Sin embargo, solicitarán se cite a los generales Gregorio Alvarez, Guillermo De Nava, Juan Curutchet, Fernán Amado, Carlos Daners, Carlos Berois, Juan Rebollo, Raúl Mermot, Juan Geymonat, y Santiago Pomoli, quienes firmaron una carta en la que se responsabilizan de los crímenes de la dictadura.

También se pedirá testimonio a los ex comandantes del Ejército Angel Bertolotti, y de la Armada, Tabaré Danes, como al actual comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, firmantes de los informes que las Fuerzas Armadas brindaron sobre los casos de desaparecidos.

Cuatro de los casos prometen impulsar una «megacausa» sobre los vuelos ilegales y el traslado de detenidos, en particular de un grupo de veinte uruguayos que se creían desaparecidos en Argentina, pero que fueron traídos a Uruguay para ser ejecutados y enterrados en un cementerio clandestino.

 

Pasajeros del «segundo vuelo»

María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Juan Pablo Errandonea y Ary Cabrera, son cuatro uruguayos que desaparecieron en Argentina en 1976, durante la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.

Los cuatro pudieron haber sido pasajeros del «segundo vuelo» de Orletti, en el que una veintena de uruguayos aún desaparecidos fue trasladada ilegalmente a Montevideo el 5 de octubre de 1976, en un avión de Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), según denunció LA REPUBLICA en 2002.

La existencia de aquel vuelo, con uruguayos secuestrados y torturados en el centro de represión conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires, fue confirmado en el año 2005 por el informe oficial sobre desaparecidos elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) por orden del nuevo gobierno.

Ary Cabrera Prats nació en Rivera, donde estudio carpintería, pero luego pasó a ser funcionario del Banco Do Brasil. Militante del sindicato de AEBU y de la ROE, se exilió en Argentina en 1973. Fue detenido en su casa, herido de bala por fuerzas represivas el 5 de abril de 1976. Continúa desaparecido.

Juan Pablo Errandonea Salvia era un militante estudiantil que también pertenecía a la Resistencia Obrero Estudiantil y se exilió en Argentina. Fue detenido el 26 de setiembre de 1976 cuando trabajaba en una imprenta y fue conducido a Orletti, de donde habría sido trasladado a Uruguay.

María Emilia Islas Gatti, era estudiante de magisterio y se integró a la ROE. Se casó con Jorge Zaffaroni, con quien tuvo una hija llamada Mariana. Exiliados en Argentina fueron secuestrados el 27 de setiembre de 1976 y llevados a Orletti. Ambos desaparecieron. Su hija fue criada por represores argentinos.

Juan Pablo Recagno Ibarburu era estudiante de arquitectura y militante del Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Se radicó en Argentina en 1973. El 2 octubre de 1976 fue detenido en un operativo represivo uruguayo-argentino en un café de la calle Cabildo. Llevado a Orletti, continúa desaparecido.

 

La muerte de Hugo Leonardo

El 1º de setiembre de 1973, a sólo dos meses del golpe de Estado de Juan María Bordaberry, el estudiante de Agronomía Hugo Leonardo De los Santos, de sólo 21 años, fue detenido por las Fuerzas Conjuntas. Tres días después su cuerpo torturado fue entregado en cajón cerrado a su familia en Rocha. La autopsia de aquel joven cadáver había sido hecha por el médico militar José Mautone, quien en su confuso certificado de defunción suscribió que De los Santos había muerto por un «edema agudo de pulmón». Una segunda autopsia terminó demostrando que había muerto de un golpe en la cabeza.

La indignación de aquella familia, que no había acatado las órdenes militares de mantener el féretro cerrado, llevó al propio -en ese entonces coronel- general Alfonso Feola, interventor de la Intendencia Municipal de Rocha, a concurrir al velorio de quien todo el pueblo decía que había sido asesinado.

Feola no quería aceptar que miembros de las Fuerzas Armadas pudieran haberlo matado, hasta que la familia De los Santos le dejó ver personalmente los hematomas que el joven mostraba en todo el cuerpo. El militar terminó por admitir: «Los muchachos se pasaron…».

Hugo De los Santos había sido asesinado en el Regimiento 9 de Caballería.

La verdad sobre su muerte fue tapada por una contienda de competencias entre el Juzgado penal de Rocha y el Juzgado militar de 4º Turno. Intervino el fiscal Fernando Bayardo Bengoa, y el caso fue archivado en la Justicia civil.

La muerte fue denunciada a nivel internacional y existe una condena a Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Luego de la reinstitucionalización del país, el caso se replanteó en la Justicia, pero el presidente Julio María Sanguinetti lo amparó en la Ley de Caducidad. *