"No habrá un solo paso atrás en materia de derechos humanos"

La confluencia de «demasiadas» coincidencias –un juez amenazado que pasea por la rambla, un cuñado que es capaz de distinguir el sonido de una bala que no golpea sobre un objeto duro– puso en duda la existencia de la bala, aunque no la justa preocupación del juez Gustavo Mirabal, quien concedió la extradición en primera instancia de los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, que hoy están detenidos y compareciendo ante la Justicia chilena.

Unos días ante Mirabal había recibido un aviso del abogado Gervasio Guillot Eula, quien le dijo que un militar le había dicho: «Mirabal es un objetivo militar inminente».

Según fuentes del gobierno las tensiones con algunos sectores de las fuerzas armadas, comenzaron en el verano, en los días previos a la designación de los comandantes del ejército y de la armada. «En eso días el malestar militar se hizo sentir mucho más que en la pasada semana, en la que era previsible que la extradición de los tres militares y el aniversario del 14 de abril iban a hacerse sentir», dijo una fuente gubernamental a LA REPUBLICA.

Sobre el relacionamiento futuro, en el gobierno se entiende que seguirá siendo «normal», pero la normalidad contiene la posibilidad de que el malestar de algunos uniformados tome fuerza en mayo, cuando Juan María Bordaberry y José Nino Gavazzo, por casos distintos, sean convocados otra vez por la Justicia.

 

Cronología de un malestar

El 20 de marzo pasado el doctor Tabaré Vázquez y la ministra Azucena Berrutti resolvieron derogar el decreto 127/985, que establecía que el 14 de abril se recordara a los caídos en defensa de las instituciones (militares y civiles que habían enfrentado al movimiento Tupamaros).

En los fundamentos de esa derogación se dice que la misma está inspirada » por la necesidad de sanear cuanto antes la atmósfera que se respira en la comunidad, y sobre todo para salvaguardar su futuro y el de las generaciones que sobrevendrán», y que por ello «el gobierno entiende que es urgente adoptar medidas que contribuyan a lograr ese propósito en lo inmediato».

Siete días después, el 27 de marzo, el diputado colorado y ex miembro de la JUP, Daniel García Pintos, y un grupo de militares, entre ellos los presidentes del Círculo Militar teniente general (r) Raúl Mermot y del Centro Militar general (r) Luis Pírez, crean la «Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad», desafiando al gobierno y convocando a un acto a realizarse el 14 de abril en la Plaza de la Bandera.

Dos días después, el 29 de marzo, el Centro Militar, el Círculo Militar, el Centro de Oficiales de las FFAA y Area 92, reclamaron al presidente Tabaré Vázquez que intervenga y deniegue la extradición a Chile de tres oficiales del Ejército, acusados en ese país por el delito de «secuestro» y «asociación para delinquir», en el marco de la investigación del crimen del bioquímico chileno Eugenio Berríos, ocurrido en nuestro país.

En ese mismo día el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno revocó la sentencia de primera instancia en la investigación que se sigue al ex presidente de facto Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco, en relación a los crímenes de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de otros dos ciudadanos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976. El fallo establece que no corresponde aceptar la prescripción de los hechos ocurridos sino que se deben investigar los mismos y, por tanto, no se hace lugar al archivo.

Veinticuatro horas después se realiza en Salto el Consejo de Ministros, para anunciar la propuesta del «Uruguay Productivo». Esta reunión para el presidente Vázquez era trascendente y por ello mantuvo en reserva los anuncios. «El Presidente no quería que la atención de los uruguayo se centrara en otra cosa: ni en las papeleras, ni en el malestar militar», dijo una fuente presidencial. Pero a pesar de ello sorprendió con un homenaje que para muchos de su entorno no estaba en el libreto. Fue así que homenajeó a Baltasar Brum, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

«El 31 de marzo -agregó-, pero de 1933, la sociedad uruguaya vivía una circunstancia de un golpe de Estado que la marcaría indeleblemente. Aquel día un uruguayo entregó su propia vida en defensa de la institucionalidad democrática atropellada pocas horas antes. Lamentablemente no fue la primera ni la última circunstancia de este tipo. Por eso creo que es de justicia homenajear a Baltasar Brum al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte heroica. Por eso uruguayos y uruguayos, nunca más hermanos contra hermanos, para que nunca más esta parte triste de nuestra historia vuelva a repetirse», dijo Vázquez.

Algunos observadores creyeron que se estaba ante una mera referencia histórica, pero otros de su propio equipo ministerial comprendieron que el Presidente estaba dando una clara señal de que se jugaba por la democracia. Esto lo hicimos notar en el domingo inmediato (2 de abril) desde esta misma columna: «El tema de la estabilidad democrática, al que Vázquez trató de quitarle entidad, lo encaró con una referencia histórica muy fuerte, como fue el homenaje que le realizó a Baltasar Brum, quien un 31 de marzo de 1933 se quitó la vida para repudiar el golpe de Estado que se estaba concretando». Y agregamos: «Horas después se sabía que el coronel Waldemar Sarli, el capitán Eduardo Radaelli y el coronel Tomás Casella habían sido conducidos a una unidad militar, como paso previo a su extradición». La tensión era una realidad.

Las declaraciones contra la extradición de los militares por parte del diputado García Pintos se suceden en uno y otro medio de comunicación, sin que ninguno de sus correligionarios del Partido Colorado le salga al cruce. No lo apoyan, pero lo dejan actuar, más cuando detectan fisuras en el oficialismo, desde el momento que el senador Eleuterio Fernández Huidobro se alinea, con otros argumentos, en el campo de los que rechazan la extradición.

Se llega al 14 de abril y los organizadores logran convocar a 300 uruguayos en la Plaza de la Bandera, pero esta vez sin la presencia de los principales líderes de los partidos tradicionales. Allí los que «mandan» son García Pintos y el general (r) Iván Paulós, quienes apuntan los dardos contra el Presidente. El diputado colorado exige que el Presidente impida la extradición de los militares. Con la misma partitura Paulós señala que Vázquez debe impedir el envío de los militares a Chile porque «el 24 de agosto de 1994 encabezó una asonada en el Hospital Filtro para evitar un pronunciamiento de la Justicia», cuando la extradición de ciudadanos vascos acusados de vínculos con ETA. Pero dijo más, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que militares fueran procesados por violar derechos humanos durante la dictadura. En caso de ocurrir eso, dijo, «actuaría con hechos», sin entrar en más detalles.

En el mismo tono fueron las palabras del general (r) Luis Pírez, presidente del Centro Militar, quien al referirse a las extradiciones señaló que de producirse las mismas «pueden provocar futuros reclamos similares».

Por su parte el general (r) Ricardo Galarza acusó al gobierno de presionar a magistrados, partitura que unos días después interpretaran con la misma sensibilidad los doctores Carlos Ramela y Pedro Bordaberry.

Pero la señal más fuerte del 14 de abril fue la presencia, vestidos de civil, del comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, del comandante de la Fuerza Aérea, teniente general (av.) Enrique Bonelli, el comandante en jefe de la Armada, vicealmiran
te Juan Fernández, el ex comandante en jefe del Ejército teniente general (r) Angel Bertolotti. La derecha militar y el significado emotivo de la fecha habían ganado la pulseada y arrastrado a las principales figuras militares. La familia militar, por lo menos por unas horas, había vuelto a saludarse.

El 18 de abril el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea partió de Carrasco con los tres militares extraditados. Dos días antes el juez Mirabal había sentido, cerca de uno de sus oídos, el pasar de una bala. De inmediato los Tenientes de Artigas lanzaron algo más que señales: «Nosotros no fuimos». Más tarde trascendió que el general Díaz dijo que lo ocurrido con el juez debilitaba la campaña en defensa de los militares extraditados. Mientras desde el entorno del Presidente se nos dice: «No habrá un solo paso atrás en materia de derechos humanos». *