Gobierno presentó anteproyecto de ley sobre prevención y solución de conflictos colectivos

El anteproyecto presentado contiene tres capítulos. Los mismos establecen los mecanismos de prevención de conflicto; la negociación bipartita en el ámbito de la empresa cada vez que aparezca un motivo de conflicto; que los acuerdos pasan al Ministerio de Trabajo y/o al Consejo de Salarios, si se llega a un conflicto y el mismo termina en ocupación.

En este caso –el segundo capítulo–, se establecen también las bases para documentar las pertenencias de la empresa; el cuidado de la maquinarias; los bienes perecederos.

Asimismo, el tercer capítulo establece que los ocupantes no pueden sustituir al empresario en la gestión de la empresa; salvo que éste haya abandonado el país o se haya abandonado la empresa.

Otro aspecto de este capítulo es que también el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de intervenir si fracasaron las medidas de conciliación.

Según el gobierno, el objetivo primordial de esta propuesta es la promoción y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación entre empresarios y organizaciones sindicales, dentro de un marco de respeto a la legalidad y de ejercicio efectivo de los derechos de libertad sindical. Se considera pertinente dotar al sistema de relaciones laborales de mecanismos adecuados tendientes a la prevención y solución de conflictos colectivos lo que es imprescindible para la necesaria recuperación del país, teniéndose siempre en cuenta un profundo respeto a la Constitución y a la normas internacionales.

Se reiteró que se considera a la ocupación de los trabajadores de sus lugares de trabajo como «una de las modalidades» del ejercicio del derecho de huelga, siempre y cuando sea en forma «pacífica».

 

No es ni inconstitucional ni contradictorio

En tal sentido, el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi dijo a LA REPUBLICA que este texto es «un avance, un borrador» de un futuro proyecto de prevención de conflictos, ya que «está abierto a modificaciones», y por esa razón es que se consulta a empresarios y trabajadores, con la finalidad de «discutir, criticar, procesar, elaborar y aportar ideas».

Con relación a la inconstitucionalidad de este proyecto, el ministro expresó que «está abierto» a crear un ámbito para discutir, y aseveró que en la elaboración del texto se han consultado a asesores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los que expresaron que estaba perfectamente dentro de las recomendaciones y de las resoluciones de OIT, y que eso «no establece contradicciones».

Ya sobre la afirmación que esta regulación provocaría un descenso abrupto en las inversiones, el ministro aseveró que «el problema de la inversión es un problema de seriedad y reglas claras, no de que los trabajadores ocupen».

Finalizó Bonomi diciendo: «¿Sabe lo que pasa? Había una estrategia comunicacional que tenían determinados sectores políticos que era silenciar las ocupaciones, los referendos, las movilizaciones. Pero hoy la estrategia comunicacional es exactamente inversa, es de amplificar todo. Entonces, que me preguntan esto. Ayuda a esa amplificación y eso trata de producir ese problema, y eso fue lo que cambió, la estrategia comunicacional, no cambió el hecho de la ocupación».

 

Empresarios, PIT-CNT y legisladores de oposición, por distintas razones, «no apoyan» el anteproyecto

Entre tanto, el asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), doctor Juan Mailhos manifestó a LA REPUBLICA que «esta es una ecuación que no entendemos».

«Se deben regular fuertemente los mecanismos preventivos porque estas normas no fomentan para nada la inversión, sino que dificulta mucho. Además generará problemas con los créditos, qué empresario pedirá un préstamo si en cualquier momento le pueden ocupar y el perdería el derecho a su propiedad», sostuvo Mailhos.

Agregó que «ese es el criterio, si nos atenemos a los preceptos constitucionales que regulan la huelga, al entender que las ocupaciones no son una extensión del derecho de huelga, y por eso cabría analizar una eventual inconstitucionalidad».

Recordemos que el miércoles varias de las más representativas cámaras empresariales dieron a conocer un documento por el cual consideran inconstitucional a la propuesta del gobienro en este tema y amenazaron que de continuarse adelante con la intención de aprobar una norma en tal sentido, denunciarán al Estado uruguayo ante la OIT, ya que afirman que el organismo laboral internacional no incluye entre sus convenios, ningún artículo que haga que garantice que las ocupaciones son una extensión al derecho de huelga.

Por esta posición adoptada es que los presidentes de las cámaras no participaron de la ceremonia, enviando sólo a sus asesores.

Por su parte, varios legisladores de oposición que se hicieron presentes en la presentación coincidieron en que el anteproyecto presentado por el ministro Bonomi –el cual fue redactado entre todo el equipo de asesores del MTSS con la ayuda de legisladores de la fuerza de gobierno– es inconstitucional y algunos –como el diputado colorado Washington Abdala– lo consideran «una locura». Además aseguran que esto «atenta contra el país productivo» y que lo que «esté a su alcance lo intentarán para que no prospere» este proyecto a nivel parlamentario.

Ya desde el PIT-CNT –que estaba en pleno su secretariado ejecutivo para escuchar las explicaciones de los jerarcas del MTSS–, en el lugar no se efectuaron declaraciones por parte de los sindicalistas, sino algunas horas más tarde (ver nota aparte).

Ahora, la siguiente instancia será la convocatoria de la partes para un ámbito cuatripartito –trabajadores, empresarios, gobierno y legisladores–, el cual se instalará seguramente la semana próxima luego de que los intervinientes hayan analizado detenidamente al documento, lo que les posibilitará poder realizarle sugerencias o propuestas de modificación al mismo. *