Aprueban proyecto de ley de defensa de la competencia

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de promoción y defensa de la competencia Dentro de los objetivos perseguidos por el proyecto, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) destacó que «el mismo propende a la existencia de mercados competitivos que permitan a los ciudadanos disponer del mayor número de bienes y servicios al menor precio posible». El proyecto pasara ahora a la consideración del plenario y, de ser aprobado sin modificaciones, será enviado a la Cámara de Senadores para su estudio.

Asimismo, «se busca generar estímulos para la calidad de los mismos y para la innovación, procurando que las empresas asignen sus recursos escasos en forma eficiente y todo ello redunde en beneficios para el consumidor o usuario».

En este breve análisis, no podemos dejar de tener en cuenta dos variables: por un lado las dimensiones del mercado nacional y por consiguiente las economías de escala que le permitan competir en la región y el mundo, y por otra parte, el principio de libertad que consagra y protege nuestra Constitución.

«En términos generales, las empresas operan en Uruguay en un régimen de economía de mercado, basado en la libertad de actuación tanto de oferentes como de demandantes», y este proyecto «tiende a regular por ley los abusos que la falta de reglamentación permite, con las consecuencias que ello genera en la parte más débil de la relación», agregó Asti.

Desea que la iniciativa sea aprobado en las primeras sesiones de Cámara baja del mes de abril y tenga un rápido trámite en el Senado.

Según Asti, «tiende a habilitar la participación del Estado bajo reglas claras para los operadores económicos, definiendo las políticas de competencia y sancionando las conductas contrarias y atentatorias de la misma». En ese sentido, «introduce una serie de mecanismos que permiten ejercer un control sobre aquellas conductas anticompetitivas que implican un perjuicio para los ciudadanos, además de instrumentar y desarrollar el necesario asesoramiento que permita orientar los mercados hacia ámbitos más competitivos». Con ello, estimó que «se busca enfatizar el aspecto educativo con el objetivo de crear una mayor conciencia entre la ciudadanía y los empresarios de los beneficios de la competencia, fomentando el desarrollo de una cultura en la materia, sin descuidar el aspecto represivo de las conductas que contravengan lo establecido en la normativa». *