Juez Lecchini asumió caso de la extradición de seis ex represores

Como ya se adelantó, el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia se deriva de la «Planilla de Turnos para el diligenciamiento de oficios y exhortos». Allí consta que el trámite debe recaer sobre el juez que estuvo de turno a la fecha que luce el exhorto remitido desde Argentina.

De modo que el exhorto al ser presentado por el embajador argentino Hernán Patiño Meyer, fechado el 26 de abril, coincide con el turno de Fernández Lecchini, que se extendió por todo el mes de abril. El exhorto, remitido por el juez federal argentino Dr. Guillermo Montenegro, requiere la potestad de juzgar en Argentina a los ex militares uruguayos José «Nino» Gavazzo, Ernesto Avelino Rama, José Ricardo Arab Fernández, Jorge «Pajarito» Silveira Quesada, Ricardo José Medina Blanco, Gilberto Valentín Vázquez Bisio y Julio Vadora, este último fallecido.

Como primer paso Fernández Lecchini pedirá las actuaciones a quien actuara en la tramitación de detención preventiva que se lleva a cabo desde el pasado sábado, la doctora Aída Vera Barreto, jueza Letrada Penal de 20º Turno.

La magistrada libró las comunicaciones correspondientes al Ministerio del Interior para detener a los mencionados ex militares, luego de estudiar la legalidad y pertinencia de la solicitud de la Justicia argentina, y luego de comunicar la medida formalmente a sus abogados.

La defensa de los ahora detenidos está a cargo de la doctora Rosana Gavazzo, la doctora Estela Arab, y los doctores Miguel Fernández y Julio Suárez Franco.

Luego de estudiados los antecedentes remitidos por la doctora Aída Vera Barreto, el magistrado deberá cumplir la formalidades del caso comunicando el inicio del trámite de extradición a los requeridos y su defensa.

Trascendió ayer que la jueza Vera Barreto no planteará contienda de competencia en este caso.

Lecchini dará a la defensa cinco días hábiles para que presenten sus descargos.

En Argentina, el expediente del juez solicitante se caratula «Videla, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal».

La causa investiga la vinculación entre militares de países latinoamericanos que pactaron un acuerdo criminal denominado «Plan Cóndor».

Este operativo se caracteriza por la extremada consumación de ilícitos como desaparición forzada de personas, tortura, detenciones ilegales, o directamente asesinato.

Parte del aparato montado para la cooperación antisubversiva entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, son los conocidos vuelos de la muerte, además de vuelos comerciales que perseguían el mismo fin.

En tal sentido es que el ex general Jorge Rafael Videla está siendo procesado con prisión preventiva desde el 10 de julio de 2001. *