Acciones legales contra el Estado
Los asesores legales de la textil Dancotex anunciaron el inicio de acciones judiciales contra el Estado, ante la decisión del Banco de Previsión Social (BPS) de pagar seguro de paro a unos 300 obreros de la empresa que aún tienen derecho al mismo. Esta situación se dio debido a que los propietarios de la empresa aseguran que la planta está ocupada por sus trabajadores, lo que impediría «legalmente» ese pago, mientras que los obreros afirman que es «legal», ya que están realizando una «guardia gremial» en un local lindero de la fábrica y «no una ocupación».
Acerca de la validez del pago del seguro de paro vale destacar que existen actas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que certifican que no existe ocupación sino que se han detenido las tareas por razones ajenas a los trabajadores, lo que demuestra que el pago está absolutamente ajustado a derecho.
Ya desde la parte empresarial se considera la medida «sorpresiva» -además de «ilegal»- porque existe una ocupación en la fábrica, ya que los obreros «no permiten» al propietario retirar la maquinaria.
Sobre el pago en sí, según confirmó a LA REPUBLICA Miguel Olivera, delegado de los obreros de la textil, el pasado viernes se les efectivizó a algunos de los trabajadores.
«Ahora las negociaciones están ‘congeladas’ hasta después de Turismo, debido a que nuestra propuesta no fue aceptada por el empresario y la de él tampoco por nosotros», expresó el sindicalista.
Con relación a la quincena de febrero que se le adeuda a un grupo significativo de trabajadores, los que estuvieron en funciones hasta que se anunciara el cierre de la planta, el sindicalista expresó que «aún no fue paga».
Siguiendo con el tema, recordemos que legisladores de los partidos tradicionales reclaman la presencia –en la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados– del ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, por la afirmativa del MTSS al pago –por parte del BPS– a los textiles del seguro de paro, lo cual se dará la semana entrante.
Uno de los convocantes, el diputado nacionalista Pablo Iturralde, considera que con esta medida el gobierno está «subsidiando» las ocupaciones y las huelgas.
Por su parte, el PIT-CNT entiende que hay una guardia gremial «fuera del predio de la planta (en un terreno lindero)», lo cual es apoyado por actas existentes en el MTSS. *
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