Hoy se realiza la primera reunión de trabajo de juristas uruguayos con vistas a La Haya

Con tal motivo fue que en las primeras horas de la víspera llegaran a Montevideo los embajadores uruguayos en Francia y Estados Unidos, Héctor Gros Espiell y Carlos Gianelli; así como los abogados expertos en controversias ambientales del bufete estadounidense Foley Hoag LLP, que fueron contratados por el gobierno y cuentan en su currículum con varios juicios ganados en los tribunales internacionales, incluso uno en el que vencieron a su propio gobierno en un conflicto con Nicaragua.

A estos profesionales se sumarán los letrados del Ministerio de Relaciones Exteriores y juristas uruguayos de experiencia internacional como Edison González Lapeyre y Alberto Pérez Pérez.

De acuerdo a lo explicado por el embajador Gros Espiell, el cometido principal de esta sesión de trabajo (a la que también asistirá el canciller Reinaldo Gargano) será «fijar un poco las líneas de acción. Y especialmente la relativa a lo que va a sostener Uruguay en las audiencias del 8 y 9 de junio, que son las instancias donde la Corte evaluará el pedido argentino de suspender las obras como medida cautelar».

En esas audiencias cada una de las partes tendrá cinco horas para presentar sus alegatos. La primera argumentación argentina se realizará el jueves 8 a las 5 de la mañana de Uruguay, y la coordinada por Gros Espiell cinco horas más tarde. Estas instancias judiciales tienen la particularidad de poder ser televisadas en directo.

El ex canciller se mostró optimista respecto a que el tribunal internacional no dé lugar a la solicitud argentina, ya que «Uruguay tiene muy serios argumentos a favor para que no prospere la suspensión de las obras por vía de medidas cautelares. No solamente la esperanza, sino muy buena argumentación basada en lo que es la jurisprudencia de la Corte en esta materia, es decir, los antecedentes jurisprudenciales. Además, porque no hay ningún derecho violado con carácter grave, ni inminente, ni irreversible», debido a que la construcción de las instalaciones de las plantas no provoca contaminación en el ambiente que las contiene.

El fallo de la Corte Internacional acerca de este punto se conocerá entre fines de julio y principios de agosto mediante una ordenanza que determinará la continuidad o no de las obras mientras se dirime la demanda propiamente dicha.

 

Documentos argentinos defienden a Uruguay

Como se recordará el litigio iniciado por Argentina se basa en la supuesta violación por parte de nuestro país del Tratado del Río Uruguay.

Al margen de los pormenores de su estrategia legal, Uruguay negará la acusación argentina de haber violado acuerdos y normas internacionales y como prueba exhibirá las actas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), donde las delegaciones de ambos países acordaron crear una comisión especial para monitorear de forma conjunta las plantas de celulosa una vez que comiencen a producir.

La segunda prueba que reforzará la tesis uruguaya de que el actual conflicto ya fue superado hace dos años, será la Memoria Anual del Estado de la Nación Argentina de 2004, donde en las páginas 107 y 125 el presidente Néstor Kirchner informa al Congreso de tal situación.

Además del acta donde los cancilleres de esa época, de Argentina Eduardo Bielsa y de Uruguay Didier Opertti, dan por superado el diferendo.

Según puntualizó Gros Espiell ese proceso comienza con la presentación por parte de Argentina de una memoria, que deberá redactar en un plazo de entre seis y nueve meses. Luego el tribunal otorgará un plazo similar a Uruguay para que realice una contramemoria.

Despues la parte demandante tendrá seis meses para presentar una réplica a los argumentos uruguayos; si la remite la defensa gozará de un plazo idéntico para remitir una dúplica.

Tras esos meses -o años- de lectura y redacción de documentos recién llegará el momento de las audiencias orales, las que serán seguidas del fallo inapelable de la Corte. Se estima que ese momento llegará dentro de unos dos años y medio como mínimo, y unos cinco como máximo.

 

Contrademanda

Cabe señalar que una vez presentados los descargos a los argumentos esgrimidos por Argentina, el gobierno evaluará si eleva una contrademanda ante La Haya por el daño económico que provocaron los cortes de ruta y el bloqueo sistemático de los puentes fronterizos.

En caso de decidir el inicio de ese litigio paralelo, la defensa uruguaya indicará que el gobierno argentino es responsable de esos daños puesto que su inacción representó un aval a los cortes como medida legítima de protesta.

Asimismo, se argumentará que la actitud del primer mandatario argentino violó la carta constitutiva del Mercosur, por cuanto impidió el libre tránsito de mercaderías y personas entre dos países miembro del bloque regional. *