Pedidos de renuncia cruzados a raíz de actuación de DGI y fallo judicial

El senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio consideró que los dichos del director de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat, al afirmar que «por suerte los Eguren son los menos», al cuestionar al juez por su pronunciamiento judicial sobre los dueños de La Pasiva, son «insólitos, fuera de lugar» y constituyen «un error grueso, inhabilitante para el cumplimiento de la función».

En declaraciones a LA REPUBLICA, Rubio dijo estar a la espera «de las aclaraciones que hace el contador Zaindensztat». «Han salido en el día de hoy y se han publicado en un medio de comunicación (diario El Observador), declaraciones del director de la DGI (Eduardo Zaindensztat) que realmente resultan absolutamente insólitas y fuera de lugar.

Yo no me pronuncio sobre el fondo del problema porque lo desconozco en relación con la defraudación que habría existido de parte de los propietarios de esta cadena de comidas (la Pasiva)», señaló el parlamentario. Para Rubio, «cuando uno no está de acuerdo con una resolución del Poder Judicial, en este caso de un juez, y es un jerarca público, debe seguir la vía correspondiente y apelarla y seguir este camino que está en manos del Poder Judicial. No puede salir públicamente a descalificar jueces en términos que me parecen terribles». A su entender, «el director de Rentas debe aclarar, si quiere apelar que siga el procedimiento y tendrá el respaldo político y de la sociedad pero no puede realizar imputaciones de ese calibre sobre un miembro del Poder Judicial, salvo que se tengan pruebas de otro orden que también habrían que interponer en el Poder Judicial».

Por consiguiente, «me parece que si estos dichos se confirman, el director de la DGI ha cometido un error muy grueso que es inhabilitante para cumplir la función en la que está a cargo».

Rubio estimó que «cuando uno no está de acuerdo con una resolución de un juez y es un jerarca público o un miembro de la sociedad, tiene el camino dentro del Poder Judicial para apelar a la misma pero lo que no puede hacer es imputaciones públicas de ese orden y de esa naturaleza».

«Me parecen desproporcionadas, tenga o no tenga razón sobre el fondo del problema porque está lesionando la independencia de poderes y está contraviniendo normas y reglas de conductas que están muy establecidas en la sociedad uruguaya», evaluó.

El legislador de la VA estima que «me resulta totalmente sorprendente, espero que se rectifique, y que no hayan tenido el alcance que aparece en un medio de comunicación porque si tuvieron ese alcance son absolutamente inhabilitantes para desempeñar el lugar en el que está. Aquí algo está de más, algo o alguien está de más».

En el caso que el jerarca mantenga esta postura, Rubio dijo que «no podría seguir, con independencia de si tiene o no razón sobre el fondo del problema, sobre el grado de responsabilidad de los empresarios».

«El otro problema es el de la independencia institucional, y yo en materia de independencia institucional la defiendo a muerte, estando de acuerdo o en desacuerdo con los jueces y lo he probado a través del tiempo.

No creo que ningún jerarca público por más importante que sea pueda hacer este tipo de imputaciones por los medios de comunicación y no seguir los recursos correspondientes».

 

Blancos contra secretario presidencial

El Partido Nacional pidió ayer una vez más la renuncia del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, debido a que su estudio jurídico defendió a los directores de la reconocida cadena gastronómica La Pasiva, que fueron procesados este lunes sin prisión por defraudación fiscal.

El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo ayer que hizo un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia y que ésta le reveló que Fernández, en su actividad privada, es el abogado defensor de 42 causas penales que se llevan adelante en varios juzgados, 10 de ellos en el interior del país.

«Hay 11 causas donde el Estado es el perjudicado, ya sea (a través de) la DGI, Aduanas, Ancap u otros. El doctor Gonzalo Fernández incurre en un conflicto de intereses inadmisible. Más de una vez he dicho que los hechos nos van a dar la razón. Fernández debe renunciar a la Secretaría de la Presidencia de la República o a su actividad como abogado defensor, porque es inadmisible para la independencia que debe tener el proceso penal», explicó.

El secretario de la Presidencia, por su parte, cuenta con el apoyo total del presidente Tabaré Vázquez, dijeron a LA REPUBLICA fuentes de la presidencia.

Por otra parte, allegados a Fernández dijeron a LA REPUBLICA que el secretario de la Presidencia no tiene nada que ver con la defensa de los propietarios de La Pasiva.

La defensa es ejercida por los doctores Carlos Dentone e Inés Pereda, quienes no pertenecen al estudio de Fernández. Justamente estos dos profesionales están elaborando un informe para dar a conocer públicamente sobre los daños causados a La Pasiva por lo que entienden ha sido una agresiva campaña de desprestigio contra la firma, que no se condice con la actitud que han tenido los recientemente procesados.

En ese sentido, se reafirmará en ese comunicado que la deuda ajustada de los cinco locales de La Pasiva (La Pasiva es el nombre de fantasía) es según la propia DGI de cerca de U$S 4 millones, en tanto los asesores de la firma entienden que la deuda es mucho menor, U$S 2 millones, de los cuales ya se han pagado U$S 1,7 millones.

Se entiende además, desde el punto de vista procesal que lo actuado por el juez Eguren estuvo ajustado a derecho al constatar que quienes resultaron ser procesados sin prisión son primarios, confesaron el delito, iniciaron el pago voluntario de la deuda, además de ser personas de avanzada edad y el delito que cometieron no es penalmente grave.

El director de Rentas por su parte, que no quedó nada conforme con la actuación judicial, le había sugerido a Eguren que el castigo debía ser con prisión y por un delito de asociación para delinquir. *