para que rija el nuevo CPP"

Eduardo Delgado

–¿Cuáles son los grandes lineamientos que tiene previsto seguir durante su gestión?

–Nosotros hemos propuesto en nuestra plataforma de las elecciones distintos aspectos, uno de ellos hacía referencia a la carrera judicial, porque en este momento hay una acordada de la Corte que regula la carrera en el sentido de los nombramientos y los traslados. Pero en el año 98 la Asociación de Magistrados votó en una asamblea otro proyecto de acordada que regularía los traslados y ascensos de los jueces. Ese proyecto está aún a estudio de la Corte, no ha tenido una resolución en sentido positivo o negativo. Justamente una de nuestras metas es que la Corte resuelva sobre este tema, pretendemos que lo acepte pero de cualquier manera queremos que la Corte lo resuelva. Hemos hecho hincapié en el aspecto de la solidaridad entre los magistrados, ya que nuestro gremio es chico, aproximadamente unos 500. No somos tantos como para no tener medios más solidarios de los que hay ahora. Se han aprobado algunos proyectos en este sentido, como un fondo de solidaridad que existe desde el año 98 y pretendemos seguir trabajando en el tema, apostando a la unión de todos los jueces, teniendo en cuenta que somos pocos y a veces con tendencias encontradas por lo que no tenemos una unión como existe en otros gremios. Queremos que la gente concurra a la Asociación de Magistrados, a la casa de la calle Charrúa, que sea habitual ir allí no sólo cuando hay una asamblea o una reunión interesante, sino que se haga partícipe de acontecimientos menores, que en el aspecto académico se concurra a la asociación a charlas técnicas y seguir con la rutina de los congresos periódicos que se hacen en el interior para ilustrar a los jueces del Interior, que generalmente tienen menor acceso a los libros, etc. que existen en Montevideo.

–Pero imagino que temas como el presupuesto deben generar inquietud.

–En el aspecto más coyuntural tenemos lógicamente en la carpeta la ley de presupuesto nacional quinquenal y la ley de jubilación que nosotros proponemos, ya que como ustedes saben estamos topeados no sólo los jueces sino toda la población a partir del acto 9. Pretendemos que habida la circunstancia muy especial de los magistrados que no pueden ejercer ningún otro tipo de profesión, no pueden tener otro desempeño que pueda ser redituable en el futuro, se apruebe una ley que ya ha sido presentada a la Cámara de Diputados e incluso estamos haciendo los contactos pertinentes, hemos hablado con el ministro de Trabajo y de Seguridad Social, hemos hablado con la Comisión de Seguridad Social del Senado y hay otras reuniones concertadas a los efectos de seguir propiciando que se llegue a aceptar esta propuesta.

–¿Es verdad que incluso algunos jueces antes de jubilarse se retiran a ejercer en forma privada para poder equiparar sus ingresos?

–Claro. Lo que pasa es que el juez que se retira con 70 años cumplidos, que es más o menos cuando se retiran, se va con 15 salarios mínimos, lo que para un ministro de un Tribunal de Apelaciones es la mitad o menos del sueldo que perciben. Y si se retira antes de los 70 años ni siquiera eso tiene, sino sólo 8 o 9 salarios mínimos. El juez cuando se retira no ve la recompensa de una actividad que llevó años en beneficio de la Justicia y no pudo hacer absolutamente otra cosa, y por otro lado debe necesariamente llegar a los 70 años porque si se retira antes se va con mucho menos sueldo. De manera que a su vez está trancando el ascenso de personas más jóvenes, con todos los trastornos que esto causa.

–¿Cuál es su opinión sobre el nuevo Código del Proceso Penal?

–Nosotros pensamos que no están dadas las condiciones para que entre a regir el Código, lo que debería ser en febrero. Estamos prácticamente sobre los finales del año y no vemos cómo puede entrar a regir un código que todavía no cuenta con la infraestructura necesaria en el aspecto locativo y personal. Sin perjuicio que desde el punto de vista técnico no queremos abrir un juicio terminante del tema, pero creemos que no sería beneficioso que entrara en vigencia en febrero, con las condiciones que hay en este momento.

–¿Está de acuerdo con que ya no sea secreto el presumario?

–No necesariamente tiene que venir un nuevo código para sacar el secreto de presumario. Nosotros vemos que hay puntos a favor y en contra; muchas veces lo de secreto puede llevar a pensar que existen pesquisas, cuestiones turbias, etc., que no se les da el acceso debido a las personas al presumario. Pero por otro lado si esto se hizo así desde tiempos inmemoriales es en cierta medida para preservar muchas investigaciones y para no causar daños morales incluso antes de los procesamientos. Ya con el procesamiento se causa un daño importante a las personas y sin embargo sobre ellos todavía hay un principio de inocencia hasta que no sobrevenga una sentencia de condena. Imagínese que si trascendieran cosas del presumario el daño podría ser mucho mayor aún.

–A nivel político en algún momento se planteó crear la figura del arrepentido, fundamentalmente para los llamados delitos de cuello duro, lo que finalmente no prosperó. ¿Qué le parece esa figura?

–No existe en nuestro Derecho la figura del arrepentido, tampoco del confidente para bajar penas, como a veces es común en el Derecho anglosajón. En mi óptica personal no soy muy partidario de ese tipo de cuestiones, porque en cierta medida trastrocan lo que es el sentido de la Justicia.

–Fueron muy comentadas las críticas publicadas por la revista Posdata contra el juez Juan Contarín, acusándolo de cambiar un fallo luego de reunirse con el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez. ¿Qué reflexión le merece ese tema?

–Nos hemos referido al tema en más de una oportunidad, incluso la Asociación de Magistrados sacó un comunicado en el cual se deploró ese tipo de manifestaciones, en el entendido de que no hacen más que crear una desazón en la población respecto a cuál es la labor de los jueces. No pretendemos que los jueces sean personas intocables, intachables, que no se pueda decir nada de ellos y que no sean susceptibles de cometer conductas inmorales o ilícitas, pero creemos que cuando existen tales conductas deben denunciarse con las pruebas pertinentes ante las autoridades competentes. Las denuncias que se hacen en los medios sólo conllevan al descrédito para las personas que ejercen la justicia. Por eso la Asociación de Magistrados hizo publicar el comunicado no en apoyo de la persona Contarín, a la cual podemos apoyar mucho porque la conocemos, sino en apoyo de la persona como juez.

–Sin embargo, después de una carta hecha pública por el doctor Contarín la defensa de Flores Silva pide la recusación del juez.

–Yo no tengo conocimiento de cuáles fueron las derivaciones surgidas después de este hecho. Desde luego que sé que el doctor Contarín redactó una carta que fue elevada la Suprema Corte de Justicia y que trascendió a algún medio.

–Más allá del caso puntual del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, sobre la grabación de una conversación entre la jueza Fanny Canessa y el fiscal Gilberto Rodríguez, ¿los jueces están facultados para grabar conversaciones?

–Diría que no están facultados ni que dejan de estar facultados. Es una cuestión personal. No me parece correcto que un juez grabe una conversación que tiene con un fiscal si vamos al caso, como no creo que lo haya hecho un juez. Habría que ver un caso particular, pero no existe una prohibición de grabar una conversación, como cualquier persona podría grabarla o no. Lo que me parece de todo esto es que no puede darse la lectura de
que los jueces graban conversaciones para después usarlas en detrimento de otras personas o de todo el sistema jurídico. De manera que en mi óptica personal, sin perjuicio de que no existen pruebas –y no creo que la jueza haya grabado la conversación que se menciona–, no está bien usarlas después en detrimento de todo el sistema.

–Justamente tengo entendido que uno de los puntos a tratar por la Asociación de Magistrados es la creación de un Código de Etica.

–Ese fue uno de los puntos que postulamos en los momentos previos al acto electoral y requiere una aclaración, porque más de una persona me ha preguntado si el Código de Etica responde a que se han detectado conductas inmorales o no éticas de los jueces, como se dice sucede en otros países, y la respuesta es negativa totalmente. En Uruguay estamos lejos de eso. No vamos a decir que no pueda existir algún caso aislado, pero no es algo relevante. Simplemente esto pretendía ponernos a tono con otros países y organizaciones más avanzados que cuentan con un Código de Etica.

–¿Cómo es la relación de los magistrados del Uruguay con sus pares de la región?, ¿hay contacto entre las asociaciones que los agrupan?

–Sí, la Asociación de Magistrados del Uruguay integra la FLAM, que es la Federación Latinoamericana de Magistrados. Tenemos reuniones regionales en el ámbito del Mercosur también, que son muy positivas y, a su vez, la Asociación de Magistrados del Interior integra la UIM, que es la Unión Internacional de Magistrados, la que nos nuclea a escala mundial. Pero a nivel regional existen contactos, congresos y reuniones muy productivas.