Juez argentino pidió los archivos secretos de la dictadura uruguaya y el informe de la FAU a Vázquez

El juez federal argentino Daniel Rafecas envió una serie de exhortos al gobierno uruguayo para que le proporcione copias autenticadas de archivos desclasificados por la Cancillería uruguaya y del informe en el que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) admite la existencia de un «segundo vuelo» de Orletti.

Rafecas, a cargo del Juzgado Federal de 3er. Turno, viene instruyendo la causa «Primer Cuerpo de Ejército» en la que se indagan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en varios centros clandestinos de represión durante la dictadura que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983.

El magistrado ya ha decretado el procesamiento de 15 represores vinculados a casos de torturas y desapariciones en los «pozos» llamados El Atlético, El Banco y El Olimpo, y sólo semanas atrás ordenó comparecer a otros agentes de Inteligencia por los crímenes de lesa humanidad en «El Vesubio».

Otro de los «chupaderos» -como se denominan los lugares en los que se «chupaba» gente que luego era desaparecida- en los que particularmente trabaja el equipo del juez Rafecas, es el centro de torturas conocido como «Automotores Orletti», en el que se realizó una coordinación represiva regional.

En Orletti fue secuestrado y torturado medio centenar de uruguayos que se encontraba exiliado en Argentina tras el golpe de Estado uruguayo de 1973 y casi la mitad de ellos se encuentran en la actualidad desaparecidos, sin que sus restos hallan sido identificados en ningún cementerio clandestino.

 

La sombra de Blanco

En uno de los exhortos presentados por Rafecas se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay el envío de una serie de documentos, desclasificados tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, en los que se evidencia la participación del Estado uruguayo en la coordinación represiva.

Los archivos de Cancillería, unos siete mil folios desclasificados por el historiador Oscar Destouet, demuestran la actuación del ex canciller Juan Carlos Blanco en la justificación política de los operativos de represión que en aquellos años fueron protagonizados por militares uruguayos en Argentina.

Los documentos de Destouet, que fueron integrados a la causa junto al testimonio de Sergio López Burgos, una de los sobrevivientes uruguayos de Orletti, también confirman que a través de valijas diplomáticas los militares uruguayos llevaban a Argentina distinto tipo de armamento no declarado.

El material desclasificado, también sorprendió a los investigadores de la Justicia Federal, por la identificación de un grupo de funcionario diplomáticos como agentes del Servicio de Información y Defensa (SID), lo que abre un nuevo campo de indagación para el juez Rafecas.

Las fuentes judiciales argentinas consultadas por LA REPUBLICA en Buenos Aires no descartan que cuando se inicie la etapa de careos e interrogatorios a los indagados por el caso Orletti, el propio ex ministro Juan Carlos Blanco y funcionarios diplomáticos de la época sean convocado a dar su testimonio.

 

El «segundo vuelo»

El otro pedido del magistrado argentino refiere al informe que sobre los casos de desaparición forzada de personas elaboró la Fuerza Aérea Uruguaya, donde los aviadores reconocieron la existencia de dos tumbas clandestinas en una chacra de Pando y el traslado de prisioneros desde Argentina.

A ocho meses del informe de la FAU y luego de intensos trabajos de excavación en el lugar indicado, sólo apareció uno de los cuerpos, el del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, pero no se logran encontrar los restos del otra víctima, el también comunista Arpino Vega.

El informe también confirmó una investigación periodística de LA REPUBLICA en la que se denunció que el 5 de octubre de 1976 un avión del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) trajo a Montevideo una veintena de uruguayos y argentinos que habían sido secuestrados en Automotores Orletti.

Una cifra similar de uruguayos secuestrados en Orletti ya había sido traída a Uruguay en julio de aquel año. Estos fueron «blanqueados» y procesados por la justicia militar tras un falso operativo de detención en el balneario Shangrilá, donde supuestamente coordinaban una «invasión» al país.

Los uruguayos del confirmado «segundo vuelo» de Orletti (detenidos en una serie de operativos en el mes de setiembre en Buenos Aires), en cambio, habrían vivido un mes en un centro de detención desconocido antes de ser ejecutados masivamente y, probablemente, enterrados en una fosa común. *

Facsímil del informe secreto de la Fuerza Aérea sobre el destino de ciudadanos desaparecidos, entregado al presidente Tabaré Vázquez el 8 de agosto de 2005.