Antía es colono la ley exige que viva en el predio, "pero no vive ahí"

–¿Cómo encontró la realidad del Instituto Nacional de Colonización?

–Se acaba de cumplir un año de mi presencia en el Instituto. Llegué el 12 de abril de 2005. Nos encontramos con un Instituto de Colonización que venía de una política neoliberal, al grado de que un solo inversor había comprado 85 mil hectáreas en dos años, lo que marcaba que el Instituto de Colonización no pudiera operar y que el gobierno de la época lo intentara cerrar en la Rendición de Cuentas de 2001.

 

–¿Está permitido que alguien compre tantas hectáreas?

–De acuerdo con la política neoliberal eso era posible, por eso un inversor compró esa superficie de campo, a pesar de que muchas de esas superficies tenían problemas jurídicos importantes en los bancos y en el BROU. Eso pasó cuando en los últimos 17 años no se había podido comprar una sola tierra para instalar familias.

 

–Cuándo usted asume ¿el Instituto no tenía tierras?

–El Instituto había generado, en los 60 años anteriores, la compra de 500 mil hectáreas, de las cuales 300 se vendieron a los colonos y unas 240 mil hectáreas se arriendan hoy a unos 1.800 colonos, que pagan rentas por ellas.

 

–¿Esos arrendatarios qué tipo de producción practican?

–Son de todo tipo, pero fundamentalmente es una producción familiar, con una estructura pequeña. En el sur y litoral predomina la horticultura y la pequeña granja, y en el norte son explotaciones agrícolas ganaderas lecheras, hasta ganaderas puras como en la zona de Artigas. Estamos ante una producción variada.

 

–¿Cuáles fueron los primeros pasos dados por usted?

–Primero se hizo un relevamiento de la situación en que estábamos con los colonos. Hicimos un censo, que se hizo con la Facultad de Agronomía, a la que le contratamos 15 agrónomos como pasantes. El Ministerio de Ganadería aportó los vehículos. El censo finalizó a fines de 2005, lo que nos permitió conocer la realidad de cada una de las colonias y cada una de las fracciones. Ahora haremos la evolución de futuro.

También digo que encontramos un Instituto que estaba desmotivado, por la falta de incentivos y por la falta de desarrollo de políticas de integración del Instituto con los proyectos del Ministerio de Ganadería. A la vez se le había desvinculado de todos los proyectos que se realizaban con fondos del exterior.

 

–Si comparamos entre un colono y un propietario tipo, ¿cuáles son los niveles de productividad?

–Hay una marcada diferencia a favor de los colonos. Si se especifica en determinadas áreas es notable ver áreas colonizadas donde el desarrollo y establecimiento de pequeñas parcelas con grupos familiares trabajando, por ejemplo la lechería, uno pasa el alambrado y ve que sigue el uso pastoril extensivo. Pero este mayor nivel de productividad no significa que haya una ventaja para el productor colono y su familia, porque también tienen mayores inversiones y costos, lo que les genera endeudamiento y dificultades. Esto también lo estamos enfrentando en el Instituto, con una refinanciación del endeudamiento de los colonos por renta, que antes tenían que pagar el 4% de interés mensual. Eso para una explotación familiar es imposible. Ante esto hemos puesto en marcha una solución al endeudamiento por renta, hasta cuatro rentas, le hemos quitado los intereses, le hemos puesto una multa al momento de la renta impaga del 10%, que por el Código Tributario podría ser el 20%, y sin intereses le calculamos el IPC para el reajuste de esa deuda de renta que tiene el colono. De esta forma se bajan las deudas significativamente. Le hemos dado hasta tres años para pagar cada una de las rentas impagas.

 

–¿La política de colonización retiene a los jóvenes en el campo?

–Donde hay una colonia, hay un grupo de jóvenes bien motivados que conocen el campo y quieren seguir en el campo. Esto lo estamos incentivando. Como ya he dicho otras veces, en los últimos 16 años el Instituto no compró una sola hectárea de tierra, pero ahora con el apoyo del Poder Ejecutivo este instituto ha hecho opción por 4.600 hectáreas en el norte, UTE nos ha entregado alrededor de 1000 hectáreas para ser distribuidas entre pequeños productores sin tierra, con ganados en la calle, tierras que durante otros años usaron personas sin pagar los recaudos necesarios. También estamos negociando con otras instituciones del Estado, tierras para satisfacer esa necesidad imperiosa de los grupos de jóvenes y de gente que quiere vivir en el campo. Cada vez que recuperamos una fracción por mal uso, por deudas o por gente que no la trabaja como es debido, se inscriben alrededor de 80 grupos familiares interesados en trabajar. Esto marca una acentuada demanda de tierra que el Instituto y la sociedad debe satisfacer en el largo y mediano plazo.

 

–Un uruguayo que vive en el exterior y tiene interés en ser colono ¿puede acceder a la tierra?

–Hay varias solicitudes de uruguayos que están en el exterior y que han solicitado tierras, pero nosotros le estamos dando prioridad a aquellos uruguayos que están desposeídos, que están en condiciones de trabajo inestable, que tienen procesos de desalojo, también a trabajadores asalariados del medio rural. Por lo tanto aquellos que han generado recursos en el exterior y que quieran adquirir tierras, tendrán que hacerlo por fuera del Instituto de Colonización.

 

–¿El Instituto hizo una compra importante en Maldonado, que generó algunos problemas judiciales?

–Hay una compra de carteras del BROU que fue realizada en 2004, cuya ejecución de hipoteca de esa garantía se realizó en diciembre de 2005. Es una tierra que fue parte de un ingenio azucarero muy importante, unas tierras de enorme valor agrológico, que rara vez aparecen en el sur de Río Negro. Son 4.000 hectáreas en Maldonado, a precio muy accesible, en condiciones muy adecuadas para ser colonizadas.

Con el apoyo del Poder Ejecutivo hizo la opción de compra, que está en la vía judicial y hasta tanto el juzgado competente no le adjudique el remate, como por ley lo marca el Instituto de Colonización, está en la órbita de la Justicia.

 

–¿Hacer la opción de compra no quiere decir haber comprado?

–No es haber comprado. En este caso hay una determinación del juez que hay que respetar y esperar. Somos ampliamente optimistas de que el juez va a hacer lugar a la opción de compra de esa escritura a favor del Instituto, porque la ley lo marca.

 

–Hace unos días algunos legisladores del interior del país, todos del oficialismo, hicieron un pedido de informes porque quieren saber cuál es la situación de algunas propiedades de colonos en Maldonado. Se refieren concretamente a propiedades del senador Enrique Antía. ¿Respondió a ese pedido de informes?

–Ese pedido de informes no ha llegado al Instituto, pero tenemos conocimiento de él por la prensa. El ingeniero Antía es colono desde hace muchos años.

 

–¿Se es colono toda la vida?

–Eso es una determinación de cada grupo familiar. Cuando se es exitoso en la colonización, el espíritu de este directorio es que el colono exitoso no crezca dentro de la colonia, sino que lo haga afuera. La ley exige que ese colono trabaje directamente y se viva en el predio con su familia.

 

–En el caso del ex intendente Antía no sería así, en tanto no vive en ese predio, se nos ha dicho…

–Es como usted dice, no vive en ese predio.

 

–¿CuÃ
¡l es la situación en Bella Unión con las tierras que se ocuparon?

–Esas tierras que están ocupadas están en vías de desalojo, aunque el colono apeló. El Instituto ha pedido la ejecución de esa sentencia, para que se entreguen esas tierras al Instituto. Pero la Justicia no se ha expedido.

 

–¿A quién se le va a adjudicar esas tierras?

–Cuando el Instituto se haga de la tierra, va a hacer un llamado y va a determinar la adjudicación a los grupos interesados en trabajar caña de azúcar.

 

–Los actuales ocupantes de esas tierras ¿pueden ser o no ser los beneficiados con esas tierras?

–Nosotros tenemos excelente relación con los gremios que patrocinaron la ocupación de esas tierras. Les hemos proveído de tierras para los trabajos de grupos zafrales, les hemos dado todo el apoyo. También hemos dado el compromiso político y social del Instituto y de este directorio, por eso vamos a considerar en el momento, cuando sean desocupadas las tierras, la entrega a los grupos prioritarios. *