Los piquetes se mantienen y Busti anuncia demanda contra Uruguay

Mientras los asambleístas lo desoyen y recrudecen los piquetes en Colón y Gualeguaychú, el gobernador Jorge Busti planea otra demanda contra Uruguay por los futuros perjuicios que acarrearían las plantas de celulosa; el estudio que le serviría de base estaría financiado por el Banco Mundial.

Anoche la asamblea ambiental de Colón decidió continuar con el corte de la ruta 135, que une esa ciudad con Paysandú, hasta que el gobierno argentino inicie la denuncia contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Según informó Poli Echeverrería, integrante de la asamblea de Colón, a LA REPUBLICA, la nueva postura de los piqueteros -que hasta la víspera parecían los más propensos a levantar el corte de ruta- implica la continuidad «sin cuestionamientos ni revisiones» del bloqueo hasta que «Argentina se presente en La Haya y se dicte una medida cautelar contra las plantas».

Río abajo, la asamblea ambiental de Gualeguaychú no debatió la posibilidad de retirarse de la ruta 136, sino que se dedicó a preparar «nuevas medidas de protesta», entre las que se encuentra una visita a la embajada de Finlandia en Buenos Aires, y la celebración del primer aniversario de la marcha contra las plantas de celulosa que según el dirigente Gustavo Rivollier, el 30 de abril del 2005 congregó a 40 mil personas en la cabecera argentina del puente binacional General San Martín.

Horas antes de que los asambleístas volvieran a reunirse ubicados sobre las rutas binacionales, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti informó a la Federación Económica de Entre Ríos (organización que nuclea a comerciantes de esa zona argentina) que está gestionando ante el Banco Mundial el financiamiento para la realización de un estudio sobre el impacto socioeconómico que provocaría el funcionamiento de las plantas de celulosa uruguayas en la provincia.

La propuesta fue recibida con beneplácito por los comerciantes, quienes además informaron que tienen la intención de demandar a Uruguay por las pérdidas económicas que ocasionará el funcionamiento de Botnia y Ence, para lo cual utilizarán como base las proyecciones que se determinen a partir del análisis encargado por la gobernación.

La organización gremial ya presume que el estudio demostrará que el impacto de las plantas será grave y permanente; que el daño ambiental y el lucro cesante superarán el monto admisible para una inversión; e insiste en que habrá graves riesgos para la salud de los habitantes del territorio; entre otras cuestiones.

Al término de la reunión el presidente de la entidad dijo que «hacemos este pedido ahora que no está hecho todavía el daño ambiental, para que en el futuro podamos cuantificar cuál será el monto del daño y poder accionar en consecuencia».

Mientras en Uruguay, la Cancillería preparó una nueva nota dirigida a La Haya, que será remitida hoy para solicitar la pronta presencia en el país de un observador que compruebe los perjuicios ocasionados por los piquetes para sentar otro antecendente ante eventuales acciones judiciales.

Además sigue esperando la convocatoria (por parte de Argentina) del Consejo del Mercosur para que resuelva respecto a la legalidad de los piquetes, así como la llegada de un observador de la Organización de Estados Americanos, que arribará a la región para comprobar la situación producida por los bloqueos. *