Justicia Federal argentina evalúa crear un "megajuicio" contra la "patota" de la OCOA

Los tres jueces federales argentinos que indagan delitos de lesa humanidad cometidos durante la coordinación represiva de las dictaduras en los años setenta, analizan realizar un «megajuicio» contra los cinco militares y el policía uruguayos detenidos en Montevideo, en trámite de extradición. A la requisitoria ya solicitada por el juez Guillermo Montenegro, en el marco de la causa «Plan Cóndor», se agregaría una ampliación de delitos que pedirán los jueces Norberto Oyarbide y Daniel Rafecas, quienes también están instruyendo causas que comprometen a los mismos represores uruguayos. Daniel Rafecas está investigando los «pozos» en los que la dictadura Argentina torturó y asesino a sus opositores, y entre ellos se encuentra el centro de represión «Automotores Orletti», donde la «patota» de la OCOA (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas) operó contra los uruguayos. Norberto Oyarbide instruye los casos de usurpación de identidad sobre Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez, quien permaneció «desaparecido» durante 26 años, y la causa sobre Macarena, hija de María Claudia García de Gelman, trasladada en el vientre de su madre a Uruguay y entregada a un policía. Montenegro solicitó la extradición de los militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, José Arab y Gilberto Vázquez, y del ex policía Ricardo «Conejo» Medina, quienes ya se encuentran detenidos en Montevideo. También inició trámite en Brasil para extraditar al prófugo Manuel Cordero.

Aunque ya existe una coordinación entre los respectivos juzgados, los tres magistrados deberán resolver si continúan investigando por separado los delitos cometidos por el mismo grupo de represores uruguayos o confluyen sus trabajos en un único juicio sobre el grupo de extraditables.

 

¿Más extradiciones?

Una serie de elementos nuevos han sido incorporados en los últimos días a las causas que procesa la Justicia federal argentina y donde se compromete a otros militares, policías y civiles uruguayos cuya extradición también podría ser solicitada por casos de violaciones a los derechos humanos. El abogado argentino Mauricio Buigo, representante del poeta Juan Gelman, pidió formalmente a los jueces Oyarbide y Rafecas que soliciten al juez Montenegro una ampliación del pedido de extradición de los cinco militares y el policía uruguayo para que también sean juzgados por otros delitos.

La doctora Hebe Martínez Burlé, querellante ante Rafecas y Montenegro por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976, ingresó días atrás distintos documentos que pueden comprometen al ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco.

Oyarbide también incorporó esta semana una serie de pruebas aportadas por LA REPUBLICA a través de las investigaciones periodísticas que ayudaron a encontrar a Simón Riquelo, revelaron la existencia del «segundo vuelo» de Orletti y ubicaron la «Base Valparaíso» donde María Claudia fue asesinada. Ayer, el senador Rafael Michelini también prestaba testimonio ante el juez Oyarbide por los casos Simón Riquelo y Macarena Gelman. Michelini fue quien encontró al hijo de Sara Méndez y a quien el ex presidente Jorge Batlle confió que el ex granadero Ricardo Medina había asesinado a la nuera de Gelman. La contundencia de las pruebas contra los ex represores uruguayos motivaría en los próximos días una solicitud de la Justicia federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se declare inconstitucional un «indulto» que el ex presidente Carlos Menem otorgó a alguno de los extraditables. *