Blancos definen posición sobre privatización de pagos del BPS

Los representantes del Encuentro Progresista en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados apuran los contactos con las demás bancadas para instrumentar una serie de acciones políticas tendientes a que se derogue el proceso de privatización de pagos en el Interior de las oficinas del Banco de Previsión Social.

El directorio del BPS resolvió el 7 de junio pasado iniciar el pasaje a manos privadas, los pagos de las jubilaciones y pensiones en las ciudades del interior del país.

El 15 de agosto pasado la Cámara de Representantes remitió una minuta explicativa al BPS con la firma de todos los sectores políticos representados en el Parlamento, solicitando la rectificación del programa y el 23 del mismo mes, el directorio del banco ratificó su decisión desoyendo el pedido parlamentario.

Ante esta negativa, altas fuentes parlamentarias aseguraron que ahora «hay dos caminos a recorrer: un proyecto de ley que deje sin efecto la decisión o directamente un llamado a sala del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alvaro Alonso». «Nosotros queremos creer que el actual directorio del Banco va a rever su decisión antes de que adoptemos alguna decisión política» dijo el diputado José Luis Blasina, «por el bien de los pasivos y porque además los actuales directores están caducando su gestión».

Hoy se reúne la bancada de Diputados del Partido Nacional y, según se pudo saber, se definirá qué actitud tomará el nacionalismo sobre este tema.

Apoyo del Interior

Hasta ayer lunes, nueve eran las juntas departamentales que reclamaban al directorio del Banco de Previsión Social dejar sin efecto el programa de privatización y mantener el tradicional pago de pasividades en las oficinas propias del BPS.

Los deliberativos comunales de Canelones, Soriano, Río Negro, Durazno, Rocha, San José, Maldonado, Cerro Largo y Florida aprobaron cursar mensajes en ese sentido. «La idea es cerrar todas las dependencias del BPS del Interior porque el banco, a partir de este mes, no se hará más cargo de los pagos en sus oficinas», afirmó Blasina.

Las empresas concesionarias recibirán por cada pago que realicen, un 0,083 por ciento del valor de una Unidad Reajustable más IVA, lo que equivale a unos 20 pesos promedio.

Al año, el Banco de Previsión Social deberá destinar a las empresas que se hagan cargo de esta tarea, una cifra cercana a los 3 millones de dólares, según los primeros estimativos de algunos integrantes de la Comisión de Seguridad Social parlamentaria. Ese monto se irá incrementando, conforme aumente el valor de la UR.

El ministro del Interior Guillermo Stirling evacuó ayer algunas interrogantes que la Comisión tenía sobre aspectos de seguridad en los pagos en dependencias del BPS.

Si bien no trascendió oficialmente el informe presentado por el secretario de Estado, se pudo saber de fuentes parlamentarias que el Ministerio del Interior vería con buenos ojos que continúen realizándose los pagos en oficinas propias del BPS «porque existen las condiciones básicas y necesarias en materia de seguridad y preservación de bienes».