Postergan la audiencia por el caso Washington Barrios

Debido al paro general parcial convocado por el PIT-CNT en homenaje al ex desaparecido Ubagesner Chaves Sosa, el juez en lo Penal de 14º Turno, Luis Charles, resolvió postergar la audiencia prevista para hoy por el «secuestro» y posterior «desaparición» de Washington Barrios.

La audiencia, que se postergó para mañana, se cumplirá sobre las 13 horas. No se descarta la comparecencia del ex teniente general Juan Modesto Rebollo, y de los oficiales José Nino Gavazzo Pereira, Manuel Cordero (aún prófugo de la Justicia) y del marino Armando Méndez.

Familiares de Barrios, secuestrado en Córdoba en setiembre de 1974, y cuya esposa Silvia Reyes fue asesinada el siguiente 21 de octubre en Montevideo, solicitaron además la citación de Julio César Rapela, Esteban Cristi, Jorge Silveira, y Mario Mouriño como posibles testigos.

Barrios «desapareció» el 17 de setiembre de 1974. Fue detenido por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Córdoba. El 11 de octubre fue conducido a La Plata. Un juez lo interrogaría por ingreso ilegal al país. Ya tenía una orden de captura librada por la Fuerzas Conjuntas.

Según la versión oficial de sus captores argentinos, Barrios «se fugó» del vehículo que lo regresaba a Córdoba, ciudad donde se suponía iría a permanecer detenido, en la Unidad Militar Nº 9 donde ya estuvo, pero ahora a la espera de una resolución. Nunca volvió a ser visto.

El entonces teniente coronel Rebollo, quien treinta años después sería el comandante en jefe del Ejército Nacional en el gobierno de Lacalle, fue el jefe del operativo represivo, del 21 de octubre de 1974, en un apartamento de Soler esquina Ramón y Santiago, en Brazo Oriental.

Reyes, la esposa de Barrios, y sus dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanick, no pudieron escapar. Fueron acribilladas con armas de guerra, que incluso provocaron la muerte del agente policial Dorval Márquez, que transitaba hacia su casa, totalmente ajeno a los hechos.

El actual Poder Ejecutivo ya excluyó el caso de las tres muchachas de todo posible amparo en la Ley de Impunidad. Además, los asesinatos en Montevideo de las jóvenes y el secuestro en Córdoba de Barrios, de 22 años, evidencia el modus operandi del temido «Plan Cóndor».

El «pronunciamiento» que emitió el Ejecutivo sentó un precedente jurídico que zanjó una discusión: descartó que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado pueda tener ningún alcance fuera del territorio nacional, como adujeron los cuatro gobiernos anteriores.

La «desaparición forzada» de Barrios, y la «ejecución sumaria» de su esposa Reyes y sus dos amigas Raggio y Maidanick, configuraron dos «crímenes contra la humanidad», que no son prescriptibles, tampoco amnistiables, y ante los cuales el Estado «debe juzgar a sus autores».

Rebollo actuó junto al coronel Julio César Rapela, ex comandante del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, y el general Esteban Cristi, uno de los principales referentes uruguayos del plan de exterminio masivo de opositores que las dictaduras denominaron «Plan Cóndor».

Los entonces mayores Gavazzo y Manuel Cordero y el capitán Jorge Silveira fueron brazos ejecutores en el sangriento allanamiento ilegal, junto al capitán Mario Mouriño, un agente de inteligencia militar que operaba, desde 1971, en el S2 del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1.

«Varias veces», Méndez y Gavazzo volvieron al apartamento de la masacre, entre el 21 y el 24 de octubre de 1974. En una ocasión, llevaron una supuesta carta de Barrios en la que decía estar bien y que podrían verlo en pocos meses. Los militares repetían la versión.

El allanamiento ilegal, perpetrado a las tres de la madrugada, quedó grabado a fuego en la memoria de las familias de las jóvenes. Pero apenas si tuvieron algo de paz: al día siguiente, «militares saquearon» todos los objetos de valor del apartamento. Lo demás fue destrozado.

A bordo de un camión militar, el capitán Armando Méndez regresó al lugar del triple homicidio «con una moto». Fue el único bien saqueado del apartamento que las familias pudieron recuperar. Ninguno de los electrodomésticos robados fue devuelto a sus legítimos propietarios. *