Investigan un presunto atentado contra el juez que concedió extradición a militares

Mirabal dio cuenta del extraño hecho a la Suprema Corte de Justicia que, de inmediato, requirió la intervención del Ministerio del Interior.

El presunto atentado ocurrió el domingo alrededor de las 13 horas mientras Mirabal, quien ahora dispone de una custodia policial permanente, paseaba por la rambla montevideana con un familiar.

A la altura del Puerto del Buceo, ambos se sentaron en una zona con césped, próxima a una pista de skate.

En determinado momento, sintieron el silbido de un proyectil que pasó muy cerca de sus cabezas. Ninguno escuchó la detonación, de ahí que se estima que el supuesto tirador debió disparar desde una distancia muy lejana o utilizar algún tipo de silenciador. Los investigadores presumen que si se escuchó el zumbido de la bala, la distancia a la que pasó de ambos «no supera los 50 centímetros».

En el lugar del hecho no se pudo recuperar ningún proyectil o fragmento. De la misma forma no fue posible, en primera instancia, detectar desde donde provino el disparo.

Se constató sin embargo, que sin lugar a dudas, consistió en un disparo proveniente de un arma de fuego.

Las investigaciones, que de inmediato se dispuso iniciar, están a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DII) de la Policía de Montevideo. Según pudo saber LA REPUBLICA, tres o cuatro días antes, el juez había recibido un «aviso previo» por una vía indirecta, al cual no dio trascendencia.

 

Repudio

Reunida anoche, la Asociación de Magistrados del Uruguay declaró su «más enérgico repudio ante cualquier interferencia contra el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, pilar fundamental de un Estado de Derecho». Manifestó su «confianza de que se trate de un hecho aislado, que no altere la cultura de respeto a las instituciones democráticamente constituidas y a las reglas básicas de la convivencia pacífica». Por último, expresó su «total solidaridad y apoyo a la persona de un juez de probada rectitud y honorabilidad en el ejercicio de su función» y «su apelación a la sensibilidad del cuerpo social para desalentar todo intento de incidir o de afectar el normal desempeño de la administración de justicia». *

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