"Visto el diario del lunes, asumí un exceso de responsabilidad"

-¿Hubo necesidad de modificar la fecha del contrato con Carmitel SA para la culminación de las obras del hotel Carrasco?

-Esa modificación contractual había sido negociada por el intendente Arana, que contó en su momento del respaldo de la Junta Departamental y con el Tribunal de Cuentas, y trataba de resolver la situación planteada a raíz de la crisis del año 2002. Por un lado, beneficiaba a la Intendencia porque reducía considerablemente las cargas financieras que la Intendencia tenía que pagar por los servicios de casinos, y pesificaba esa deuda. A su vez, también acotaba los plazos en que tenía que terminar las obras, que en el cronograma inicial no eran demasiado precisos. A cambio, lo que la Intendencia asumía era el compromiso de efectuar esos pagos vía bancaria, lo que habilitaba a la empresa a obtener un fideicomiso financiero que le permitiera financiar las obras. No había una modificación de la ecuación financiera y había conveniencia para las dos partes. Esa fue la razón que llevó a Arana a negociar, con el respaldo de su equipo, y llevó a la Junta Departamental a aprobarlo.

El expediente demoró entre su pasaje por la Junta y el Tribunal de Cuentas un año. Después demoró varios meses más, porque no se iba a firmar hasta que no hubiera cierta certeza de que esta gente iba a obtener el financiamiento. El Tribunal de Cuentas pidió que se obtuviera esa información antes de firmarlo. Cuando se tuvo la documentación que habilitaba a la firma a conseguir el financiamiento a través de obligaciones negociables, en ese momento se entendió que se habían dados los requisitos planteados por el Tribunal para proceder a la modificación del contrato.

 

-¿Hay una diferencia de interpretación si esa modificación de contrato debía pasar previamente por la Junta Departamental?

-Ese es el nudo de la diferencia jurídica. En definitiva lo que el Tribunal de Cuentas plantea es sustancialmente una diferencia de criterios de procedimientos. Eso es lo importante. Lo demás, es parte del juego político. Cuando el Tribunal lo aprueba, después de un año de tramitación, no nos dice que cuando se vaya a firmar, debe pasar por la Junta. Como estaba concedida la autorización, la Intendencia -no yo personalmente, con el asesoramiento de jurídica, recursos financieros y desarrollo económico- sin que la delegada del Tribunal de Cuentas lo observara, se firmó. Fue un acto institucional. No era inconveniente para la administración, porque establecía una serie de plazos que la empresa tenía que cumplir, y sino caía en incumplimiento y se rescindía el contrato.

 

-La oposición argumenta que la empresa Carmitel hizo un negocio de papeles.

-La modificación de contrato en definitiva no operó. Al no existir el financiamiento no entró en funcionamiento la modificación contractual. La Intendencia, desde que se firmó el contrato hasta ahora, ha estado intimando a la empresa y que cumpla y haga un traspaso. Me parece razonable que la Intendencia haya puesto ahora punto final a esta situación. Esto fue consecuencia de un incumplimiento. Ya venía incumpliendo la empresa desde mucho antes.

 

-¿Eso es lo que se cuestiona, que la administración demoró demasiado en hacer caer la concesión?

-Escúcheme. Estuve cuatro meses en la Intendencia. En todo caso, la gestión anterior la hizo Arana. El se fue cuando ya había un incumplimiento de la empresa de casi tres años. Apostó hasta último momento a poder recomponer la relación y que se terminara (las obras). Con el diario del lunes es muy fácil ver lo que pasó. Yo también. Si hubiera sabido que la empresa no iba a conseguir el financiamiento, seguramente, hubiéramos apretado antes, hubiéramos ido a una rescisión antes. Pero esa fue una decisión política que tomó Arana en su momento. No se olvide que Arana se fue en febrero; yo estoy cuatro meses. En ese período, ellos (Carmitel) presentaron esa documentación que la intendencia consideró que era válida para firmar, pero no significó ningún perjuicio. El atraso de la empresa se arrastraba desde hacía años.

Desde el 6 de julio, y hoy que estamos en abril, pasaron unos 10 meses, y la propia administración Ehrlich cuando asume, mantiene la situación creada con la modificación contractual. Tanto es así que en agosto, el Tribunal observa que no se había cumplido con el procedimiento de mandarlo a la Junta, y la intendencia dice que no comparte ese criterio. Que lo actuado por la administración anterior fue correcto.

 

-Otro hecho que se lo cuestiona es la oportunidad de la firma, a 6 días de abandonar el cargo.

-Dentro de los cometidos que nos fijamos, yo y el resto del equipo de Mariano (Arana) que quedó, era dar cumplimiento a todos los temas que venían de la administración Arana. Nos pareció que este tema, que hacía 7 años que lo estábamos negociando, si se daban las condiciones, nos parecía lógico que lo firmara el equipo de gobierno de Arana, y no le traspasara la responsabilidad a la administración Ehrlich; la que naturalmente fue informada de lo que se iba a hacer. Además, los dos responsables de los departamentos directamente vinculados con el tema: Recursos Financieros y Desarrollo Económico, es decir, Alberto Rosselli y Enrique Cabrera, los dos integraban el equipo de Arana, y seguían con Ehrlich. Ellos mismos validaban la voluntad de la nueva administración de actuar de esta manera. No fue para ocultarle a nadie.

 

-¿Entonces, Ehrlich estaba en conocimiento de la modificación del contrato?

-Por supuesto. No lo quiero responsabilizar porque no había asumido. Estaba en conocimiento directamente por nosotros, y porque sus dos responsables de Recursos Financieros y Desarrollo Económico estaban en el tema y seguían con él. Fue parte de la transición. Es absurdo decir por qué firmé a seis días de irme. Para mí, hubiera sido mucho más sencillo y me hubiera ahorrado muchos problemas haber dicho: ¡Que se arregle Ehrlich con este tema, yo me voy! Visto después, es un exceso de responsabilidad que asumí. Pero dije, que cuando esté en el cargo voy a terminar todo lo que Mariano (Arana) dejó pendiente.

 

-Principalmente las críticas de la oposición apuntan al director Rosselli y especialmente hacia usted.

-Es absurdo. Fue un acto institucional, y no fue algo que inventamos. Si hubieran cumplido en su momento, hoy estaría por terminarse las obras y nadie diría nada. La administración posterior validó lo hecho y siguió esperando haber si la empresa pudiera cumplir. Se siguió en la misma política.

 

-¿Es cierto que usted va a enviar una carta al Partido Nacional, disculpándose por sus expresiones en un medio radial?

-Allí hubo una interpretación de mis palabras que lesionó, según el presidente del Directorio (Jorge Larrañaga) al Partido Nacional. Cuando éste hizo un planteo a (vicepresidente de la República) Nin Novoa, lo llamé a Larrañaga y le aclaré las expresiones mías, le reconocí que no fueron precisas, y que no había intención de agraviar al Partido ni al Directorio. Que había algún cuestionamiento, incluso con algún término improcedente, contra aquellos que en este duro debate político hicieron acusaciones falsas, y que estaba dispuesto a llevar acciones contra éstos cuando todo este tema pasara.

Pero ellos (los nacionalistas) querían que les enviara una carta por escrito, y ese pedido lo voy a cumplir.

Tuvimos el respaldo del vicepresidente de la República, del gobierno, que reconocen mi trayectoria y que detrás de esto hay un juego político. Rec
ibí el apoyo de todos los grupos políticos, y la Junta Departamental aprobó lo actuado por la Intendencia Municipal de Montevideo, antes y ahora. Esta es una jugada de la derecha muy nítida para pegarle al Frente Amplio. Toda la crítica que venga de la derecha no me roza. *