Militares reclamaron intervención de Vázquez para denegar extradiciones

El abogado defensor de los tres militares -Wellington Sarli, Eduardo Radaelli y Tomás Casella- en proceso de extradición a Chile, Amadeo Ottati, concurrió ayer por la tarde a la sede del Centro Militar para informar los detalles del caso del químico chileno Eugenio Berríos asesinado en Uruguay a mediados de 1993.

A la conferencia de carácter informativo, donde el abogado brindó detalles de los aspectos jurídicos de la tramitación ante el Juzgado de Pando y el juicio de extradición, concurrieron miembros de la mencionada institución y también del Círculo Militar.

Los tres militares deberán presentarse mañana en la sede de la Escuela de Armas, según se informó a LA REPUBLICA.

Próximo a las 18 horas, los militares comenzaron a llegar a la sede de la institución ubicada en Avenida del Libertador y Paysandú. Todos ingresaron raudamente y sin hacer declaraciones a la prensa en medio de una decena de fotógrafos y camarógrafos. La reunión se desarrolló en el salón de fiestas de ubicado en el primer piso. Según se dijo LA REPUBLICA asistieron unos 250 militares, la mayoría ya retirados.

A la salida de la reunión a la que asistieron entre otros el Teniente General Retirado Juan Modesto Rebollo y el General Retirado Gregorio Alvarez, Amadeo Ottati, consideró que «era una obligación» el comparecer ante el núcleo de oficiales por «haber tenido la responsabilidad de asumir la defensa de los tres militares uruguayos». También informó respecto a la presentación de un escrito pidiendo garantías al gobierno chileno para que «las personas extraditadas tengan todas las posibilidades de defenderse».

«El tratado de extradición -vigente entre Chile y Uruguay- prevé en su artículo 7 que pueda denegarse la entrega de los involucrados en virtud de su condición de nacionales. Pero el juez Mirabal, en su fallo entendió que esta facultad no le corresponde al Poder Judicial sino que le corresponde al Poder Ejecutivo», afirmó Ottati. Sostuvo además que «podría darse» la posibilidad de que se plantee al Poder Ejecutivo esta posibilidad.

Respecto a quién asumirá la defensa de los tres militares en tierras trasandinas, Ottati expresó que «se están haciendo algunos contactos» y descartó la posibilidad de continuar él mismo con esa tarea porque «yo soy abogado solamente en Uruguay», afirmó.

 

El comunicado castrense

Al finalizar la reunión, fue entregado a la prensa un comunicado emitido por el Departamento de Relaciones Públicas del Centro Militar y Círculo Militar General Artigas.

El texto emitido afirma que el hecho de «acceder» a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia para dar curso a la extradición de tres integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) avala «las graves irregularidades jurídicas que se registraron a lo largo del proceso, sino que además daña irreversiblemente la Soberanía Nacional».

El comunicado expresa que: «Esta decisión podría inscribirse en una escalada de un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de nuestras FFAA, exponiendo a riesgos la Paz pública y la Seguridad de nuestro Estado Nación».

Desde el punto de vista jurídico se entiende que la extradición «configura una ilegalidad manifiesta», porque entre otros motivos «se desconoce la territorialidad, jurisdicción y competencia» de la justicia uruguaya para entender en la causa.

La declaración emitida Afirma que se pasó por alto el pronunciamiento de Juzgado de Pando que después de una «exhaustiva» investigación de los hechos, ordenó archivar el expediente.

El comunicado castrense sostiene además que «este es un asunto de Soberanía Nacional, el más claro de los últimos tiempos y cuya definición marcará un punto de inflexión». En el texto se considera la extradición como «un intento de atropello e intromisión del estado chileno en un país soberano». Finalmente, se solicita la intervención del Presidente de la República para que «ejerza las facultades que le otorga el Artículo 7″ del tratado de extradición existente entre Chile y Uruguay y «deniegue la entrega efectiva de los tres ciudadanos nacionales integrantes de las fuerzas armadas por razones de oportunidad tutelando la paz y la seguridad», puntualiza el comunicado. Durante el encuentro, se mocionó para que el presidente del Círculo Militar general (r) Ricardo Galarza comunicara la decisión al propio Tabaré Vázquez. Según fuentes castrenses, el militar transmitió telefónicamente la decisión.

A la salida de la conferencia, el diputado García Pintos dijo que «el Presidente de la República tiene la posibilidad de no entregar a sus compatriotas» y agregó que «hay que tener más coraje para no entregarlos que para entregarlos». *