Embajador argentino entregó en mano el pedido de extradición para ex represores que arriesgan en total 150 años de cárcel

Ahora el juez deberá resolver si asume competencia en este procedimiento. Una vez determinado este punto, se podrá pasar al fondo del asunto, esto es, determinar si procede o no la extradición y en qué casos. A esos efectos, le enviará la solicitud al fiscal que corresponda para que se pronuncie sobre la viabilidad del proceso. Si el ministerio público considera que es pertinente, el juez convocará a los extraditables a una audiencia, en presencia del fiscal, a efectos de explicarles los motivos del pedido de extradición. (Algo similar hizo ya el sábado pasado la jueza penal de 2º Turno Aída Vera Barreto, cuando informó a los militares extraditables las razones de su prisión preventiva).

En esa instancia, el juez les impone la designación de un abogado defensor. El magistrado resuelve entonces si quedan detenidos o si tendrán libertad ambulatoria, para lo cual requieren de una «fianza de arraigo», que es la garantía que presenta una persona de reconocida solvencia moral y honestidad, quien asegura que los extraditables permanecerán en Uruguay y concurrirán al juzgado cada vez que se les convoque. En el caso de los extraditados a Chile, la «fianza de arraigo» fue el ex comandante en jefe Santiago Pomoli, quien estaba al mando del Ejército cuando se tramitó la extradición en agosto de 2004. En este caso, según fuentes castrenses, el actual comandante en jefe Carlos Díaz «aún no resolvió» sobre este tema.

Comienza entonces el proceso judicial sobre el cual el juez dicta una sentencia en la que determina conceder o denegar la extradición. El jueves pasado, la jueza Vera Barreto recibió a través de Interpol una solicitud de detención preventiva en el marco de lo dispuesto por el Tratado de Extradición entre Argentina y Uruguay (Ley 17.225). El oficio en que se pidió la detención de siete ciudadanos  incluía también al ex comandante en jefe Julio Vadora, ya fallecido- fue suscrito con fecha 26 de abril por el juez federal argentino Guillermo Montenegro. El viernes, tras estudiar la pertinencia y legalidad de la solicitud, la jueza libró las comunicaciones correspondientes al Ministerio del Interior para efectivizar las detenciones requeridas de los coroneles del Ejército (r) Jorge Silveira, Ernesto Rama y Gilberto Vázquez, del teniente coronel (r) José Nino Gavazzo, del capitán en reforma José Ricardo Arab y del mayor de la Guardia Republicana (r) Ricardo Medina. Los seis, que fueron interrogados el fin semana e informados sobre su situación procesal, se encuentran detenidos en dependencias del Ministerio del Interior y del Ejército Nacional. Sus abogados, adelantaron que pedirán la libertad al juez Fernández Lecchini.

La solicitud de extradición anunciada por el juez Montenegro en su pedido de prisión preventiva se presentó ayer ante la Cancillería uruguaya, que la remitió de inmediato a la Suprema Corte de Justicia. En la misma tarde de ayer, la solicitud se remitió, a su vez, a la sede del juez letrado en lo Penal de la capital de Primer Turno, doctor Juan Carlos Fernández Lecchini. El vocero de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia informó que para la designación se siguió el criterio estipulado en la Acordada 7134 de fecha 24 de febrero de 1992 (Planilla de Turnos para el diligenciamiento de oficios y exhortos). A efectos de determinar el turno se toma la fecha que luce la carta rogatoria o exhorto en que se hace la solicitud de extradición por parte del juez extranjero  26 de abril para este caso-. El juez Lecchini tiene a su cargo la investigación de las desapariciones de Elena Quinteros y Roberto Luzardo. También actuó en el marco de los disturbios ocurridos en Ciudad Vieja durante una marcha «antiimperialista».

 

25 años de cárcel

Si se otorga la extradición y son enviados a Argentina, lo más probable es que el juez Guillermo Montenegro los condene por el delito de privación ilegal de libertad, que en Argentina implica una pena máxima de 25 años de prisión cada uno.

Tampoco se puede descartar que sobre ellos recaigan otras causas que vienen tramitando los jueces Oyarbide (desaparición de María Claudia García de Gelman y el caso de Simón Riquelo) y Daniel Rafecas (Orletti en el marco de la Causa Primer Cuerpo de Ejército).

La prisión durante su enjuiciamiento sería en una cárcel común. Hoy en día sólo los militares argentinos procesados en el marco de la Causa ESMA están detenidos en unidades militares. Los detenidos por causas de Rafecas están en la cárcel de Marcos Paz, en un celdario especial, por ejemplo.

La propia ministra de Defensa Nacional, Nilda Garré, solicitó semanas atrás a los jueces que no enviaran más militares a prisión en unidades castrenses y que los encarcelaran en establecimientos de detención comunes, aunque con las garantías establecidas en la legislación (que implica no ponerlos junto a presos comunes por una razón de seguridad).

 

«Megacausa»

Esta «megacausa» involucra a innumerables «militares, policías y miembros de las fuerzas de seguridad argentinas», además de incluir a los «seis imputados uruguayos», aclaró el embajador Patiño Mayer.

No se trata únicamente del caso María Claudia García de Gelman, debido a que también existen otras víctimas, por lo cual se denomina «causa Plan Cóndor», que fue aquella «asociación ilícita criminal que se organizó en la década de los 80″, de las que participaron Argentina, Chile. Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, con el objetivo de «masacrar a toda una generación y producir los desastres que se produjeron», explicó Patiño Mayer.

«Nosotros pretendemos justicia», estamos actuando porque se denegó la misma en «el caso específico de María Claudia», por ejemplo, «cuando se archivó la causa porque ya había sido juzgada», en ese sentido es que se recurre a «a un tratado internacional», existiendo «la más absoluta confianza» en que será favorable «el procedimiento».

Si bien el «proceso lleva su tiempo», el diplomático no ocultó su más «profundo reconocimiento al gobierno y a la Justicia uruguaya por la forma en que ha venido tratando esta cuestión», destacando que «el requerimiento de captura internacional se formuló la semana pasada y veinticuatro horas más tarde se dispuso la detención de todos los involucrados en la causa».

De todas formas «la palabra final la tiene la Justicia» uruguaya, ya que «estamos en un país democrático, en una república soberana y en un país donde los poderes funcionan, hoy más que nunca de manera absolutamente independiente», por consiguiente es que «confiamos en la Justicia uruguaya que va a actuar en consecuencia».

En tanto recordó que el actual Poder Ejecutivo «tiene un compromiso muy sólido en la defensa de los derechos humanos y va a hacer todo lo que esté a su alcance, dentro de los marcos constitucionales y legales, para hacer justicia».

En otro sentido el embajador aclaró que «el diálogo diplomático entre Uruguay y Argentina no está interrumpido» debido al conflicto por la instalación de las plantas de celulosa sobre las márgenes del río Uruguay, y que una clara muestra de ello era su presencia en «la Cancillería uruguaya».

Finalmente Patiño Mayer se mostró «absolutamente convencido de que cuando las circunstancias lo indiquen va a haber diálogo» y se va «a superar el conflicto» binacional. *