Investigan irregularidades denunciadas por Antel

El Parlamento pidió recientemente al Directorio de Antel la ampliación de la información aparecida en la prensa sobre unas denuncias de gastos públicos e influencias para la contratación de adherentes partidarios, llevadas a cabo aparentemente por legisladores y dirigentes políticos del Partido Nacional durante los años 1999 y 2001. Estos hechos vieron la luz pública tras la denuncia realizada por un ex   asesor de un director del ente de las telecomunicaciones de filiación blanca.

Carlos Varela (FA – AU), presidente de la comisión investigadora que tiene a su cargo expedirse sobre la gestión de 7 entidades públicas durante el pasado gobierno, dijo anoche a LA REPUBLICA que «primero queremos estudiar el documento y no pensamos abrir opinión sobre lo denunciado, y con esa finalidad solicitamos al directorio de Antel la ampliación de la información aparecida en los medios».

Varela entiende que lo denunciado es una prueba más de lo que la ciudadanía siempre dijo sobre el funcionamiento del Estado y los partidos políticos tradicionales, y que le había sorprendido las declaraciones recientes de los legisladores cuyos nombres aparecen como gestores de dinero público del Estado para solventar periodistas cercanos al Partido Nacional y programas de radio y revistas de variada temática.

«Hay que transparentar y regular si es que existen normas que amparen esta modalidad administrativa» dijo el presidente de la Comisión Investigadora «para que no termine pagando el Estado acciones de dudoso tenor».

Mientras el diputado Varela viene pidiendo informes al directorio de Antel, el Partido Nacional en su sesión semanal de los días lunes del Honorable Directorio, se analizó la situación de denuncia disparada la semana pasada por varios medios periodísticos.

Los integrantes del órgano partidario dejaron traslucir su sorpresa por el hecho y no dudaron en calificarlo como una «campaña de desprestigio orquestada seguramente desde algunos círculos muy cerrados del gobierno» encabezado por el Presidente Vázquez.

Algunos dirigentes blancos se animaron a catalogar éstas últimas denuncias como «una nueva embestida baguala» similar a aquella que cobrara vigencia meses posteriores al término del último gobierno del Partido Nacional y que fuera el prolegómeno de destituciones, encarcelamientos y juicios de figuras que revistieron como jerarcas en la administración del ex presidente Luis Alberto Lacalle.

A título personal, la pasada semana algunos legisladores nombrados en el documento denunciante se animaron a responder las acusaciones en los mismos medios que habían reflejado el material.

A partir de ahora, la intención es no hacer declaraciones públicas sobre el hecho «porque ha tomado otro cariz que podría llegar a perjudicarnos» dijo un alto vocero blanco.

Por su parte el diputado José Mahía, de Asamblea Uruguay, dijo a Primera Voz de 1410 AM LIBRE, que «usaron el dinero sin el más mínimo análisis de conveniencia, no hay presunciones, fue así». El legislador frenteamplista planteó la conformación de una comisión investigadora sobre estos hechos y aseguró que «hubo ilegalidad, irregularidades en el tema, que puedan tener consecuencias en la Justicia».

Algunos nombres que aparecen en la lista solicitando recursos de Antel para programas periodísticos o eventos de cualquier índole y entregando listas con nombres de personas recomendadas para trabajar en el Estado son el ex presidente Lacalle, la ex senador Julia Pou, los legisladores Luis Lacalle Pou, Pablo Abdala, Gustavo Borsari, Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, Luis Leglise, Mario Trobo, José Carlos Cardoso, Julio Lara, Esteban Jardín y los dirigentes Juan Raúl Ferreira, Gonzalo Aguirre, Ana Lía Piñeyrúa, Juan Chiruchi, entre otros.

 

Un abuso

«Aquí se abusó de las prerrogativas que gozamos los legisladores, y obviamente no se ha respetado el derecho que tiene la ciudadanía a la hora de ingresar a la función pública» disparó el diputado de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta al tomar conocimiento sobre el documento denunciado.

A Brenta le llamó la atención que algunos dirigentes del Partido Nacional «como Luis Lacalle o Luis Alberto Heber» reconocieran públicamente haber hecho lo que hicieron «con el dinero de todos».

Señaló que «se pone al descubierto una forma de entender al Estado que promovía el clientelismo sin ninguna forma de prejuicio» por quienes formaban parte del él e incluso de aquellos que ya habían dejado de ser funcionarios.

Como «muy grave» calificó Brenta la posición de algunos legisladores que ahora atribuyen las irregularidades denunciadas a los mismos directores de las empresas públicas. «No se puede deslindar responsabilidades diciendo ‘yo se lo pedía, pero era el director quien autorizaba’ porque para ser director de un ente se necesita la venia del senado y allí estaban porque el legislador lo encomendaba» subrayó.

«Seguramente esta accionar se repetía en todas las dependencias del Estado y es la explicación de porque (el ex presidente) Lacalle reclamaba la privatización de las empresas públicas: claro, con la introducción de personal poco idóneo se puede argumentar que el Estado es ineficiente» destacó. *