Argentina agregó datos sobre otras nueve desapariciones

Textos Marcelo Falca, foto Alejandro Arigón, enviados especiales a Buenos Aires

El doctor Carlos Ramela, asesor jurídico del presidente Jorge Batlle, e integrante de la Comisión fue el encargado de recibir en mano la valiosa documentación.

La subsecretaria Conti dijo a LA REPUBLICA, que se entregó «una ficha por cada uno de los desaparecidos, que son aproximadamente 153 de nacionalidad uruguaya. Además de los datos filiatorios consta el lugar de desaparición, la fecha, etcétera.»

«A cada una de estas fichas corresponde un legajo de lo que fue la Conadep, la Comisión Nacional por Desaparición de Personas. Esos legajos fueron enriquecidos con todo el material reunido en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hoy les entregamos los diez primeros legajos fotocopiados y certificados, y luego se entregarán los demás», agregó.

El gobierno argentino también entregó información respecto a «unos nueve casos de desaparición de uruguayos que no figuraban en la lista requerida por la Comisión», y también sobre cuatro niños apropiados, aún desaparecidos, entre ellos el caso de Simón Riquelo. La organización Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta Estela Carlotto participó en el acto, también aportó información sobre estos últimos.

Al acto concurrió además el ministro consejero de la embajada de Uruguay, José Villar. En representación de organismos por los derechos humanos, concurrió el ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), también lo hicieron miembros de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

En su breve alocución, Diana Conti sentenció que la información aportada a la Comisión para la Paz es «patrimonio de la Argentina y de los pueblos que estuvieron sometidos como nosotros a la dictadura militar y al terrorismo de Estado». Estela Carlotto, por su parte, catalogó el material como «patrimonio de la humanidad» y manifestó que «sólo con la verdad y ojalá también con la justicia se consiga reparar tanto daño hecho a nuestros países hermanos».

Ramela agradeció la «eficiente y rápida» entrega de la documentación –la información había sido solicitada hace quince días– por parte del gobierno argentino y de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo. Sostuvo que el material «será un valioso aporte tendiente a cicatrizar estas heridas de nuestro pasado y como lo ha dicho nuestro Presidente a sellar defitiviament la paz entre los urugayos».

«Espero que Uruguay pueda solucionar este tema a la uruguaya, como siempre, con su manera, con su forma pero definitivamente, un capítulo muy triste de la historia», agregó. El ministro argentino de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, sentenció: «Hace algunas décadas las dictaduras militares que gobernaban en esta región celebraban acuerdos para la muerte, para perseguir, para encarcelar, para torturar; hoy las democracias de la región en una circunstancia inédita están celebrando acuerdos al revés: acuerdos para la vida, para la paz, para la verdad».

Más adelante, agregó que «si bien en muchos aspectos los caminos de la punibilidad pueden quedar cerrados, no así pueden quedar canceladas la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento del pasado. La pacificación definitiva sólo podrá alcanzarse a través de la verdad».

El ministro Villar por su parte, remarcó que la entrega de la documentación «es el comienzo de un momento nuevo entre ambos países» y agregó que el gobierno, como asimismo, la embajada, seguirá abierto a mantener «cualquier tipo de contacto con sectores que puedan agregar algún elemento».

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada poco después del retorno de Argentina a la democracia, y tuvo como objetivo la investigación del destino de entre 15.000 y 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar argentina.

Las conclusiones de esa comisión, que también indagó sobre el paradero de desaparecidos provenientes de países vecinos, fueron la pieza clave del juicio que en 1985 condenó a los militares.

A principios de agosto, el presidente uruguayo, Jorge Batlle, creó la Comisión para la Paz con el propósito de investigar el destino de uruguayos denunciados como desaparecidos durante la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985.

La instalación del grupo, que preside el arzobispo de Montevideo, fue la primera acción de gobierno, desde el retorno a la democracia, tendiente a aclarar definitivamente el tema de las desapariciones.

Se estima que unos 160 uruguayos desaparecieron entre los años setenta y ochenta, principalmente en la República Argentina, aunque también hubo casos en Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile.