Cruce uruguayo-argentino en OEA

Uruguay solicitó ayer la intervención de la Organización de Estados Americanos en el conflicto con Argentina. Una contraofensiva del representante argentino en ese organismo motivó que el canciller Reinaldo Gargano entregara a los miembros del Consejo Permanente copias de los análisis de impacto ambiental y autorizaciones que forman parte del proceso de instalación de Botnia y Ence.

La presentación de Uruguay ante la OEA se realizó en base a la premisa de que los cortes de ruta implementados en Entre Ríos contrarían las normas internacionales que consagran la libre circulación, así como los fundamentos del proceso de integración contenidos en el Mercosur.

Según indicó el canciller Reinaldo Gargano en su alocución ante el Consejo Permanente de la organización, el gobierno uruguayo, a pesar de su convicción de que el diferendo debe resolverse «en el marco del sincero diálogo bilateral», introdujo el tema en este ámbito debido a que «lo inquieta profundamente, en la medida en que por su causa se están viendo afectadas las relaciones del Uruguay con un país con el que ha estado siempre unido por un fuerte sentimiento de fraternidad».

Así como por la «amenaza» de que los bloqueos se repitan en el futuro e incrementen los perjuicios ya ocasionados.

Tras relatar minuciosamente el comienzo y desarrollo de los cortes de ruta efectuados en Gualeguaychú y Colón, Gargano explicó la importancia de los puentes binacionales para el tránsito de personas y mercaderías en la región (en especial durante la temporada turística); y resaltó que el 70% de la flota uruguaya de camiones circula por estos puntos fronterizos.

En ese sentido aseveró que si bien a simple vista es un problema que perjudica a nuestro país, en segundo término afecta a Argentina, «en la medida en que no es creíble que sus autoridades no tengan la capacidad necesaria para garantizar la libre circulación en su territorio».

Resaltó que el bloqueo es también «un problema regional, ya que afecta la operatividad efectiva de la red vial del Mercosur, en uno de sus puntos neurálgicos», lo que a la vez convierte sus efectos en perjuicios que trascienden a América Latina, porque «afectan inversiones y negocios de empresas de otras regiones y continentes».

Gargano también afirmó que la preocupación del gobierno se basa en que Argentina «no ha realizado ninguna acción efectiva para garantizar la libre circulación por esas vías de conexión», pero que además «a eso se agrega el aliento y apoyo inicial que a estas acciones les ha dado el señor gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, así como la solidaridad manifestada por el Presidente Kirchner a las organizaciones responsables de los cortes».

Asimismo notificó que las autoridades uruguayas realizaron múltiples gestiones ante las autoridades de la República Argentina como tales, así como en su calidad de Presidencia Pro Témpore del Mercosur, tendientes al levantamiento de los cortes de ruta, sin obtener resultados.

Finalmente recordó que meses atrás se solicitaron los buenos oficios del señor secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para contribuir a un acercamiento entre ambos países a fin de tratar el tema. Cabe señalar que esta instancia fue rechazada por Argentina.

«El bloqueo de los puentes reviste una gravedad de grado tal que cualquier supuesta ‘causa’ que un gobierno pudiera esgrimir para intentar justificarlo, acarrearía el descrédito de dicho gobierno debido a la desproporción entre la alegada ‘causa’ y el efecto generado», concluyó el canciller.

Los argumentos presentados por Gargano fueron respondidos en forma inmediata por el representante permanente de Argentina ante la OEA, embajador Rodolfo Gil, quien focalizó su oratoria en los conceptos reiterados, tanto por autoridades como por ambientalistas de la vecina orilla durante los últimos meses.

En ese orden, Gil subrayó que la controversia se suscitó a partir de que Uruguay autorizara «unilateralmente la construcción de dos plantas y una terminal portuaria para el uso exclusivo de una de ellas, incumpliendo con el estatuto del río Uruguay».

Además aseguró a los miembros del Consejo Permanente que «Argentina coadyuvó a la creación del Grupo Técnico de Alto Nivel que no llegó a ninguna conclusión porque Uruguay no dio toda la información objetiva y fidedigna sobre el impacto ambiental acumulativo y transfronterizo de las plantas».

Las palabras del representante argentino fueron respondidas por Gargano por un gesto contundente: el canciller simplemente entregó a todos los presentes copias de los estudios de impacto ambiental y de los procesos de autorización realizados, como parte previa a la instalación de Botnia y Ence en Fray Bentos.

En base a los argumentos expuestos por Gil, hoy Argentina presentará su demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así como la solicitud de una medida cautelar que paralice las obras hasta que el tribunal llegue a un dictamen sobre el caso.

 

Denuncia en Lima

En otro ámbito internacional, pero en Lima (Perú), el representante uruguayo Bruno Faraone denunció la posición de Argentina durante la segunda Reunión del Foro Sudamericano de Consulta y Concertación Política, que culminó ayer, que contó con la asistencia de delegaciones de los doce países miembro de la CASA, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de Perú, país que presidió el evento. *