Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene observaciones sobre Ley de Caducidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, difundió ayer en inglés, su evaluación continental, en la que destaca que «el Gobierno uruguayo ha logrado resultados concretos en la localización e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura militar».

El caso de Uruguay, mencionado entre «importantes avances» constatados en materia de derechos humanos durante las actividades del 124º período de sesiones de la CIDH, mantiene vigente, sin embargo, el seguimiento del organismo sobre su Informe 29/92 relativo a la Ley de Caducidad

El comunicado 07/06 incluido ayer en la página web del organismo de la Organización de Estados Americanos, coloca aquella decisión de la CIDH de 1992, en la que consideró que la Ley de Caducidad contraviene la convención de la OEA como uno de los catorce casos vigentes a estudio.

Uruguay también aparece mencionado en la relatoría especial para la Libertad de Expresión, pero como uno de los países en los que la CIDH envió a algunos de sus miembros para realizar actividades de promoción, como ocurrió en Estados Unidos, México y Reino Unido.

 

Una mancha vigente

En su evaluación anual del 12 de marzo de 1993, la CIDH había hecho público su Informe Nº 29/92, en el que consideró que la Ley de Caducidad aprobada en Uruguay en 1986 era incompatible con las declaraciones y convenciones de derechos humanos existentes en el continente.

«Concluye que la Ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986, es incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», sentenció el organismo.

La difusión pública del informe, constituyó de por sí una sanción sobre Uruguay luego de un largo proceso de actuación reservada en el que la CIDH y representantes del Estado uruguayos, intercambiaron argumentos sobre la legalidad de la Ley de Caducidad.

Entonces, la CIDH recomendó a Uruguay que se otorgara compensaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que adoptara medidas para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de aquellos crímenes de lesa humanidad.

 

Seguimiento del caso

La CIDH analizó ocho denuncias contra la Ley de Caducidad, presentadas, tras su aprobación, en nombre de Hugo de los Santos, Alvaro Balbi, Enrique Rodríguez Larreta, Juan Manuel Brieba, Félix Ortiz, Amelia Sanjurjo, Antonio Paitta y un grupo de diez presos políticos en los años de la dictadura militar.

El 4 de octubre de 1991, la CIDH aprobó por mayoría de 6 a 1 de sus miembros el informe Nº 35/91, que fue contestado en diciembre por el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle, cuyos descargos derivaron en el pronunciamiento Nº 29/92.

En el informe, se consideró entonces admisible la denuncia de las víctimas, y la CIDH opinó que tenía facultades para pronunciarse sobre leyes internas de los países miembros cuando éstas vulneran las convenciones internacionales y normativas de la OEA.

Desde 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido a Uruguay con una observación pública y una comisión de seguimiento ante la vigencia de la Ley de Caducidad y el incumplimiento de acuerdos internacionales que el Estado uruguayo ha hecho propios. *