Gargano opta por abogados uruguayos para litigar con Argentina en la Corte de La Haya
A las 11 de la mañana el canciller Gargano recibió a representantes de los partidos de la oposición con representación parlamentaria para informarles de los pasos que se han dado en referencia con el diferendo con Argentina. A la reunión asistieron el senador y ex canciller del Partido Nacional, Sergio Abreu, el diputado del Partido Colorado, José Amorín Batlle y en representación del Partido Independiente, Hebert Gatto. Tanto Abreu, como Amorín Batlle y Gatto coincidieron en que el Poder Ejecutivo actuó mal en el transcurso de este litigio en dos oportunidades: la primera en anunciar principios de acuerdos con el vecino país, en oportunidad en que el presidente Vázquez visitaba Chile, y la segunda, en trasladar a las empresas de celulosa la responsabilidad por la frustrada cumbre entre Vázquez y Kirchner.
En un momento de la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores Reinaldo Gargano y los representantes de los partidos políticos de la oposición, un abogado del ministerio ratificó la responsabilidad de las empresas en la caída de las negociaciones y la poca disposición de éstas en colaborar para que se diera el marco necesario para los encuentros agendados entre los mandatarios, dijo a LA REPUBLICA un vocero participante de la reunión.
Los tres políticos opositores reiteraron su rechazo a la posición de que las empresas fueran las causantes del corte de las negociaciones y reclamaron un cambio de postura al respecto.
Los dirigentes colorado, blanco e independiente le trasmitieron a Gargano que el Poder Ejecutivo «actúe firmemente en el reclamo» ante los escenarios contenciosos del Mercosur y le recomendaron que el gobierno le pida a Brasil y a Paraguay un pronunciamiento claro sobre el diferendo entre nuestro país y Argentina «para que dejen de mirar al costado».
Abreu, Amorín y Gatto le aconsejaron al gobierno que se agencie de abogados internacionales «con capacidad y experiencia en la materia» para que los asesore en oportunidad en que el tema sea tratado en la Corte Internacional de La Haya. «Esto no será un juicio de divorcio» dijo una abogada del ministerio de Exteriores que participaba de la instancia de ayer. Aún así, el canciller desestimó la recomendación y adelantó que serán profesionales uruguayos los que asesoran al Estado en al diferendo. «Aquí tenemos buenos profesionales», aseguró Gargano.
Tampoco prosperaría –según observadores de la reunión– la invitación hecha en el encuentro de la víspera por el senador nacionalista Sergio Abreu para que se concrete una reunión de líderes de los partidos sobre el tema plantas de celulosa.
La fuente consultada por este diario confirmó por otro lado que el ministro Gargano les informó a los representantes de la oposición las características del borrador dado a conocer ayer por el Banco Mundial y que, aparentemente, cuestiona la falta de información sobre las características técnicas de las plantas de celulosa.
El informe fue relatado someramente por el canciller. No hubo una presentación del mismo a los representantes de la oposición, los que tampoco se llevaron copias del mismo, ni reclamaron conocer el documento del Banco Mundial en profundidad.
Culminada la sesión el ministro de Relaciones Exteriores expresó su satisfacción al haber recibido el «apoyo unánime del resto de los sectores políticos», a los que se les explicó de forma «minuciosa» todos los detalles de lo que ha realizado el gobierno en «los últimos días». De esta forma anunció que se seguirá «trabajando en conjunto».
Gargano reiteró que el motivo de la solicitud nacional para que se reúna el Consejo del Mercosur es la violación al artículo 1º del Tratado de Asunción, a través del cual se establece el libre tránsito entre los países asociados al bloque comercial.
Cabe destacar que al ser Argentina quien ejerce la presidencia protémpore del Mercosur, es la responsable de citar al Consejo del Mercado Común, acción que el canciller espera que se efectúe «luego de culminada la Semana de Turismo».
En otro sentido Gargano confirmó «de forma oficiosa» que el Banco Mundial ya se encuentra «por expedir un informe definitivo» sobre las plantas de celulosa, del cual «hará un avance» en las próximas horas, ya que aún no tuvo oportunidad de acceder al mismo (ver páginas 2 y 3).
En lo que tiene que ver con Botnia recordó que oportunamente el gobierno solicitó «un gesto a los ambientalistas y a la empresa», destacando que los primeros «respondieron» levantando los cortes, mientras que «la empresa» no habría tenido la misma actitud.
Por su parte el senador Abreu confirmó que el Partido Nacional «va a respaldar firmemente lo que haga Uruguay» en lo que tiene que ver con la controversia con Argentina, ya que el gobierno «ha recorrido y ha escogido el camino adecuado para poder impulsar la defensa de los derechos» del país.
«Estamos detrás de lo que significa el derecho internacional, los argumentos que Uruguay defiende y cualquier tipo de negociación», siempre que no se «renuncie a lo más importante», que es «el trabajo nacional, las inversiones y el respeto de los estándares ambientales a nivel regional», indicó Abreu.
Cabe destacar que el Partido Nacional propuso que «en la próxima reunión del Consejo del Mercosur» se plantee «un protocolo ambiental» para el bloque, «que no sólo se refiera a las plantas de celulosa del río Uruguay», sino a todas las de la región, «de modo que se establezca que los requisitos que le pedimos a algunas plantas se las exijamos a todas».
Finalmente Amorín Batlle manifestó su «apoyo» a «la gestión del gobierno» al citar al Consejo del Mercosur para dirimir «el tema de los piquetes argentinos», mientras que «en el tema de La Haya» también se «respaldará la actitud del gobierno».
«Uruguay tiene que ser muy firme en el tema», ya que «el corte de los puentes afecta a todo el Mercosur, no sólo a Uruguay y Argentina», por tal motivo «Brasil y Paraguay tienen que intervenir» a los efectos de «solucionar» el disenso, señaló el diputado.
Cabe destacar que «la única discrepancia» del colorado en la reunión de ayer fue «la situación anterior» de la administración central con Botnia, ya que entendió que «no se puede culpar a las empresas por lo que está ocurriendo». *
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