-Incluso puede haber modificaciones de la norma…

-De la norma y de cómo se interpreta. Lo importante es que el curso para los jueces les dé acceso a un enfoque bidimensional, por lo menos: el que puedan dar los profesores de Derecho y el que tenga el magistrado, que son ópticas un poco diversas.

-Podríamos augurar un nuevo juicio apenas se despeje qué va a pasar con la norma sobre ocupaciones de lugares de trabajo, por ejemplo…

-Ese tema es un tema pendiente en la agenda, pero que está ya conversado a nivel de nuestra comisión directiva, que también tiene que ser tratado en los cursos. El curso actual no lo incluyó, pero habrá que hacerlo en su momento. Ya está decidido que lo hagamos.

 

La independencia presupuestal

-El tema presupuestal sigue siendo fundamental. Mi pregunta es: ¿usted participa de la opinión de que el Poder Judicial debe tener un presupuesto independiente?

-Sí, por supuesto. Es una reivindicación que ha hecho la Asociación de Magistrados desde toda su vida, la asignación de un presupuesto independiente, la asignación de una partida fija del presupuesto nacional, de manera que al Poder Judicial se le garantice, también de esa manera, su independencia.

-Claro, parecería que el andar buscando recursos en otros poderes del Estado recorta, aunque sea sicológicamente, la independencia que debe tener el Poder Judicial a plenitud.

-Y por supuesto que esa pobreza endémica del Poder Judicial, aunque fue mejorada en el último presupuesto, afecta a todos los sectores, no solamente los jurisdiccionales. Nuestros lugares de trabajo son, en general, de dimensiones escasas, muy sobrios, aunque lo esencial, lo determinante para hacer cosas creativas y para seguir en pie, es el recurso humano. Por ahora, las carencias de recursos materiales se suplen con la capacidad y el compromiso humanos.

-¿Es cierto que los procesos judiciales siguen siendo lentos en Uruguay?

-Esa es una percepción relativa. En este sentido: si partimos de que los procesos antiguamente duraban diez o quince años, y posteriormente pasaron a durar dos años, bueno, el Uruguay ha logrado que sus procesos sean menos lentos. Ahora, toda vez que se habla de la lentitud de la justicia se hace a partir de quien se cree asistido por la razón, y que efectivamente la tiene, pero para que la justicia lo determine hay que atravesar una serie de etapas, entre ellas la de la que uno hable, diga lo que reclama, el otro conteste, diga por qué se defiende, y ambos aporten la prueba del caso. El juez se toma apenas treinta días para sentenciar y luego hay instancias superiores para revisar la sentencia. El desafío es cómo compatibilizar la celeridad que requiere el que demanda con la que requiere el que se defiende y a quien también hay que darle garantías. Igualmente es cierto que con algunos ajustes a los Códigos y con un mayor número de jueces el proceso se acelera.

-Se ha hablado, por otro lado, de que la Corte tiene una cantidad insuficiente de miembros.

-La Corte está muy acotada en número, porque sólo tiene cinco miembros, y ese número ya no existe en ningún lugar del mundo, y debe funcionar como una sala a pleno permanentemente. Ha tomado algunas medidas, a mi juicio correctamente, porque además es una Corte constitucional, tendientes a privilegiar la función jurisdiccional en detrimento de la función administrativa. Parte de ésta la ha delegado en la Dirección General de los Servicios Administrativos.

-Una buena solución sería entonces incrementar el número de miembros. Lo digo porque recuerdo que, en un reciente reportaje, el doctor Eduardo Lombardi, ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sugería una suerte de integración con la Suprema Corte…

-Claro, permitiría aumentar el número de miembros y permitiría organizar la actividad por salas. *