La extradición se anularía si Chile no acoge apelación en juicio a militares

De no contemplarse esas garantías, de antemano, la entrega no se efectuaría y quedaría nula la extradición, concluyeron en señalar a LA REPUBLICA fuentes judiciales.

En la sentencia, el juez estableció además un plazo máximo de un mes, a contar de la comunicación a la autoridad judicial de la República de Chile, dentro del cual se debe verificar el interés de ese país y la aceptación de las condiciones.

Los tres militares en cuestión, el coronel Wellington Sarli, el capitán Eduardo Radaelli y el coronel (r) Tomás Casella, fueron juzgados y condenados en Chile, por los delitos de «secuestro» y «asociación ilícita». Al no comparecer ante los tribunales chilenos, los tres fueron enjuiciados «en rebeldía» en ese país y su extradición requerida.

Por sentencia Nº 226 de fecha 16 de setiembre de 2004, el doctor Gustavo Mirabal resolvió hacer lugar a la solicitud de extradición. Empero, el magistrado condicionó la entrega a que «a los mismos se les asegure disponer de la posibilidad de interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema procesal de la República de Chile establezca contra el auto que dispuso sus enjuiciamientos».

Este aspecto implicaría una modificación sustancial en la legislación chilena que ya se pronunció y que admite los juicios en rebeldía, a diferencia de nuestro país.

De no existir esas garantías, el destino irremediable para los tres militares, una vez en Chile, hubiera sido su inmediata remisión a un centro penitenciario para purgar la pena.

La semana pasada viajó a Chile el general Manuel Saavedra, comandante de la División de Ejército I, para evaluar las condiciones de reclusión. Fuentes castrenses señalaron que la justicia de ese país aún no definió el lugar. En caso de producirse el traslado, se elegiría una de las «tres cárceles militares para oficiales». Además, el Ejército evalúa si los tres militares viajarán con un asesor letrado y la posibilidad de contratar allí un abogado para articular la defensa legal.

El juez Mirabal remitió además el viernes un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Suprema Corte de Justicia, para la coordinación de la entrega a la autoridad requirente. Se estima que entre el lunes y martes, la comunicación llegará a destino.

La solicitud de extradición de tres militares, dos de ellos en actividad, aceptada por la Suprema Corte de Justicia, hecho que ocurre por primera vez en la historia del país, causó hondo malestar en el Ejército. Una declaración de los clubes y entidades sociales militares, cuestionó el fallo judicial y reclamó la intervención del presidente Tabaré Vázquez para que «deniegue» la entrega a Chile de los tres militares «por razones de oportunidad tutelando la paz pública y la seguridad». Según trascendió, el presidente no intercederá en este procedimiento judicial.

 

Tensa espera

El juez también había dispuesto además que una vez ejecutoriada la sentencia (quede firme) se proceda al arresto de los ciudadanos, lo que ya se cumplió el viernes a última hora, como informó LA REPUBLICA. Sarli, Radaelli y Casella se encuentran alojados en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades del Ejército, en Camino Maldonado, en carácter de detenidos aunque no incomunicados. El mismo viernes, fueron visitados por el Comandante en Jefe del Ejército teniente general Carlos Díaz, que figura como garante en la entrega de los oficiales, ante las autoridades chilenas.

Según pudo apreciar LA REPUBLICA, los tres militares recibieron ayer la visita de familiares.

LA REPUBLICA llegó ayer hasta la dependencia castrense ubicada en camino Maldonado, cuyo director es el recientemente ascendido general Luis Pérez. Según se pudo apreciar, en el lugar se respiraba un aire de tensa calma y hermetismo. Como era previsible, el equipo periodístico no pudo ingresar a la unidad militar ni establecer contacto con ninguno de los oficiales requeridos.

Según se pudo saber, Sarli, Radaelli y Casella están alojados en cuartos separados, en las habitaciones destinadas a los oficiales. No están incomunicados y en las últimas horas han recibido numerosas visitas.

Un capitán que se acercó a la garita de vigilancia, explicó a LA REPUBLICA los motivos por los cuales no se franqueaba el ingreso a la unidad. Consultado respecto a las condiciones en que se encuentran y cómo está su estado de ánimo, el capitán se excusó de hacer declaraciones.

Durante la espera detrás de la barrera de contención, llegó al lugar un automóvil Citroen color bordeaux con 3 ocupantes. Según se pudo escuchar mientras uno de los guardias les tomaban su datos, eran familiares de Tomás Casella. *