La Comisión Investigadora cuenta con el apoyo de los dos ediles colorados

La Junta Departamental de Canelones creará el próximo 21 de abril una Comisión Investigadora que analizará las presuntas irregularidades de la administración municipal en el período de julio de 2000 a julio de 2005. La misma contará incluso con el apoyo de los dos ediles colorados. Fuentes del Ejecutivo departamental aseguran que «habrá más procesamientos».

Esta investigación obedece a que la Comisión Preinvestigadora, conformada por integrantes de los tres partidos políticos, concluyó por unanimidad de que había méritos suficientes para pasar las denuncias a una comisión investigadora. Entre los puntos que pueden llevar a que el Plenario del día 21, se vote la instauración de la referida comisión son la falta de pago de los ajustes cuatrimestrales desde mediados de 2002 (por lo cual, ahora, algunos ex jerarcas iniciaron una demanda a la IMC por el pago de los mismos), la presencia de irregularidades que fueron probadas de la administración Hackenbruch, el procesamiento de un jerarca municipal y el inicio de auditorías y sumarios en la actual gestión comunal.

El pasado 7 de abril, la Junta Departamental con los votos de los ediles del Frente Amplio, el legislativo instauró una comisión preinvestigadora de la última gestión Hackenbruch. Los ediles colorados propusieron también efectuar una investigación de los primeros cuatro meses de la administración Carámbula, pero la propuesta fue rechazada. La comisión investigadora estará conformada por seis ediles oficialistas, dos del nacionalismo y uno, por parte de los colorados. Según el resultado al que concluya la investigadora, será si se remiten los antecedentes a la Justicia. Fuentes del Ejecutivo departamental canario informaron a LA REPUBLICA aseguraron que «habrá más procesamientos».

Informaron que entre las irregularidades que posiblemente investigue la Junta Departamental, se encuentran las referidas a terrenos municipales en Parque del Plata que fueron prescriptos en maniobras a personas que no correspondían.

También se mencionaron las irregularidades en los cementerios de Pando y Las Piedras.

La administración está investigando presuntas irregularidades como el pago de salarios a personas que no eran funcionarios municipales, que percibían un sueldo de $ 2000 a $ 58.000, así como la entrega de dinero a organizaciones que carecían de personería jurídica. Además están a estudio las contrataciones con empresas de construcción en las que se presume hubo sobrefacturación. La administración Carámbula investiga un faltante de dinero del tesoro central de $ 1,3 millones desde fines de 2002.

Autoridades municipales tienen la convicción de que determinadas remesas provenientes de Juntas Locales no llegaron a la central de la IMC. *