Ley obstruye acción judicial, según Amnistía Internacional

En Uruguay hubo «avances» en las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), pero la Justicia se ha visto obstruida por la llamada Ley de Caducidad, que evitó juzgar esos delitos, afirma Amnistía Internacional (AI). «Se registraron avances en el manejo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los 1970 y los 1980″, dice el informe anual 2005 de AI publicado el martes, aunque señala que «la mayoría de los casos judiciales se vieron obstruidos por la Ley de Caducidad de 1986″. Esa ley, que fue ratificada en 1989 por un referéndum, impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aunque habilitó la investigación de lo ocurrido con los desaparecidos y excluyó casos que tuvieran motivaciones económicas o que no se enmarcaran en la lucha política. AI indica que el gobierno no impulsó intentos para abolir la Ley de Caducidad. El gobierno de Tabaré Vázquez, que asumió el 1 de marzo de 2005, «inició un número de investigaciones para establecer el destino y los lugares de entierro de los desaparecidos durante el gobierno militar», señala el informe, y añade que los «lugares investigados incluyeron cuarteles militares de donde se recuperaron restos». Un equipo de antropólogos que realiza excavaciones en cuarteles y otros predios halló los restos de dos desaparecidos: Ubagesner Chaves Sosa en una chacra cercana a la ciudad de Pando (40 km al noreste de Montevideo) y Fernando Miranda en el Batallón 13, en las afueras de la capital, donde se hallaron otros restos óseos que aún no han sido identificados. Asimismo, el informe constata que se produjeron «malos tratos contra detenidos y duras condiciones en las prisiones». *