Primera instancia en juicio civil de policías de Maldonado contra diario LA REPUBLICA

Pasados 15 minutos de las 13 horas estaban dispuestos, el magistrado y las partes, para dar inicio a la audiencia en la que se tomó declaración a Carlos Peláez, corresponsal de LA REPUBLICA hasta diciembre de 2003, y autor de los artículos en cuestión, y a Horacio Loriente en representación del diario (en virtud de que Peláez, a la fecha no mantiene ninguna vinculación con el medio)

Luego de una instancia de conciliación en la que no hubo acuerdo, la parte denunciante interrogó a Peláez sobre algunos aspectos que reflejaban sus crónicas con respecto al caso de Francisco Cardozo, el que según el periodista, y por lo que fueron procesados los policías, sufrió malos tratos tras ser trasladado a la Seccional 11ª de Piriápolis. La causa de la detención, el 26 de julio de 2003, deviene en que Cardozo, de 56 años (en ese momento) en estado de ebriedad, se encontraba orinando en una calle del balneario, frente a la Junta Local.

En razón de los hechos posteriores a su detención, Peláez relata que el oficial Richard Nery Perdomo Lagos y el suboficial Ismael López Ruiz, que fueron en consecuencia procesados y remitidos a prisión, y continúan detenidos aunque con salidas transitorias, por los delitos de «lesiones graves intencionales y abuso de autoridad contra detenidos en concurso formal», fueron acusados de ser torturadores de la víctima. Es en tal sentido que la demanda alega «difamación e injurias», principalmente a raíz de la interpretación del término «tortura», término que al entender de la parte denunciante no corresponde.

En la audiencia del día del miércoles, presidida por el magistrado Juan Carlos Countarín, estuvieron presentes, por la parte denunciante, los mencionados López y Perdomo, además de cuatro policías más, Domingo Javier Valdenegro Triten, Richard Sandro Silveira Franco, Martina Isabel Méndez Rocha y Juan Pablo González de Armas, que fueron, en virtud de aquel episodio, remitidos por encubrimiento. La Dra. Graciela Mendoza ofició como abogado de la parte denunciante. Por la parte denunciada, además de Peláez, estuvo presente Carlos Durán Ayala, como representante legal de LA REPUBLICA y TV LIBRE.

Peláez destacó que los dos oficiales ya habían sido procesados por idéntico delito, fundamentó la validez de las fuentes utilizadas, y su interpretación del término tortura, en función a las consecuencias físicas que arrojó el diagnóstico médico de Cardozo.

Según el periodista las fuentes fueron las habituales, en este caso, la propia víctima, y familiares de la misma, abogados y fuentes judiciales. La sentencia judicial se refería a «malos tratos». Carlos Peláez habló con Cardozo en dos oportunidades, cuando estuvo internado en el Hospital de Maldonado. Además afirma haber leído el autoprocesamiento.

Sus palabras que aluden a la existencia de torturas son una interpretación de los delitos que fueron imputados, esto es, «lesiones graves, abuso de autoridad, y, en un caso, encubrimiento».

La parte demandante alude también a un error con relación al nombre de la víctima, la cual fue en principio Juan Carlos, y más adelante Francisco Cardozo. Respecto de este detalle, el corresponsal en Maldonado manifiesta los hechos fueron de conocimiento público, luego de que fueran recogidos con dificultad por los medios, ya que «la autoridad involucrada (Policía de Maldonado) no brindó información, por lo que surgieron muchas especulaciones, y por eso el error, que apenas se advirtió, fue corregido».

Asimismo la parte demandada asegura que el objeto de las publicaciones no fue injuriar a la Institución Policial, sino el derecho de la sociedad de conocer una noticia relevante, no solo por la gravedad del hecho en sí, sino por la consecuencia, que fue el procesamiento de funcionarios públicos que tienen encomendadas como principal tarea la de salvaguardar y proteger a los integrantes de la sociedad civil.

Los hechos relatados, entonces, se ajustaban a lo que decían las resoluciones judiciales.

El juez Contarín resolvió, por el momento, que al haber dos expedientes penales, uno con un policía procesado por lesiones graves, y el otro que involucra a los demás, que está en la etapa procesal; y ante la necesidad de copias de esos expedientes, que sería parte de las pruebas solicitada por la parte demandada, otorgar plazo a efectos de una próxima instancia, hasta el lunes 29 de mayo, 17.30 horas.

En dicha etapa se fijará fecha para el alegato. *