Denuncia de Antel involucra a los blancos

El Directorio de Antel envió a la Justicia Penal un listado con pedidos de favores de dirigentes del Partido Nacional entre los que se encuentra el ex presidente de la República, Luis A. Lacalle. La presidenta del ente, María Simon, confirmó la información que publicó el semanario Búsqueda y afirmó que los dirigentes nacionalistas incidieron en la adjudicación de publicidad y en la contratación de personal para la zafra.

El disquete de la «discordia» fue entregado al Directorio de Antel por Pedro Juan Forné quien se desempeñó como asesor del ex director del organismo José Luis Puig, del Partido Nacional.

Forné aseguró a Búsqueda que el contenido del disquete entregado a las autoridades de Antel muestra el «clientelismo político reinante en el ente».

Entre la información que se recabó hay registros de presuntos pedidos de publicidad oficial, de designaciones de personal y de beneficios para algunos clientes de la empresa estatal, que fueron solicitados por varios dirigentes del Partido Nacional que desempeñaron cargos públicos. Según trascendió, las irregularidades se habrían dado durante los años 1999 y 2000.

A raíz de esto, la presidenta de Antel, María Simon, explicó que se elevó a la Justicia Penal el contenido del disquete para que sea adjuntado al expediente que ya está en la Justicia y que investiga presuntas irregularidades cometidas por jerarcas públicos a la hora de pautar publicidad oficial.

Por otra parte, y paralelamente, Simon sostuvo que otro juzgado recibió el material donde se deja constancia de irregularidades al momento de contratar personal zafral.

En el disquete también hay registros en donde los mismos dirigentes nacionalistas solicitaron a Antel decenas de contrataciones para telecentros de los balnearios.

Sobre este tema, Simon dijo que al enterarse de la situación «el Directorio de Antel pidió una auditoría sobre las contrataciones en las temporadas veraniegas 2003 y 2004, que fueron las posteriores a la existencia de la ley, y se comprobó que habían sido hechas sin llamado abierto y que incluso tampoco se había cumplido con la formalidad de la firma del contrato y el pasaje por la Oficina del Servicio Civil que tendrían que cumplir, según la ley». *