Programa de U$S 50 millones del BID genera disputa en el gobierno

En el marco de los convenios de colaboración con el BID se acordó un programa denominado Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT2). Es un programa dirigido a apoyar iniciativas de innovación tecnológica básicamente a nivel empresarial. El préstamo es por un monto total de U$S 50 millones, integrados de la siguiente forma: U$S 30 millones aportadas por el BID, U$S 10 millones del presupuesto local y U$S 10 millones de las empresas.

La batalla por el control de esos fondos se libró entre bambalinas en los últimos dos meses.

La intención primaria de la presidencia de la República era que el proyecto se administrara a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicyt). En ese organismo está representado el Poder Ejecutivo, la Universidad de la República y las cámaras empresariales. Fuentes del Edificio Libertad señalaron a LA REPUBLICA que «de esa manera se aseguraba una gestión transparente y plural de un volumen de dinero muy importante dirigida a un área que consideramos clave para el desarrollo del Uruguay».

Esta concepción era apoyada por el BID, sin embargo, con el telón de fondo de la disputa permanente entre los distintos sectores que conforman la coalición de gobierno, el Herrerismo jugó fuerte para quedarse con la gestión de este préstamo.

Mercader pega primero

El ministro de Educación y Cultura, Antonio Mercader, comenzó a mover sus piezas buscando que la gestión del préstamo quedara en la órbita de su secretaría de Estado.

Mercader ha sido la voz cantante del Herrerismo en el Poder Ejecutivo, fue el encargado de explicitar los planteos nacionalistas en torno al Presupuesto en la reunión del Consejo de Ministros y ha protagonizado algunos roces más o menos públicos con Batlle.

El más notorio se produjo cuando Mercader cuestionó severamente al fiscal de Corte Oscar Peri Valdez en una Comisión Parlamentaria y recibió un mensaje de Batlle recordándole que su cartera tenía que fallar en la investigación administrativa sobre las denuncias de la jueza Fanny Canessa. El Presidente le hizo llegar su preocupación por la ecuanimidad con que se iba a producir ese juicio. Mercader comenzó haciendo trabajar muy fuerte a la Dirección de Ciencia y Tecnología del MEC, cuya titularidad ocupa el ingeniero agronómo Alberto Majó Piñeyrúa, un hombre de su más absoluta confianza.

La intención clara fue dejar el préstamo bajo la órbita privilegiada del MEC y darle así al Herrerismo el manejo de 50 millones de dólares para repartir básicamente entre los empresarios.

Mercader y Majó fueron el 23 de agosto a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y explicaron los alcances del proyecto.

Majó explicó incluso cómo se van a distribuir los fondos. Dijo que el subprograma de empresas se va a llevar el 50% del presupuesto del Programa y «significa un cambio relevante para los apoyos en materia de ciencia, tecnología e innovación que ha tenido el Uruguay hasta este momento».

En tanto, el subprograma II, según señaló Majó, «es un programa al que llamamos de Desarrollo y Aplicación de Ciencia y Tecnología, que se va a llevar 46% del Programa donde, por supuesto, los beneficiarios van a ser nuestros centros de investigación: la Universidad, el INIA, el LATU, el Inape, etc».

Asimismo, sostuvo el jerarca «va a existir un subprograma mucho menor, al cual se va a destinar el 4% del Presupuesto, que apunta a fortalecer la fase de diseño de políticas, la coordinación entre las instituciones y también a las instituciones propiamente dichas».

Mercader pega dos veces

Estos movimientos no pasaron desapercibidos para Batlle y su entorno. Los informantes señalaron a LA REPUBLICA que en varias oportunidades, desde el Edificio Libertad, «Mercader recibió mensajes inequívocos de malestar por la intención de adueñarse de la gestión del préstamo». Las fuentes agregaron que «por lo menos una vez uno de los colaboradores directos de Batlle le manifestó a Majó que «ese no era el camino».

Mercader, con el aval político de Luis Alberto Lacalle, siguió adelante y pasó a una fase nueva.

Sin consultar con el Edificio Libertad instaló una comisión de tres miembros, «todos operadores de confianza del ministro» según las fuentes, que sería la encargada de definir quién iba a ser el coordinador del proyecto.

Para designarlo y respetando las exigencias del BID y de Presidencia de la República se hizo un llamado público a través de la prensa.

Sin embargo se aseguró el control de la gestión de dos maneras: designó dos coordinadores en lugar de uno como habían propuesto el BID y Presidencia; el segundo coordinador designado que se ocupará de la parte administrativa del proyecto, vale decir de la gestión de los fondos, es un hombre de su absoluta confianza.

Mercader informó el viernes pasado al Conycit la designación del ingeniero Pablo Dach, del Instituto Electro de la Facultad de Ingeniería como coordinador del PDT 2 y el nombramiento del sociólogo González Cravino como coordinador operativo administrativo.

La noticia sorprendió al Conycit.

Malestar generalizado y respuesta de Batlle

Batlle fue informado el sábado luego de arribar de Brasilia y antes de partir a EEUU. El Presidente recibió un memorándum redactado por sus colaboradores más cercanos. Según las fuentes no le cayó nada bien y no se descarta que tras su retorno tome alguna resolución con respecto al tema.

Los informantes señalaron a LA REPUBLICA que «Batlle tiene un especial interés por el tema tecnológico y le asigna una importancia estratégica. Esta es un área donde quiere operar directamente y además con participación directa de los principales actores, investigadores, Universidad y empresarios».

«Es muy difícil –agregaron– que Batlle permita que uno de los préstamos más importantes que habrá en este período sea administrado casi exclusivamente por el Herrerismo, como ocurrirá si quedan firmes todas las resoluciones de Mercader».

Un aspecto adicional que crea fricción es la designación de González Cravino como coordinador administrativo.

Tanto Batlle como el BID se pronunciaron claramente a favor de un solo coordinador del proyecto y plantearon el cargo como eminentemente técnico.

Mercader pasó por alto esas recomendaciones y colocó al sociólogo Gónzalez Cravino como responsable administrativo, vale decir, cuya principal tarea será manejar los fondos.

González Cravino fue uno de los responsables de los cientos de polémicos y controvertidos contratos de obra que se vehiculizaron en el Fondo de Acción Social (FAS) de Presidencia de la República.

Según las fuentes, Batlle se opone «especialmente» a la presencia de ese funcionario que trabajó durante las administraciones de Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

Larga lista de opositores

La oposición a la movida herrerista para quedarse con la administración de un fondo de 50 millones de dólares para apoyar básicamente a empresarios es muy importante y variada.

En primer lugar se opone el Presidente de la República, que no quiere que uno de los préstamos más importantes para el área tecnológica escape a su control y que además no quiere a González Cravino trabajando para el gobierno.

Se opone el BID, tanto en Montevideo como en Washington, que quiere una estructura técnica y no política gestionando el programa.

Se opone la Universidad que quedó prácticamente marginada de las decisiones sobre un volumen de fondos para investigación importantísimo. La importancia de los 50 millones d
e dólares queda dramáticamente clara si se la compara con los 800 mil dólares que recibirá el Fondo Clemente Estable y el millón de dólares que recibirá el Fondo de Investigadores.

El desacuerdo según las fuentes consultadas por LA REPUBLICA se extiende al Conicyt, los investigadores científicos e incluso los representantes empresariales que no fueron consultados.