El gobierno y Botnia coincidieron en la  legitimidad de la autorización ambiental

Estas afirmaciones fueron efectuadas por la jerarca y el asesor durante el evento titulado «Sobre la responsabilidad social corporativa: plantas de celulosa», el que fuera organizado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana.

La idea del mismo -el que se llevó a cabo en la sala de conferencias de la propia CIU- era sacarle las dudas a los empresarios afiliados a ambas cámaras sobre el tema de las plantas de celulosa.

Sobre su exposición, Torres dijo a LA REPUBLICA que la intención de la misma fue presentar a los empresarios todo el procedimiento que derivó en la autorización ambiental, los planes de gestión y presentar los lineamientos de lo que es el plan de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua, aire y tierra, que va a llevar adelante la Dinama una vez que estén operando las fábricas, o sea, el «marco legal» en que se dio todo, que fue con «total responsabilidad».

Agregó la jerarca que la «intención» es mantener informada constantemente a la opinión pública, a las autoridades argentinas y principalmente a la gente de la zona de Fray Bentos, y en tal sentido se va a instalar una Comisión de Seguimiento Local.

Al ser consultada sobre las garantías que ofrece el Estado uruguayo acerca de los controles, Torres sostuvo que para que eso se dé, por un lado se estudian los planes de la empresa, y por otro lado, la Dinama controlará, conjuntamente con otros actores (como ser la conformación de una red de laboratorios privados de todo el país o con el apoyo de la ONU o gracias al incremento del 80% de su presupuesto), las condiciones del aire, la tierra y el agua.

«La diferencia entre Uruguay y Argentina está en que para nosotros la información disponible (distintos estudios de diferentes organismos que alcanzan juntos más de 7.000 hojas) es suficiente para avalar la decisión de autorizar la construcción. Con la autorización damos el marco en el que tiene que funcionar el emprendimiento: cumplir con las normativas nacionales e internacionales, con las mejores tecnologías disponibles, y eso se va ajustando en los planes de gestión», concluyó Torres.

 

¿Por qué no parar la obra?

Por su parte, Faroppa afirmó a LA REPUBLICA que en su presentación detalló los aspectos básicos del proyecto de Botnia, la etapa en que se encuentra, los impactos en el empleo, en la economía y lo que es el proceso de producción.

Acerca de los actuales y futuros monitoreos, Faroppa aseguró que eso se abordará con «total responsabilidad», como se ha actuado hasta ahora, tanto por parte del Estado como de Botnia.

Ya al preguntársele de la opinión del gobierno argentino de que es insuficiente la información que arrojan los informes, el asesor señaló que «Botnia está dispuesta dar toda la información, no hay problema y más ahora que el proceso se van generando más datos. Dentro de esa información se destaca que con la inversión de Botnia, Uruguay sobrepasa a Argentina en el rubro inversiones de ese sector».

De la paralización de las obras solicitada por Argentina, Faroppa manifestó «vamos a seguir en el proceso constructivo el que tan sólo tiene un desfasaje de unos 45 días si lo comparamos con la planificación inicial. Además en la descripción de los impactos, tanto ambientales como de generación de empleo está la respuesta al porqué no son necesarias las detenciones», puntualizó. El asesor también destacó como «excelente» la formación de todos los trabajadores que cumplen funciones en todo el proceso de la madera, inclusive los del sector que ha sido más cuestionado, como ser el personal que cumple funciones en el área forestal. *