El viernes concluirá la primera etapa; continuará a través de datos de fuentes no oficiales

Se confirmó que la patota de OCOA mintió al Ejército, pero la búsqueda no se interrumpe

Los ex militares José Nino Gavazzo, Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama y Eduardo Ferro, como los ex policías Ricardo Medina y José Sande, dieron datos falsos al Ejército sobre los sitios donde fueron enterrados los desaparecidos durante la dictadura.

El grupo de militares y policías, reiteradamente denunciados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos, integraba la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), a la que un informe oficial del Ejército identifica como responsable de la desaparición forzada de personas.

La mentira, prevista en los altos mandos militares, cierra una etapa en la búsqueda de los restos de las víctimas civiles del régimen de facto y coloca al nuevo comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, en la encrucijada de tener que enmendar el engaño sufrido por él y su antecesor.

Las excavaciones, a cargo de un equipo técnico de la Facultad de Ciencias que durante un año trabajó en dos unidades militares y una chacra cercana a Pando, finalizarán el próximo viernes 5 de mayo, al vencer el plazo de un convenio entre la Universidad de la República y el Poder Ejecutivo.

El equipo de trabajo, comandado por el arqueólogo José López Mazz, acelera en estas horas su tarea, con la esperanza de lograr nuevos hallazgos de último momento, como había ocurrido a fines del año pasado, cuando se encontró un cuerpo en el último día de un plazo inicial que luego fue ampliado.

La organización de Madres y Familiares de los Desaparecidos se reuniría esta semana con el secretario de la Presidencia de la República, doctor Gonzalo Fernández, para que la búsqueda de restos por parte del equipo de técnicos continúe a mediados de mes, aunque bajo otros parámetros de trabajo.

 

La «culpa» de la OCOA

El ex comandante en jefe del Ejército Angel Bertolotti había dispuesto hace un año, en acatamiento a una orden del flamante presidente Tabaré Vázquez, que se indagara lo ocurrido con los detenidos desaparecidos en los años setenta y se identificaran los sitios donde había sido enterrados.

La misión fue encomendada, precisamente, al actual jefe de la fuerza, Carlos Díaz, y al entonces director de Inteligencia, Pedro Barneix, quienes realizaron un relevamiento interno en búsqueda de documentación que aún no fue dada a conocer e interrogaron a los más conocidos represores de la dictadura.

El propio Bertolotti y su ayudante personal, Raúl Gloodtdofsky (hoy Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República), llegaron a entrevistarse con los ex miembros de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), a la que el propio Ejército responsabilizó por las desapariciones.

En el informe oficial sobre los desaparecidos que el Ejército entregó al presidente Vázquez el agosto del año pasado, se habían rectificado varios datos de las conclusiones a las que había arribado la Comisión para la Paz creada durante el gobierno del presidente Jorge Batlle.

Mientras la Comisión para la Paz indicó que los operativos de desaparición forzada se habían efectuado bajo la órbita del Servicio de Información y Defensa (SID), dependiente del mando militar, el informe del Ejército adjudicó la responsabilidad a la OCOA, que actuaba con «gran autonomía».

Los datos obtenidos por el Ejército de esas fuentes y entregados al Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, fueron los que marcaron el trabajo del un grupo de técnicos de la Facultad de Ciencias con la que se había firmado un convenio para efectivizar las excavaciones.

 

Mentiras de la «patota»

El equipo de técnicos universitarios que desde hace un año realiza las excavaciones en dos unidades militares y una chacra cercana a Pando, para encontrar los cuerpos de los desaparecidos en la dictadura, finalizará este viernes 5 su trabajo sin hallar restos en los sitios señalados por el Ejército.

Las tareas de excavaciones permitieron confirmar la mitad de los datos aportados por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que identificó la chacra de Pando como sitio de dos enterramientos: se halló el cuerpo de Ubagesner Cháves Sosa, pero todavía no se ha logrado ubicar el de Arpino Vega.

El informe del Ejército dijo que todos los desaparecidos por esa fuerza habían sido inhumados en el Batallón de Paracaidistas 14 de Toledo y el comandante Bertolotti llegó a invitar al lugar a la joven Macarena Gelman, a quien le comunicó que los restos de su madre, María Claudia, estaban en ese sitio.

Luego de un año de excavaciones, durante el cual se amplió tres veces el terreno señalado por la «patota» de la OCOA, la búsqueda en el Batallón 14 no dio ningún resultado positivo y, en contradicción con el informe oficial del Ejército, solo se registraron hallazgos en el Batallón de Infantería 13.

En la unidad militar de la avenida Instrucciones, pero a través de una fuente extraoficial que entregó un mapa al secretario presidencial Fernández, se llegó a encontrar, a 20 metros de una cancha de fútbol y junto a un bosque de sauces, el cuerpo del escribano Fernando Miranda, desaparecido en 1974.

En ese entorno del campo de juego del Batallón 13, que durante años había sido denunciado como lugar de enterramientos por distintos informantes y artículos de prensa, también se halló el hueso de un radio cuya identificación de ADN ha sido encomendada a la Universidad de Granada en España.

 

Con otros parámetros

En las organizaciones de derechos humanos se estima que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez no deberá detener la búsqueda de restos de los desaparecidos, pero consideran que tampoco se puede continuar trabajando con la actual metodología, que no ha dado los resultados esperados.

Fuentes allegadas al grupo de técnicos universitarios a cargo de las excavaciones, señalaron a LA REPUBLICA distintas limitaciones con las que han tenido de trabajar, como problemas de acceso a zonas dentro de las unidades militares, para las que deben pedir sucesivas autorizaciones.

Dentro del Batallón 13, por ejemplo, las tareas quedaron delimitadas a un área que no incluye el Servicio de Material y Armamento del Ejército, donde funcionó el centro de represión conocido como «300 Carlos» en el cual se produjeron las muertes de muchos de los desaparecidos.

Otro tanto ha ocurrido en el Batallón 14 de Toledo, donde resulta difícil confirmar datos que no provengan del coordinador militar, Raúl Gloodtdofsky, y son limitadas las posibilidad de trabajar sobre datos propios o nuevos informantes, quienes piden reserva en su identidad.

La futura etapa de búsqueda, propiciaría continuar las excavaciones dentro de los Batallones 13 y 14, pero en otras zonas sobre las que se han recibido denuncias de fuentes reservadas, y también se impulsará ingresar a otras zonas militares sobre las que se tienen datos de eventuales enterramientos.

Fuentes militares señalaron a LA REPUBLICA su decepción por la falta de hallazgos en los lugares señalados oficialmente, su preocupación por cómo se continuará la búsqueda de los desaparecidos, y su malestar con el grupo de ex militares que dio datos intencionalmente falsos al mando del Ejército. *

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